República Dominicana vive un dilema silencioso. La mano de obra haitiana, base de sectores como agricultura, construcción y turismo, enfrenta deportaciones masivas que están vaciando los campos, las obras y las cocinas de los hoteles.
En el noroeste del país, los campos de plátano funcionan con menos de la mitad de su plantilla habitual. Allí, la mayoría de los trabajadores son haitianos indocumentados. Reciben salarios bajos por jornadas largas, pero su trabajo garantiza la continuidad de las cosechas. Sin ellos, la producción se paraliza.
La construcción atraviesa un panorama similar. Las empresas reportan caídas de entre 40% y 80% en la disponibilidad de mano de obra, y los proyectos se retrasan o quedan incompletos. En el turismo, la falta de personal en cocina y limpieza empieza a notarse en la calidad de los servicios.
Las deportaciones no han detenido este flujo de migración económica. Muchos trabajadores expulsados regresan para retomar el empleo que sostiene sus vidas y las de sus familias, aunque vivan ocultos y con miedo permanente.
Los productores advierten que el campo está al borde del colapso. La producción bananera, por ejemplo, cayó casi a la mitad en los últimos tres años. A las plagas y al aumento de costos se suma ahora la escasez de quienes cosechan, cargan y preparan los envíos para el mercado local y la exportación.
La política migratoria del gobierno, que endureció las redadas y la vigilancia fronteriza, busca frenar un fenómeno estructural sin ofrecer alternativas reales. Empresarios y asociaciones proponen regularizar a los trabajadores con permisos temporales, pero las autoridades mantienen su línea dura, en un clima político donde la migración haitiana se presenta como amenaza más que como recurso productivo.
Mientras tanto, miles de obreros viven y trabajan escondidos. Sin acceso a derechos básicos, sostienen una economía que los necesita y a la vez los rechaza.
