El presidente Pedro Sánchez ha presidido la firma del acuerdo que eleva el salario mínimo un 3,1% y lo sitúa en 1.221 euros mensuales con catorce pagas anuales, beneficiando a 2,5 millones de trabajadores con carácter retroactivo desde el pasado enero. La vicepresidenta Yolanda Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han rubricado el pacto en el Ministerio de Trabajo, en un acto marcado por las críticas del presidente a la CEOE que rechaza el acuerdo pese al contexto de bonanza económica y beneficios empresariales récord.
El Ministerio de Trabajo acogió este lunes la firma del acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional un 3,1% en 2026, alcanzando los 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El acto, presidido por primera vez por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contó con la participación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. La ausencia de la patronal CEOE y Cepyme, que rechazan el incremento por sexto año consecutivo, marcó el tono de un evento que combinó la celebración del avance salarial con la crítica explícita a la posición empresarial en un contexto de crecimiento económico y máximos históricos del IBEX 35.
La nueva cuantía del SMI supera en 37 euros mensuales el importe vigente en 2025, lo que equivale a 518 euros adicionales al año para los trabajadores que perciben el salario mínimo. Con carácter general, el salario pasa a situarse en 17.094 euros brutos anuales o 40,70 euros brutos diarios, manteniendo la exención de tributación en el IRPF mediante una deducción que el Ministerio de Hacienda adaptará para evitar que el incremento se diluya en retenciones. La medida afectará aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores, según estimaciones del Gobierno, con especial incidencia en colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes y empleados con contratos temporales, que representan los perfiles más beneficiados por esta actualización salarial.
El incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, pese a que el acuerdo se firma a mediados de febrero. El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto que recoge la subida, una norma que no requiere tramitación parlamentaria al tratarse de una potestad reglamentaria del Gobierno. En el caso de los trabajadores eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, mientras que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora trabajada. La actualización del SMI no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que en su conjunto y en cómputo anual sean superiores al mínimo interprofesional.
La presencia simbólica del presidente del Gobierno
La participación de Pedro Sánchez en el acto de firma constituye un hecho sin precedentes en la trayectoria de estos pactos salariales. Es la primera vez que el presidente del Gobierno acude al Ministerio de Trabajo para presidir la rúbrica de un acuerdo bipartito entre el Ejecutivo y los sindicatos sobre el SMI, en contraste con la firma de 2020 que se celebró en la Moncloa y contó entonces con el respaldo empresarial. La vicepresidenta Díaz subrayó la importancia simbólica de esta presencia, señalando que el presidente acude al Ministerio de Trabajo y no al revés, un gesto que interpreta como reconocimiento al papel de las políticas laborales en la acción del Gobierno.
Durante su intervención, Sánchez calificó la subida del SMI como una cuestión de justicia social e inteligencia económica, destacando que el incremento del 66% acumulado durante su mandato representa un avance inédito en el ámbito europeo en un plazo tan corto. El presidente del Gobierno defendió que esta medida envía un mensaje claro a los trabajadores sobre la importancia de su esfuerzo y su dignidad, recordando que hace apenas unos años el salario mínimo se situaba en 735 euros mensuales. La presencia de varios ministros en el acto, entre ellos la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la ministra de Inclusión Elma Saiz, además de la presidenta del Congreso Francina Armengol, evidenció el carácter institucional del evento.
Díaz reivindicó en su discurso que el Gobierno cuestiona los consensos neoliberales sobre el mercado de trabajo y que las políticas laborales progresistas no destruyen empleo sino pobreza. La vicepresidenta segunda realizó un llamamiento a las empresas españolas para que eleven los salarios en el marco de la negociación colectiva, señalando que España mantiene un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales europeas. En su intervención, estableció un paralelismo entre las políticas del Partido Popular y las reformas laborales impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, calificándolas de políticas fundamentadas en el dolor y la precariedad máxima.
Las críticas del Ejecutivo a la patronal ausente
El presidente del Gobierno dedicó una parte sustancial de su intervención a cuestionar la ausencia de la CEOE en el acuerdo, planteando retóricamente dónde está la patronal cuando el IBEX 35 alcanza máximos históricos, cuando la economía española crece al 2,8% muy por encima de la media europea o cuando los beneficios empresariales baten récords año tras año. Sánchez subrayó que los buenos resultados económicos no caen del cielo sino que son posibles gracias al trabajo diario de millones de personas, y consideró inadmisible que en un contexto de bonanza económica se examine con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientras se mira hacia otro lado ante beneficios multimillonarios.
El jefe del Ejecutivo diferenció entre la posición de la patronal, que decide borrarse del acuerdo, y la de muchas empresas del país que entienden que sus trabajadores son su mejor activo y merecen un salario digno y decente. Sánchez dirigió un mensaje explícito a los empresarios pidiéndoles que paguen más y que impulsen un aumento generalizado de los sueldos allí donde no hay incrementos en términos reales, instando a la patronal a cumplir su parte en un momento de prosperidad económica. La CEOE respondió a estas declaraciones reiterando que su rechazo al acuerdo se fundamenta en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos y en que la subida supone una injerencia grave en la negociación colectiva.
La patronal argumenta que el incremento propuesto por el Gobierno dobla sus expectativas, ya que defendían una subida del 1,5% frente al 3,1% finalmente acordado, y rechazaron las contraprestaciones ofrecidas por considerarlas insuficientes para compensar a las empresas. CEOE calificó de trilera la propuesta fiscal del Ministerio de Hacienda, que habría permitido a las empresas reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades si aumentaban su plantilla, una medida que finalmente no se sometió a la mesa de diálogo social. La patronal señala además que mientras autónomos y pequeños empresarios verterán 1.782 millones de euros en la economía con el SMI, el Gobierno no ataja la sangría de 33.000 millones que se va por el sumidero de la gestión de las bajas laborales.
El compromiso pendiente sobre la absorción de complementos
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es el compromiso del Ministerio de Trabajo de aprobar una nueva regulación que impida a las empresas absorber la subida del SMI mediante la reducción o eliminación de complementos salariales. Esta modificación normativa, que se realizará a través de un Real Decreto vinculado a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, busca garantizar que el incremento se refleje efectivamente en el salario base de los trabajadores y no se neutralice mediante ajustes en otros conceptos retributivos como la antigüedad, la peligrosidad o la residencia.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó que este Real Decreto tenga la agilidad suficiente para evitar que la subida del salario mínimo sea absorbida por las empresas, un problema que viene denunciándose desde hace años. Álvarez señaló que si la patronal estuviera presente en el acto tendría que explicar por qué el SMI se está comiendo una buena parte de los salarios de los convenios colectivos, no porque el salario mínimo esté subiendo excesivamente sino porque los salarios medios se están quedando atrás y están muy lejos de alcanzar la media europea. El líder de UGT también advirtió que se tratarán más temas que no gustarán a la CEOE, como el coste del despido.
Por su parte, Unai Sordo destacó que el SMI está jugando ahora un papel cualitativamente muy distinto al de años anteriores, desmontando las predicciones catastrofistas de economistas convencionales que auguraban disparos del desempleo, cese de contrataciones en pymes y retrocesos en el trabajo autónomo. El secretario general de CCOO subrayó que todos estos relatos se han venido abajo y que la subida del SMI ha sido una variable clave para reducir la desigualdad y la brecha salarial entre mujeres y hombres. El Ministerio de Trabajo sostiene que cuenta con fundamentos jurídicos sólidos para implementar la modificación mediante Real Decreto sin necesidad de tramitación como anteproyecto de ley, pese a las advertencias de la patronal de que recurrirá la norma ante los tribunales.
