La Eurocámara votó este miércoles remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pacto comercial con el bloque sudamericano, una decisión que podría retrasar su aplicación hasta dos años y que refleja las profundas divisiones políticas europeas sobre un acuerdo negociado durante un cuarto de siglo.
El Parlamento Europeo asestó este miércoles un golpe inesperado al mayor acuerdo de libre comercio del mundo cuando decidió, por votación ajustada, remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pacto comercial con Mercosur que fue firmado apenas cuatro días antes en Paraguay tras 26 años de negociaciones. La decisión, respaldada por 334 eurodiputados frente a 324 votos en contra y 11 abstenciones, supone un revés mayúsculo para la Comisión Europea y los gobiernos que impulsaron el acuerdo, especialmente Alemania y España. La votación se produjo en medio de intensas protestas de tractores aparcados frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo.
La moción aprobada exige que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre si el pacto puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los estados miembros y si sus disposiciones respetan los compromisos europeos en materia de protección medioambiental y de los consumidores. Aunque formalmente se trata de una consulta jurídica, en la práctica busca paralizar o incluso tumbar definitivamente un acuerdo que crearía una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— con un mercado potencial de 720 millones de consumidores. La decisión llega en el peor momento posible para la diplomacia europea, precisamente cuando Estados Unidos bajo Donald Trump amenaza con aranceles y la UE busca desesperadamente nuevos socios comerciales.
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Una votación ajustada que refleja las profundas divisiones europeas
El resultado de la votación evidenció la fractura política que atraviesa el Parlamento Europeo respecto al modelo de globalización comercial. Con 334 votos a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia, 324 en contra y apenas 11 abstenciones, la diferencia fue de solo diez votos, lo que subraya la intensidad del debate interno sobre las implicaciones económicas, sociales y medioambientales del pacto. La moción fue impulsada por una coalición minoritaria pero transversal que logró reunir apoyos desde formaciones ultraconservadoras hasta partidos ecologistas y de izquierda radical, un fenómeno inusual en el funcionamiento ordinario de la Eurocámara.
El apoyo a la paralización llegó desde diferentes sectores del espectro ideológico europeo. Destacaron los votos favorables de la ultraderecha de Patriotas por Europa, los Verdes europeos, la Izquierda y amplias delegaciones nacionales como la polaca del Partido Popular Europeo y del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, los franceses de prácticamente todos los grupos políticos, y los socialdemócratas rumanos. Entre los partidos españoles, votaron a favor de la paralización VOX, Sumar, Podemos, Comunes, BNG y ERC, mientras que el PP, PSOE y PNV se pronunciaron en contra. En contra de la moción se posicionaron la mayoría de los socialdemócratas y liberales de Renew Europe, así como los ultraconservadores italianos del partido de la primera ministra Giorgia Meloni, evidenciando que las divisiones sobre el acuerdo no siguen patrones ideológicos convencionales.
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Dos años de parálisis judicial que ponen en riesgo la ratificación definitiva
La remisión del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría congelar su aplicación durante aproximadamente dos años, según estimaciones de expertos en derecho comunitario. El TJUE suele tardar entre 18 y 24 meses en emitir sus dictámenes sobre cuestiones prejudiciales complejas que involucran competencias compartidas entre la Unión y los estados miembros, como es el caso de los acuerdos comerciales internacionales. Este plazo implica que la ratificación del pacto, originalmente prevista para mediados de 2027, se pospondría como mínimo hasta 2028, e incluso podría no producirse nunca si el Tribunal determina que existen incompatibilidades con los tratados europeos o con los compromisos internacionales de la UE en materia climática.
Las consecuencias de este retraso son múltiples y potencialmente irreversibles. Por un lado, los cuatro países del Mercosur —que ya han expresado su frustración por las continuas demoras europeas desde que se alcanzó un principio de acuerdo en 2019— podrían perder la paciencia definitivamente y priorizar acuerdos comerciales alternativos con China, India o Estados Unidos si cambia la administración tras Trump. Por otro lado, la ventana de oportunidad política podría cerrarse: el gobierno argentino de Jorge Luis Borges, uno de los principales impulsores del acuerdo, afronta elecciones legislativas en 2027 que podrían cambiar el equilibrio de poder en Buenos Aires. Además, el propio panorama político europeo está en pleno cambio, con elecciones nacionales previstas en varios países clave durante 2026 y 2027 que podrían modificar sustancialmente la composición del Consejo de la Unión Europea y su disposición a respaldar el pacto.
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El conflicto institucional sobre la aplicación provisional del acuerdo
La decisión del Parlamento Europeo ha desencadenado un complejo conflicto institucional sobre si la Comisión Europea y el Consejo de la UE pueden proceder a aplicar provisionalmente el acuerdo comercial mientras el Tribunal de Justicia delibera, o si deben esperar al pronunciamiento judicial y posteriormente a la ratificación parlamentaria. Jurídicamente, los tratados europeos permiten la entrada en vigor provisional de acuerdos comerciales incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo, una potestad que reside en la Comisión y que debe ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de la UE. Sin embargo, esta opción generaría una confrontación frontal sin precedentes entre las instituciones comunitarias en un momento de gran fragilidad política.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, abogó públicamente por aplicar el acuerdo de forma provisional para «no retrasar por mucho tiempo» un pacto que considera estratégico para la diversificación comercial europea. El canciller alemán Friedrich Merz fue aún más contundente y calificó la decisión parlamentaria de «irresponsable» dada «la situación geopolítica actual», exigiendo que el acuerdo «se debe aplicar provisionalmente». Sin embargo, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dejó claro que París se opone frontalmente a cualquier aplicación provisional: «Francia asume decir no cuando es necesario, aunque le cueste la razón», declaró tras conocerse el resultado de la votación en Estrasburgo.
