La Comisión Europea presentó el denominado Régimen 28 o EU Inc., destinado a unificar bajo un solo marco jurídico la creación de empresas en el bloque comunitario. El plan permitiría registrar una sociedad en 48 horas, con un coste máximo de 100 euros y sin capital social mínimo, como respuesta a la fragmentación normativa que frena la competitividad europea frente a Estados Unidos.
La Comisión Europea ha puesto en marcha en Bruselas una propuesta legislativa destinada a transformar las condiciones en que las empresas operan en el mercado interior comunitario. El denominado Régimen 28, bautizado también como EU Inc. en alusión a un hipotético Estado miembro sin trabas administrativas, crearía un marco jurídico supranacional que permitiría constituir cualquier sociedad en 48 horas, por vía digital, con un coste máximo de 100 euros y sin capital social mínimo. La iniciativa recoge el diagnóstico formulado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe sobre el mercado único.
El problema que el Régimen 28 pretende resolver es de escala y complejidad: las empresas europeas se enfrentan actualmente a 27 ordenamientos jurídicos distintos y más de 60 registros mercantiles nacionales. Esta fragmentación obliga a las compañías, especialmente a las pequeñas y medianas, a adaptar sus estructuras a cada legislación cuando quieren expandirse a otro Estado miembro, lo que eleva los costes y desincentiva el crecimiento transfronterizo. Actualmente, registrar una empresa puede implicar meses de trámites y superar los 25.000 euros en algunos países del bloque.
La Comisión plantea que las empresas acogidas al nuevo régimen —un marco voluntario que convive con los ordenamientos nacionales existentes— dispongan de mayor libertad para operar en cualquier Estado miembro. Sin obligación de crear una filial local, de designar un representante en cada país ni de abrir una cuenta corriente bancaria en el territorio donde actúen. Una «ventanilla única» digital conectaría los registros mercantiles nacionales y centralizaría los trámites a escala de toda la Unión Europea (UE), eliminando la necesidad de reintroducir documentación ante cada administración.
Un solo marco para 27 ordenamientos jurídicos
El reglamento propuesto no afectará a las regulaciones laborales o fiscales de cada Estado miembro, que permanecerán bajo soberanía nacional. Su alcance se circunscribe al ámbito mercantil: la constitución de sociedades, los procedimientos de liquidez y las normas de representación. La propuesta elimina los trámites presenciales; todas las operaciones de financiación podrán realizarse en línea, y tampoco será obligatoria la intervención de intermediarios para las transferencias de acciones ni para los procesos de insolvencia, según el texto del Ejecutivo comunitario presentado ayer en Bruselas.
Para reforzar la solidez del sistema, la Comisión recomienda la creación de juzgados especializados en asuntos mercantiles. El proceso de liquidación de créditos se agilizará, y la representación legal por abogado pasará a ser optativa. También se propone admitir por defecto la propuesta del «administrador concursal» —figura equivalente a un gestor de quiebras— en ausencia de oposición expresa del acreedor. El conjunto de medidas aspira a reducir el tiempo y el coste que implican hoy los procesos de insolvencia en los países de la UE.
La etiqueta de empresa innovadora
El Régimen 28 incluye un segundo elemento diferencial: la categoría de «empresa innovadora», a la que podrán acogerse las sociedades que destinen al menos el 10% de sus costes operativos a investigación y desarrollo, o el 5% de sus ingresos totales. Esta etiqueta no es solo administrativa: la Comisión aspira a que se convierta en un estándar reconocido en todo el mercado único, de modo que los Estados miembros la incorporen en sus marcos regulatorios como referencia de política industrial y fiscal.
El comisario europeo de Democracia y Justicia, Michael McGrath, presentó la iniciativa en Bruselas y subrayó su dimensión estratégica ante la presión competitiva de Estados Unidos. «Debemos incentivar a las empresas para que permanezcan en Europa», declaró, en referencia al fenómeno de relocalización de compañías tecnológicas europeas hacia el mercado norteamericano. McGrath enmarcó el plan como una herramienta para retener el tejido empresarial del continente y disuadir los traslados de sede al otro lado del Atlántico, una preocupación que ha crecido en los últimos años.
Reacciones y obstáculos pendientes
La propuesta fue acogida con valoraciones encontradas. En España, las asociaciones del sector tecnológico Adigitaly y EsTech la recibieron con interés pero reclamaron mayor ambición: «La propuesta presentada es un primer paso en la dirección adecuada», señalaron ambas organizaciones, al tiempo que exigían avanzar hacia una armonización más profunda de los registros empresariales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la respaldó públicamente tras su aprobación en el Colegio de Comisarios —el órgano colegiado de los comisionados europeos— al considerar que «facilitará enormemente la creación y el crecimiento de las empresas en Europa».
El camino legislativo del Régimen 28 no estará, sin embargo, exento de fricciones. La propuesta deberá superar el proceso de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde los Estados miembros tendrán que alcanzar un acuerdo. Los grupos Socialistas y Demócratas y los Verdes en la Cámara han expresado reservas ante el componente desregulador del plan, que señalan como un riesgo para determinados estándares de protección. La legislación nacional en materia de empleo y asuntos sociales queda, en todo caso, formalmente fuera del alcance del nuevo reglamento.
El Régimen 28 es el décimo paquete de medidas de la agenda de simplificación administrativa y desregulación de la Comisión Von der Leyen. El Ejecutivo comunitario confía en tener el proyecto listo antes de que concluya 2026, aunque los plazos finales dependerán del ritmo de las negociaciones interinstitucionales. Si prospera, EU Inc. representaría la transformación más profunda del entorno jurídico empresarial en la UE desde la consolidación del mercado único, con el potencial de modificar las condiciones en que operan millones de empresas en todo el continente.
