El sector público español ejecutó en 2025 un récord histórico de 15.676 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación, más de 2.000 millones por encima del máximo anterior. El salto se explica por la militarización del presupuesto: el gasto en I+D+i de defensa se disparó un 226% en un solo año, pasando de 1.842 a 6.000 millones, y pasó de representar el 9% del total al 29%. Airbus, Navantia e Indra concentraron el 98% de los contratos adjudicados mediante los Programas Especiales de Modernización.
La inversión pública española en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros. El sector público estatal ejecutó 15.676 millones de euros, una cifra que supera en más de 2.000 millones el máximo anterior y que se logró con un presupuesto total disponible de alrededor de 20.500 millones. Los datos proceden del análisis de la política de gasto en I+D+i que la Fundación Cotec, dedicada a la innovación, elabora cada año a partir de las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El récord, sin embargo, no responde a un impulso generalizado de la ciencia española: su causa principal es el giro hacia el gasto militar.
El presupuesto destinado a I+D+i en defensa se disparó un 226% en un solo año, de los 1.842 millones de 2024 a los 6.000 millones de 2025. Con ese salto, la defensa pasó de representar un discreto 9,2% del presupuesto total de I+D+i a concentrar casi una tercera parte, el 29,3%. La Fundación Cotec denomina este proceso «el gran relevo»: la transición desde un modelo de financiación apoyado en los fondos europeos del Plan de Recuperación hacia uno sustentado en el esfuerzo presupuestario nacional, con la industria de defensa como motor principal de ese crecimiento.
El gran relevo: de los fondos europeos al gasto de defensa
Hasta 2025, el crecimiento de la inversión pública en I+D+i se había sostenido casi exclusivamente en los fondos del Plan de Recuperación diseñado tras la pandemia. En 2025, esos recursos redujeron su peso casi a la mitad, cayendo de 11.218 a 6.544 millones de euros. Lo que en otro contexto habría supuesto una crisis de financiación se compensó con un aumento masivo del esfuerzo presupuestario nacional, que creció un 60%, unos 5.253 millones adicionales, hasta situar los recursos de origen propio en casi 14.000 millones. Ese incremento, sin embargo, no fue homogéneo entre áreas de conocimiento ni entre ministerios: su origen casi exclusivo fue el gasto en defensa, articulado a través del lanzamiento de 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) a lo largo del año.
Los PEM son contratos que implican a dos ministerios de forma simultánea. Defensa actúa como contratista, firmando los acuerdos con las empresas adjudicatarias, mientras que Industria tramita y entrega al sector préstamos plurianuales al 0% de interés para financiar los proyectos. Esos préstamos no tienen por qué pasar por el Congreso de los Diputados, lo que ha generado polémica en algunos casos, como la adjudicación de contratos de material de tierra a Indra en lugar de a Santa Bárbara, histórico fabricante nacional de armamento vendido en 2001 a la estadounidense General Dynamics. Los PEM se caracterizan por aportar nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas y por incorporar un componente significativo de I+D, según fuentes del sector.
Airbus, Navantia e Indra: tres empresas, el 98% de los contratos
El Gobierno eligió tres empresas como receptoras prioritarias del grueso de los contratos: Airbus, Navantia e Indra, a las que el Ejecutivo y el sector denominan internamente «campeones nacionales», aunque las propias compañías rechazan esa etiqueta y prefieren el término «compañía tractora». Entre las tres concentraron el 98% de los más de 14.200 millones que el Ministerio de Industria destinó a préstamos al 0% de interés para financiar los PEM adjudicados en 2025.
Los contratos más voluminosos incluyeron dos megaproyectos para el desarrollo de nueva artillería sobre rueda y cadenas adjudicados a Indra y Escribano, con un valor conjunto de 7.240 millones y un préstamo plurianual de 3.002 millones. Navantia lideró seis PEM, entre ellos la renovación de las fragatas F-100 por 3.200 millones. Airbus, por su parte, se adjudicó el desarrollo del nuevo sistema de aprendizaje de pilotos de caza y la producción de los aviones de entrenamiento Saeta II, con una plataforma de Turkish Aerospace, por un contrato de 2.600 millones. Indra y Airbus obtuvieron además el desarrollo de la parte española del futuro sistema aéreo de combate europeo (FCAS, por sus siglas en inglés), por 700 millones adicionales.
La sombra sobre la investigación civil
El impacto presupuestario del giro militar ha mejorado algunos indicadores de gestión. La apuesta por el crédito industrial ha elevado la tasa de ejecución presupuestaria al 76,4%, su mejor nivel en 15 años, impulsada por la alta demanda empresarial de préstamos públicos para innovación en un contexto de tipos de interés elevados en la banca privada. De los 6.000 millones presupuestados para defensa en 2025, unos 5.711 millones, el 95% del total, corresponden a préstamos y anticipos reembolsables a la industria, lo que ha situado el gasto financiero en el 60,9% del total público en I+D.
Sin embargo, persisten desequilibrios que la propia Fundación Cotec señala como una advertencia para el futuro. Quedan sin ejecutar 4.835 millones del presupuesto total disponible, concentrados principalmente en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dejó sin utilizar más de 3.000 millones, la mayoría en partidas de créditos que no encuentran en el mercado civil la misma demanda que en el sector de defensa. El gran desafío de cara al cierre del Plan de Recuperación, según Cotec, será comprobar si España puede mantener el récord histórico de inversión en I+D+i sin que el impulso militar termine eclipsando la investigación civil y médica, cuyo ritmo de crecimiento avanza a una velocidad sensiblemente menor.
