La sanción, que es la segunda mayor aplicada por una administración de consumo en España, se fundamenta en la publicación de 65.122 anuncios de alojamientos sin licencia obligatoria y otras prácticas comerciales desleales. La resolución es firme tras desestimarse el recurso de alzada presentado por la plataforma, que ha anunciado su intención de acudir a los tribunales para impugnar la decisión.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó el lunes con 64.055.311 euros a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por publicar anuncios de alojamientos sin la licencia preceptiva, entre otros incumplimientos de la normativa de consumo. La multa constituye la segunda mayor sanción impuesta por una administración de consumo en España, solo superada por los 108 millones de euros que el mismo ministerio aplicó a la aerolínea Ryanair en noviembre de 2024.
La resolución, que dirige el ministro Pablo Bustinduy, deviene firme y agota la vía administrativa tras haberse desestimado el recurso de alzada interpuesto ante el propio titular del departamento. La decisión incluye dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta. Airbnb anunció inmediatamente su intención de recurrir la sanción ante los tribunales, reiterando su desacuerdo con una decisión que considera injustificada.
Alcance de las infracciones detectadas
El expediente sancionador se originó en diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Consumo identificó infracciones de la normativa de consumo en un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma Airbnb. Las irregularidades detectadas consistieron principalmente en prácticas comerciales desleales con consumidores y usuarios, centradas en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos que carecían de la licencia obligatoria exigida por las normativas autonómicas.
La legislación vigente establece que toda publicidad de alojamientos turísticos debe incluir el número de registro correspondiente, un requisito que permite a los consumidores verificar la legalidad de los inmuebles ofertados y a las administraciones ejercer sus funciones de inspección y control. La ausencia sistemática de esta información en decenas de miles de anuncios constituyó la base principal de la sanción impuesta por Consumo.
El proceso se inició formalmente cuando la dirección general de Consumo notificó la apertura del expediente sancionador. Aunque en ese momento el departamento no reveló públicamente el nombre de la compañía investigada, Airbnb reconoció ser la destinataria de la investigación y expresó su profundo desacuerdo con el procedimiento. La plataforma argumentó que solicita sistemáticamente a los anfitriones que confirmen disponer de los permisos necesarios y cumplir con las regulaciones locales.
Conflicto prolongado con el Ministerio
Durante meses, Airbnb se negó a eliminar los más de 65.000 anuncios que el Gobierno le ordenó retirar de su portal. La compañía mantuvo su posición hasta el verano de 2025, cuando finalmente accedió a eliminar los contenidos ilícitos tras la entrada en vigor del registro único de alojamientos turísticos. Sin embargo, el expediente sancionador continuó su tramitación porque las infracciones ya se habían cometido con anterioridad.
Las infracciones imputadas se agruparon en cuatro categorías diferenciadas. En primer lugar, prácticas comerciales desleales consistentes en la omisión de información relevante para los consumidores, concretamente el número de registro de los alojamientos turísticos. Esta infracción, considerada grave, fue sancionada con 63.990.311 euros. En segundo lugar, se identificaron anuncios con números de registro falsos o incorrectos, lo que constituye una práctica desleal adicional incluida en la sanción principal.
La tercera categoría de infracciones corresponde a la obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección durante la instrucción del expediente. Según el departamento dirigido por Bustinduy, la plataforma no ofreció respuesta adecuada a los requerimientos formulados por Consumo, lo que constituye una infracción leve sancionada con 10.000 euros.
Finalmente, se imputó el incumplimiento de deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar riesgos o lesiones para consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente. Esta infracción grave fue sancionada con 55.000 euros adicionales.
Posicionamiento del Ministerio sobre la crisis de vivienda
Pablo Bustinduy justificó la dureza de la sanción en el marco de la crisis de la vivienda que afecta a España, uno de los principales problemas del país según reiteran las encuestas de opinión. El ministro declaró que miles de familias viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Bustinduy subrayó que ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley.
El Ministerio de Consumo mantiene actualmente en curso distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo declarado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis habitacional mediante el reforzamiento de la protección a consumidores y usuarios en el ámbito inmobiliario.
La semana pasada, Consumo confirmó otra sanción de 3,6 millones de euros contra la empresa Alquiler Seguro por cobrar comisiones ilegales a inquilinos. El departamento ha intensificado durante el último año su actividad sancionadora en sectores relacionados con la vivienda, tanto en alquileres convencionales como en alojamientos turísticos.
Antecedentes de sanciones millonarias
Esta multa a Airbnb se sitúa como la segunda mayor sanción de una administración de consumo en España, tras la aplicada a Ryanair por un importe de 107 millones de euros. El Ministerio recurrió a esta compañía en noviembre de 2024 por prácticas abusivas relacionadas con el cobro de suplementos por equipaje de mano y otras políticas consideradas contrarias a los derechos de los consumidores.
Organizaciones de consumidores como Facua valoraron positivamente la sanción impuesta a Airbnb. La entidad considera que las plataformas tecnológicas no pueden pretender ser meros intermediarios cuando se benefician económicamente de actividades que incumplen la normativa. Según esta organización, las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades proporcionadas a los beneficios que obtienen, sin poder declararse ajenas a infracciones que se cometen sistemáticamente en sus plataformas.
Desde el sector turístico, las reacciones han sido dispares. Algunas asociaciones hoteleras han aplaudido la medida por considerar que restablece condiciones de competencia más equitativas entre alojamientos regulados y no regulados. Por el contrario, plataformas tecnológicas y asociaciones de propietarios de viviendas turísticas han criticado la sanción por considerar que responsabiliza excesivamente a los intermediarios de incumplimientos que corresponden directamente a los propietarios de los inmuebles.
Previsión de recursos judiciales
Airbnb mantiene que cumple la normativa española y europea del alquiler turístico, y ha anunciado que recurrirá la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La compañía argumenta que la responsabilidad de obtener licencias corresponde a los propietarios de las viviendas, no a la plataforma que conecta oferta y demanda. La empresa considera que su rol es facilitar el contacto entre anfitriones y viajeros, no sustituir a las administraciones públicas en funciones de inspección y control territorial.
El proceso judicial previsiblemente se prolongará durante varios años antes de obtener una resolución definitiva sobre la legalidad de la sanción. Mientras tanto, Airbnb deberá hacer frente al pago de la multa o garantizarla mediante aval bancario si desea suspender su ejecución durante la tramitación del recurso judicial. La compañía no ha precisado públicamente qué estrategia adoptará respecto al pago o afianzamiento de la sanción impuesta.
