La Administración Trump ha reembolsado 121.000 millones de dólares en aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales en febrero, el 60% de los 166.000 millones recaudados por la Oficina de Aduanas al amparo de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los reintegros llegan a las empresas importadoras mientras los precios al consumidor siguen muy por encima de los niveles previos al llamado «día de la liberación».
La Administración Trump ha reembolsado aproximadamente 121.000 millones de dólares en aranceles, incluidos intereses, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales en febrero. La cifra, consignada en documentación presentada por funcionarios de aduanas ante el Tribunal de Comercio Internacional, supone devolver alrededor del 60% de los 166.000 millones que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recaudó sobre las importaciones desde el 2 de abril de 2025, el denominado «día de la liberación» en el que Trump anunció su política arancelaria masiva.
El ritmo de los reembolsos se ha acelerado en los últimos meses. Solo en junio el Tesoro devolvió 49.200 millones de dólares, más del doble de los 22.000 millones desembolsados en mayo. Esos dos meses representaron cerca del 42% del total que aún se adeudaba en ese momento, a medida que la CBP ampliaba las categorías de importaciones elegibles para reclamar a través de su portal. Sin embargo, cerca de 20.000 reembolsos por 1.600 millones de dólares permanecen en suspenso porque los importadores no han proporcionado la información bancaria requerida. El proceso afecta a más de 330.000 importadores y 53 millones de registros.
El Supremo anuló los aranceles y la factura llega ahora
El Tribunal Supremo falló el 20 de febrero en el caso Learning Resources, Inc. contra Trump con seis votos a favor y tres en contra. El presidente del Tribunal, John Roberts, redactó una opinión que sostenía que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no faculta al presidente para imponer aranceles unilateralmente sobre los socios comerciales, ya que esa atribución es una prerrogativa tributaria reservada al Congreso por la Constitución. La sentencia anuló los gravámenes del «día de la liberación» y ordenó la devolución de todo lo recaudado.
Trump respondió al fallo intensificando su campaña de presión contra los magistrados. Describió públicamente a los dos jueces que él mismo había nombrado, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, como personas «malas para el país» por haber votado contra los aranceles, en declaraciones pronunciadas en un acto del Comité Nacional Republicano del Congreso según la cadena CNBC. Al mismo tiempo, su administración tomó medidas para reconstruir el régimen arancelario por vías alternativas, imponiendo nuevos gravámenes temporales al amparo de la sección 122 de la ley de Comercio de 1974 y, tras su expiración, bajo la sección 301 de esa misma norma.
Los reembolsos van a las empresas, no a los hogares
La principal crítica al proceso de devolución se centra en quién recibe el dinero. Los aranceles los pagaron los importadores, no directamente los consumidores, por lo que los reintegros llegan a esas compañías. El representante demócrata por Texas Greg Casar lo expresó con claridad: «Trump está enviando los reembolsos a las empresas, no a los trabajadores». Casar añadió que «hasta el último centavo debería volver a los consumidores estadounidenses». Los precios en los supermercados se mantienen muy por encima de los niveles de principios de 2025 y la confianza del consumidor ha caído a registros no vistos en décadas.
Trump añadió otra capa de presión sobre el proceso. El día siguiente a la apertura del portal CAPE (mecanismo en línea habilitado en abril para que los importadores presentaran solicitudes de devolución), el presidente sugirió a las empresas que «sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los aranceles ilegales». En una entrevista posterior con la cadena CNBC, afirmó que «recordará» a las empresas que decidan renunciar a sus reintegros. Gigantes como Apple y Amazon no habían solicitado devoluciones en el momento de difundirse las cifras.
Trump busca nuevas vías para mantener los gravámenes
La respuesta de la Administración al fallo del Supremo ha consistido en reproducir el efecto de los aranceles ilegales por marcos normativos alternativos. Cuando expiraron los gravámenes de la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, Trump activó una nueva ronda de aranceles globales amparada en la sección 301 de esa misma norma, destinada originalmente a combatir prácticas comerciales desleales de terceros países. El portavoz de la CBP garantizó la conformidad del organismo con las resoluciones judiciales: «La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional».
Esos nuevos aranceles están siendo impugnados ante los tribunales por pequeñas empresas y por 25 estados, abriendo una nueva ronda de litigios sobre los límites del poder ejecutivo en materia de comercio exterior. La Fundación Fiscal de Estados Unidos estimó que los gravámenes de la IEEPA habrían generado 1,4 billones de dólares en recaudación entre 2026 y 2035; su anulación supone renunciar a tres cuartas partes del ingreso arancelario que la Administración Trump esperaba obtener. Los aranceles bajo la ley de Comercio de 1974, en todo caso, permanecen en vigor y están siendo también impugnados judicialmente.
Trump ha convertido los aranceles en un elemento central de su política exterior y comercial a pesar de los sucesivos reveses judiciales. La táctica de sustituir la base legal anulada por marcos normativos alternativos refleja la determinación del Ejecutivo de mantener los gravámenes en vigor mientras los tribunales resuelven nuevas impugnaciones. Para los ciudadanos estadounidenses, el resultado práctico es claro: los precios siguen altos, la confianza económica ha caído a niveles no vistos en décadas y los reembolsos de los aranceles ilegales van a las empresas importadoras, no a los hogares.
