El plan de 5.000 millones aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán se somete hoy a votación en el Congreso. La abstención de Podemos ha convertido a Junts en pieza clave: la formación independentista condicionó su apoyo a que el Ejecutivo asuma la exención del IVA para pequeños autónomos. El PP no ha aclarado el sentido de su voto, aunque sus condiciones no han sido atendidas.
El Congreso de los Diputados vota hoy la convalidación del decreto anticrisis con el que el Gobierno de Pedro Sánchez busca amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán. El paquete, aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes, asciende a unos 5.000 millones de euros y se articula en dos textos normativos: uno, impulsado por el PSOE, centrado en medidas fiscales; y otro, promovido por Sumar, orientado a la contención de los precios del alquiler. La votación se produce en un contexto de aritmética parlamentaria ajustada que ha convertido a formaciones habitualmente secundarias en actores decisivos.
La aprobación del plan anticrisis no estaba garantizada al cierre de la jornada de ayer. Con el apoyo confirmado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts, sumados a los diputados de PSOE y Sumar, el Ejecutivo acumulaba 173 votos favorables. Frente a ellos, el rechazo de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) representaba 171 votos en contra, siempre que el PP optara también por el no. La abstención anunciada por Podemos, que reduce la mayoría necesaria, ha sido el elemento que ha inclinado la balanza hacia la convalidación, aunque con márgenes estrechos.
Qué contiene el decreto y qué está en juego
El decreto fiscal incluye una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a la electricidad, el gas natural, la gasolina y el gasóleo; la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0,5%; y la suspensión temporal del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que hasta ahora era del 7%. El texto también contempla ayudas directas de hasta 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, ganaderos y pescadores, bonificaciones para la instalación de energías renovables y el refuerzo del bono social eléctrico y térmico para hogares vulnerables. La vigencia de las medidas fiscales se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
El segundo decreto, cuya votación está prevista para antes del 29 de abril, regula la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que decaigan entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, con una limitación del 2% a la actualización anual de las rentas. Este texto ha encontrado resistencias adicionales: el PP y Vox se oponen, y Junts ha guardado silencio sobre su posición respecto a las medidas de vivienda, lo que introduce un factor de incertidumbre de cara a esa votación separada.
Junts pone precio y Podemos se abstiene
La llave del decreto fiscal la ha tenido en sus manos la formación independentista catalana. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, condicionó el apoyo de su grupo a que el Gobierno respaldara la transposición de la Directiva europea 2020/285, que permitiría eximir del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. España es el único estado miembro de la UE que no ha traspuesto esta norma, lo que ha llevado a Bruselas a abrir un procedimiento sancionador. Junts introdujo esta exigencia como proposición no de ley que se vota este jueves, antes que el propio decreto. «Las principales medidas de este decreto son las de Junts», reivindicó Nogueras al explicar su posición.
Podemos, por su parte, anunció el lunes que se abstendría en la votación. La secretaria general, Ione Belarra, argumentó que las rebajas de impuestos no son la vía adecuada para hacer frente a la escalada de precios, y reclamó medidas más intervencionistas como topes directos a los precios de la energía y los alimentos. La abstención de los ocho diputados de Podemos redujo la mayoría necesaria para la convalidación y transfirió a Junts el papel de árbitro, aliviando la presión sobre el PP. ERC, por su parte, anunció el voto favorable aunque con críticas al contenido: «Les pedimos que sean valientes», dijo el portavoz Gabriel Rufián, quien advirtió de que «bajar impuestos sin intervenir el mercado solamente favorece» a las grandes empresas energéticas.
El PP en el alambre antes de la votación
El PP entró en la jornada de ayer sin haber aclarado el sentido de su voto, una posición calculada que le permitía mantener la presión sobre el Ejecutivo sin comprometerse. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo calificó el decreto de «insuficiente y tardío» y condicionó su apoyo a la incorporación de tres medidas que el Gobierno no incluyó en el texto: la deflactación de la tarifa del IRPF, la garantía de continuidad de las centrales nucleares y una batería de rebajas fiscales adicionales. Feijóo reclamó además en el pleno que el Gobierno aclarara qué harían los ejecutivos autonómicos del PP ante la crisis.
Con los votos de Junts asegurados, el apoyo o rechazo del PP dejó de ser matemáticamente decisivo para la convalidación del decreto fiscal. La formación de Feijóo quedó así en una posición incómoda: votar no supondría oponerse a rebajas fiscales que en parte había reclamado como propias; abstenerse o votar sí implicaría dar oxígeno a un Gobierno al que acusa de gestionar mal la crisis. Sánchez le interpeló directamente desde la tribuna durante la sesión de ayer: «Díganos si van a votar o no a favor de la convalidación de estas medidas».
