Los alcaldes de las dos principales ciudades españolas confrontaron este miércoles en el Senado sus modelos opuestos de política de vivienda. Jaume Collboni presentó datos que muestran una reducción del 4,9 por ciento en los precios del alquiler desde que Barcelona aplicó zonas tensionadas, mientras José Luis Martínez-Almeida defendió la no intervención en el mercado pese a reconocer subidas del 40 por ciento en Madrid desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.
La Comisión de Vivienda del Senado acogió este miércoles 14 de enero una confrontación inédita entre los alcaldes de Madrid y Barcelona sobre sus respectivas políticas habitacionales. José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni expusieron ante los senadores dos modelos radicalmente opuestos para abordar la crisis de acceso a la vivienda, uno basado en la no intervención y el aumento de la oferta, y otro fundamentado en la regulación de precios y el incremento del parque público. La comparecencia, calificada por diversos grupos parlamentarios como el «Madrid-Barcelona» de la vivienda, puso sobre la mesa datos contrastados que evidencian resultados divergentes en función de las políticas aplicadas.
Collboni fue el primero en presentar cifras concretas sobre el impacto de la declaración de zona tensionada en Barcelona. El alcalde barcelonés afirmó que los precios del alquiler han descendido un 4,9 por ciento desde la entrada en vigor de la regulación, lo que supone que una familia paga actualmente unos 220 euros menos al mes de lo que habría pagado sin la intervención del mercado. Estos datos contrastan con la evolución de Madrid, donde portales inmobiliarios como Idealista estiman que los precios han subido en torno al 10 por ciento durante el mismo periodo. El regidor socialista defendió que la regulación es necesaria para «garantizar el derecho de los ciudadanos a quedarse» en las ciudades y evitar la expulsión de residentes por razones económicas.
Barcelona reduce precios un 4,9% con la regulación
El modelo barcelonés se basa en la aplicación de la Ley de Vivienda estatal que permite declarar zonas de mercado tensionado donde los propietarios no pueden subir los alquileres por encima del Índice de Precios al Consumo. Barcelona fue la primera ciudad del Estado en aplicar esta regulación, que posteriormente se ha extendido al alquiler temporal y al de habitaciones gracias a una ley aprobada por la Generalitat de Catalunya. Collboni desmontó ante los senadores uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes se oponen a la regulación: la reducción de la oferta disponible en el mercado.
Según los datos presentados por el alcalde de Barcelona, desde que la Generalitat declaró el municipio como zona tensionada hay 1.551 contratos de alquiler más que antes de la entrada en vigor de la medida. El regidor socialista reconoció que la oferta visible en los portales inmobiliarios ha disminuido, pero explicó que esto se debe a que «la rotación se reduce y el propietario tiene la vivienda vacía menos tiempo», ante la falta de incentivos para cambiar de inquilinos con subidas de precio. Collboni calificó la regulación de precios como una «medida paliativa» necesaria para ese «mientras tanto» en el que se construyen nuevas viviendas, y estableció como criterio para levantar los topes que las familias dejen de destinar más del 30 por ciento de su renta al alquiler.
El alcalde de Barcelona cifró en 220.000 las familias protegidas por el nuevo marco regulador y destacó como pilar fundamental de su estrategia la eliminación de las licencias de los aproximadamente 10.000 pisos turísticos de la ciudad a partir de noviembre de 2028. Esta medida, según Collboni, permitirá devolver al mercado del alquiler residencial un volumen de viviendas equivalente a una década de construcción en Barcelona. El objetivo del consistorio catalán es que el 15 por ciento del parque de alquiler sea público, con un compromiso de construir 1.000 viviendas al año y suelo ya movilizado para otras 10.000 más a medio plazo.
Madrid reconoce subidas del 40% sin zonas tensionadas
La gran contradicción de la intervención de Martínez-Almeida reside en su crítica a una medida que ni él ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han permitido aplicar en su territorio. El alcalde madrileño calificó los topes de precios como «nefastos» y retó a que le presentasen un solo caso en el que el control del mercado propiciase una bajada de precios sin provocar una reducción de la oferta. La respuesta llegó minutos después de forma indirecta a través de los datos aportados por Collboni sobre la evolución del mercado barcelonés.
Almeida reconoció ante los senadores que, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, se ha expulsado del mercado al 45 por ciento de las viviendas en Madrid y que «los arrendamientos han subido una media del 40 por ciento». Estas cifras contrastan radicalmente con la evolución de Barcelona, donde se ha producido el fenómeno inverso: reducción de precios y aumento del número de contratos registrados. El alcalde madrileño centró su discurso en la necesidad de construir más viviendas y en los efectos negativos que atribuye a la regulación del mercado, pese a no haberla aplicado en su ciudad.
El regidor popular señaló que la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban los alquileres va «en línea con lo que podría haber defendido», pero calificó el resto de medidas impulsadas por el Ejecutivo como «ocurrencias legislativas». Almeida tampoco perdió ocasión de confrontar con el Gobierno central, acusando a Sánchez de realizar actos propagandísticos. En referencia a la visita presidencial del lunes a los terrenos de la Operación Campamento, donde comenzaron las obras de derribo, el alcalde madrileño ironizó: «El lunes le da a un botón para que la excavadora empiece a demoler y el miércoles esa excavadora está parada».
La batalla por la vivienda pública y la construcción
Ambos alcaldes coincidieron en señalar la construcción de vivienda como elemento central de sus respectivas estrategias, aunque con enfoques diferentes. Almeida defendió que en los dos años y medio de legislatura se han habilitado 95 instrumentos urbanísticos para la construcción de más de 80.000 viviendas «en diferente desarrollo» en la ciudad de Madrid, gracias a un «esfuerzo ingente desde el punto de vista de desbloqueo del suelo para construir masivamente». El alcalde madrileño presumió de que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid es «la mayor promotora de vivienda pública de España», con «tres de cada 10» viviendas públicas del país.
Según las cifras facilitadas por Almeida, el Consistorio madrileño está ejecutando actualmente 3.200 viviendas y empezará a ejecutar otras 2.500 a lo largo de 2026. Sin embargo, la Empresa Municipal de Vivienda mantiene una lista de espera de más de 50.000 demandantes. En términos relativos, Madrid tiene 2,7 viviendas públicas por cada 100.000 habitantes, frente a las cinco de Barcelona, que cuenta con un parque público de 12.000 viviendas. Collboni destacó que el objetivo de su mandato es entregar 3.000 pisos nuevos y continuar ampliando el parque de vivienda asequible.
Pese a sus diferencias de fondo, ambos regidores coincidieron en algunos diagnósticos técnicos. Tanto Almeida como Collboni señalaron la existencia de demasiadas trabas administrativas y defendieron la necesidad de agilizar los trámites para movilizar suelo urbanizable. Asimismo, ambos afirmaron que la producción industrializada de vivienda constituye una de las vías más rápidas para generar oferta en el mercado. Collboni, no obstante, fue más allá al plantear la necesidad de actuar sobre el presente y no solo a largo plazo: «Estamos de acuerdo en que tiene que haber más construcción de vivienda, pero en ese mientras tanto, hasta que esas viviendas no se pongan a disposición de los ciudadanos, hay que tomar medidas», señaló el alcalde barcelonés en clara alusión a la regulación de precios.