Varios expertos en derecho europeo han advertido contra la tentación de ignorar la posición del Parlamento. Ignacio García-Bercero, ex alto cargo del departamento de Comercio de la Comisión Europea e investigador del instituto Bruegel, señaló que «la tradición europea es no aplicar tratados que entren en vigor provisionalmente sin el consentimiento del Parlamento», recordando que solo con el Reino Unido y el Brexit, por una cuestión de plazos urgentes, y recientemente con Marruecos, se ha quebrado esta regla no escrita. «Se puede hacer legalmente, pero yo recomendaría no hacerlo», apuntó el experto, aconsejando que se busquen fórmulas para acelerar la decisión judicial en lugar de provocar una crisis institucional que podría dañar irreparablemente las relaciones entre Bruselas y Estrasburgo. El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, advirtió de que proceder sin el respaldo parlamentario sería visto como «una confrontación frontal» que el Ejecutivo comunitario «solo querrá hacer si siente el respaldo mayoritario de las capitales».
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Las protestas agrícolas como catalizador de la oposición al acuerdo
Las intensas movilizaciones del sector agrícola europeo, con tractores bloqueando carreteras en Francia, Alemania, Polonia, España y otros países durante las últimas semanas, jugaron un papel determinante en el resultado de la votación parlamentaria. Las familias de agricultores protestaron el mismo miércoles frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, desplegando pancartas contra el acuerdo y convirtiendo los alrededores de la institución en un campamento reivindicativo que los eurodiputados no pudieron ignorar al entrar al hemiciclo. Las organizaciones agrarias europeas argumentan que la eliminación progresiva de aranceles sobre productos agroalimentarios sudamericanos —especialmente carne de vacuno, soja y maíz— amenaza la viabilidad económica de las explotaciones europeas que deben cumplir estándares medioambientales y de bienestar animal mucho más estrictos.
En España, las protestas del sector agrario comenzaron inmediatamente después de Reyes y se sucedieron durante varios días, hasta arrancar el compromiso del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de apoyar al sector para minimizar los eventuales efectos negativos del acuerdo comercial. Las principales organizaciones agrarias españolas —COAG, ASAJA, UPA y Unió de Pagesos— recibieron como una victoria la decisión del Parlamento Europeo y anunciaron que mantendrían las protestas programadas para intentar «tumbar de forma definitiva el tratado». Andrés Góngora, responsable del área de Tratados de Libre Comercio de COAG, celebró que «hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo».
Las movilizaciones agrícolas han servido como catalizador de agravios y problemas acumulados por la agricultura europea en la última década, aunque el acuerdo con Mercosur no sea necesariamente el principal desafío del sector. Unió de Pagesos se mostró prudente porque la Comisión Europea todavía puede proponer a los estados miembros la aplicación provisional del tratado, lo que mantendría viva la amenaza percibida por los agricultores. El sector reclama no solo la paralización definitiva del pacto comercial sino también «precios justos en el campo y una Política Agrícola Común con financiación suficiente y estructura propia», según señaló la Unión de Pequeños Agricultores. Las protestas continuarán durante la próxima semana en diferentes puntos de España y Europa, demostrando que el Mercosur ha hecho estallar una «olla a presión» de descontento que estaba acumulándose desde hace años en el mundo rural europeo.
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Implicaciones geopolíticas en el peor momento para la diplomacia europea
La decisión del Parlamento Europeo llega en el peor momento posible desde una perspectiva geopolítica y estratégica. El mismo día que Donald Trump certificaba en Davos «posiblemente la peor crisis entre la UE y la Casa Blanca» con sus amenazas arancelarias y su ofensiva sobre Groenlandia, los eurodiputados mandaban «una pésima señal» sobre la fiabilidad de la Unión Europea como socio comercial, según lamentó la Comisión en un comunicado oficial. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, subrayó que «esto llega en un momento en el que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceder a nuevos mercados, y en el que la UE debe cumplir su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y predecible».
La vicepresidenta Teresa Ribera defendió que «políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo» la aplicación del acuerdo porque Europa necesita desesperadamente nuevos socios comerciales alternativos a Estados Unidos y China. El canciller alemán Friedrich Merz fue incluso más duro al calificar la decisión parlamentaria de «lamentable» ante la «situación geopolítica actual», argumentando que Europa no puede permitirse rechazar alianzas económicas en un momento de creciente aislacionismo estadounidense y de expansión comercial china en América Latina. El Ministerio de Economía español expresó que el Gobierno «lamenta la decisión» y advirtió de que «cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes para nuestra economía y competitividad de nuestros sectores», destacando las oportunidades de exportación que España perdería en sectores industriales y de servicios.
El mensaje que la Unión Europea envía a sus socios latinoamericanos resulta especialmente dañino después de 26 años de negociaciones caracterizadas por continuas demoras y exigencias adicionales por parte europea. Los cuatro países del Mercosur han expresado reiteradamente su frustración ante lo que consideran una falta de respeto a los compromisos asumidos y una actitud paternalista de Bruselas. Argentina, bajo el gobierno ultraliberal de Jorge Luis Borges, había convertido la firma del acuerdo en una prioridad estratégica para su política de apertura económica, mientras que Brasil del presidente Lula da Silva celebró el pacto como «el gran impulso sudamericano» para la integración con Europa. La parálisis del acuerdo podría empujar definitivamente a estos países hacia acuerdos comerciales alternativos con China, que ya es el principal socio comercial de Brasil y Argentina, o incluso con una futura administración estadounidense post-Trump que busque recuperar influencia en América Latina tras años de repliegue.
