Estados Unidos vuelve a poner presión sobre uno de los pilares de la economía chilena: el cobre. Esta semana, la administración de Donald Trump anunció su intención de aplicar un arancel del 50% al cobre chileno si no se revisan los términos de acceso al mercado estadounidense, una amenaza que aún no se ha oficializado pero ya genera un temblor político y económico en Santiago.
El gobierno chileno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró no haber recibido ninguna comunicación formal y llamó a la prudencia. Codelco, la empresa estatal y mayor productora de cobre del mundo, informó que mantiene conversaciones técnicas con sus compradores en EE.UU. para clarificar la situación y, mientras tanto, adelanta envíos para mitigar la incertidumbre en caso de que la medida se concrete.
Chile es responsable de aproximadamente el 28% de la producción mundial de cobre. El metal no es solo un producto de exportación: es la columna vertebral fiscal y estratégica del país. La noticia se produce en un momento clave, cuando el cobre ha alcanzado precios récord impulsado por la transición energética global, la demanda de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de energías limpias que requieren grandes cantidades de este mineral.
Sin embargo, Estados Unidos apunta a diversificar sus proveedores estratégicos para reducir la dependencia de ciertos países y usar los aranceles como palanca de negociación comercial y geopolítica. Para Chile, la imposición de un arancel de este calibre sería un golpe directo a su economía, con impacto en empleo, recaudación fiscal y tipo de cambio. La medida también pondría en entredicho el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde 2004, y abriría la puerta a represalias en otras áreas comerciales.
El contexto no es menor. El expresidente Trump, candidato a regresar a la Casa Blanca este noviembre, ha reforzado su discurso proteccionista en plena campaña, prometiendo aranceles generalizados a los productos chinos y renegociaciones con socios estratégicos para “proteger los empleos americanos”. Chile, a pesar de ser un aliado político tradicional, no escapa de la lógica transaccional que guía la política exterior trumpista.
Para el gobierno del presidente Gabriel Boric, la crisis cobra un matiz adicional. Chile busca reposicionarse como potencia minera verde, apostando por el cobre “responsable” y el litio como motores de su economía futura. Un cierre parcial o encarecimiento de su acceso al mercado estadounidense obligaría a redoblar la apertura hacia Asia, especialmente China, que ya absorbe más de la mitad de su producción, y consolidar rutas con India, Corea del Sur o el sudeste asiático.
Expertos advierten, además, que un eventual arancel estadounidense incentivaría nuevas inversiones en países competidores como Perú, Indonesia o la propia China, que controla importantes proyectos de cobre en África y Latinoamérica. Por otro lado, la Unión Europea busca cerrar este año su tratado modernizado con Chile, incluyendo facilidades para el comercio de materias primas estratégicas.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado el alcance de los aranceles ni si incluirán concentrados, refinados u otros derivados. Codelco, que produjo más de 1,45 millones de toneladas en 2024, evalúa escenarios de impacto y confía en posibles exenciones para segmentos específicos, según fuentes consultadas por Reuters.
En un mundo tensionado por las guerras comerciales, las sanciones energéticas y la carrera tecnológica, el cobre chileno se confirma como un insumo geopolítico. Este episodio recuerda que el comercio internacional ya no es solo cuestión de precios y calidad, sino de poder y estrategia. Para Chile, mantener su liderazgo minero exigirá algo más que producción eficiente: requerirá diplomacia activa, diversificación de socios y visión de largo plazo ante un tablero global que cambia con velocidad.
