El ministro de Economía presentó este jueves las líneas generales del paquete anticrisis que el Ejecutivo prepara para afrontar el encarecimiento energético provocado por la guerra en Oriente Próximo. El plan contempla medidas fiscales para contener el precio de la electricidad y ayudas específicas para el campo y el transporte por carretera, los dos sectores más expuestos al alza del gasóleo. Sin embargo, la fecha de aprobación sigue sin estar definida, en medio de tensiones dentro de la coalición de gobierno sobre los ritmos y el alcance de las medidas.
El Gobierno español avanza en la elaboración de un decreto-ley de respuesta económica a la guerra de Irán y su impacto sobre los precios de la energía. Tras una reunión celebrada este jueves entre el equipo económico del Ejecutivo y los principales agentes sociales, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ofreció las primeras señales concretas sobre el contenido del paquete. El titular de Economía trasladó un mensaje de calma y subrayó que la situación actual está «lejos» de la que vivió España durante la crisis energética de 2022, provocada por la guerra de Rusia en Ucrania.
El encuentro reunió a las tres vicepresidentas económicas del Gobierno —María Jesús Montero, titular de Hacienda; Yolanda Díaz, de Trabajo; y Sara Aagesen, de Transición Ecológica— junto a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y a los representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Cuerpo calificó el encuentro de «muy productivo» y destacó que los distintos sectores coincidieron en señalar las medidas fiscales como el instrumento más eficaz para amortiguar el impacto del conflicto.
Campo y transporte, sectores prioritarios
El paquete anticrisis tendrá, según Cuerpo, «una especial dedicación para el sector del campo y del transporte por carretera». Ambos sectores acumulan una alta dependencia del gasóleo para su actividad diaria, lo que los convierte en los más vulnerables ante una escalada sostenida de los precios del combustible. El ministro reconoció que «el principal desafío que tenemos radica en la evolución de los precios de los carburantes, especialmente del diésel», y garantizó que serán los primeros en recibir atención dentro del decreto-ley en preparación.
La víspera, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya se había reunido con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que le trasladó una serie de peticiones concretas: una bonificación de 0,25 euros por litro de combustible —superior a la de 20 céntimos aplicada en 2022 y actualizada con el Índice de Precios al Consumo (IPC)—, una ayuda directa de 1.500 euros por camión para compensar el impacto inmediato, y la eliminación del límite de 400.000 euros por empresa en las ayudas existentes.
La vía fiscal frente al modelo Ucrania
Uno de los elementos más destacados de la comparecencia de Cuerpo fue su posicionamiento sobre las bonificaciones directas al precio del combustible. El ministro señaló que los sectores y agentes sociales consultados han criticado esta fórmula por ineficaz, calificándola como «una de las medidas que menos nos aconsejan». En su lugar, los interlocutores del Gobierno apuntan hacia medidas «en el ámbito fiscal», una orientación que el Ejecutivo hace suya aunque sin cerrar formalmente ninguna opción.
Para la factura eléctrica, el camino parece más definido. Cuerpo confirmó que el Ministerio trabaja en rebajas fiscales que actuarían sobre los distintos componentes impositivos de la electricidad, siguiendo el modelo aplicado durante la crisis de 2022, cuando el Gobierno redujo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto Especial sobre la Electricidad y suspendió el conocido como impuesto sobre la generación. Junto a estas medidas, el decreto-ley prevé recuperar algunas disposiciones de los últimos decretos derogados por el Congreso, como la prohibición de cortes de suministro y los descuentos en el bono social.
El plan incluye asimismo medidas de carácter estructural orientadas a acelerar la electrificación de la economía y el despliegue de energías renovables, con el objetivo de reducir la dependencia española de los combustibles fósiles a largo plazo.
Plazos inciertos y fisuras en la coalición
La cuestión de cuándo llegará este paquete al Consejo de Ministros ha generado esta semana una visible descoordinación dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó por la mañana en una entrevista en Televisión Española (TVE) que las medidas se aprobarían el próximo martes. Minutos después, fuentes de la Presidencia del Gobierno (Moncloa) matizaron esa versión, indicando que «no está claro» y que «todo depende de que las medidas estén terminadas y de si se aprueban de forma escalonada».
El propio Cuerpo evitó comprometerse con una fecha, limitándose a señalar que «la prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación». Fuentes de su departamento no descartan la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario si el texto no está listo para el martes ordinario.
Las discrepancias no son solo de calendario. Díaz ha defendido también la congelación de alquileres y el control de precios en la cesta de la compra, propuestas que generan resistencias en la parte socialista del Gobierno, reticente a medidas que considera precipitadas o de dudosa eficacia. El IVA cero en alimentos, por ejemplo, queda descartado: el Ejecutivo considera que esa rebaja beneficiaría principalmente a las empresas distribuidoras y no llegaría de forma directa a los consumidores.
Cuerpo también marcó distancias con el escenario de 2022 en lo que respecta al margen fiscal disponible. Entonces, la activación de la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas permitió al Gobierno incrementar el gasto público sin incurrir en déficit. Ahora, ese mecanismo no está disponible: la Comisión Europea ha descartado que se den las condiciones de recesión necesarias para activarlo. «No estamos en la misma situación y esto se traduce también en que en el marco europeo no tenemos la misma flexibilidad», reconoció el ministro.
