La Comisión Europea autorizó el mecanismo de capacidad del sistema eléctrico español, una herramienta diseñada para garantizar el suministro en momentos de escasez que tendrá un coste de 900 millones de euros anuales durante diez años, con un total de 9.000 millones. La medida, que arrancó en 2021 y fue presentada en Bruselas en 2023, no es una respuesta directa al apagón peninsular de abril de 2025, aunque ese episodio aceleró su valoración. El coste recaerá sobre los consumidores a través de la factura eléctrica.
La Comisión Europea dio luz verde al mecanismo de capacidad del sistema eléctrico español, un instrumento que el Gobierno de Pedro Sánchez había diseñado a partir de 2021 para garantizar el suministro eléctrico en los momentos de mayor demanda y que fue presentado formalmente ante Bruselas en 2023. La autorización, bajo las normas de ayudas estatales de la Unión Europea (UE), habilita al Ejecutivo español a garantizar pagos a los grandes generadores y a las industrias gran consumidoras de energía durante los próximos diez años, con un coste de 900 millones de euros anuales y un importe total de 9.000 millones.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, valoró la decisión: «Ahora más que nunca, necesitamos un suministro eléctrico seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a garantizar esta seguridad, siempre que se diseñen de tal forma que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados energéticos».
Pese al nombre que le han atribuido algunos medios, el mecanismo no es una respuesta urgente al apagón que dejó a oscuras gran parte de la península ibérica en abril de 2025. La medida tiene su origen en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y lleva años en tramitación. Lo que sí es cierto es que el episodio de 2025 influyó en la valoración de una iniciativa que lleva el sello de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, quien se autorecusó de este asunto por conflicto de interés al tratarse de una medida del Gobierno del que formó parte.
Qué es el mecanismo de capacidad y para qué sirve
Un mecanismo de capacidad es un instrumento de política energética que garantiza a los generadores eléctricos —principalmente las centrales de ciclos combinados de gas— y a las grandes industrias consumidoras una retribución asegurada a cambio de comprometerse a estar disponibles cuando el sistema lo necesite. En el caso de los generadores, el compromiso es arrancar rápidamente ante picos de demanda; en el de las industrias, es reducir o ceder su consumo en momentos críticos para que esa energía pueda redistribuirse hacia el conjunto del sistema.
A diferencia de los mecanismos más antiguos, el sistema español estará abierto a «todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan disponibilidad en tiempos de escasez», según explicaron fuentes comunitarias, lo que incluye tecnologías como el almacenamiento hidráulico y en baterías. Esta apertura es relevante porque ofrece a los inversores en nuevas tecnologías una señal económica clara sobre la rentabilidad de sus proyectos, algo que hasta ahora faltaba en el mercado eléctrico español. El mecanismo funcionará como una red de seguridad gestionada por Red Eléctrica, el operador del sistema, que podrá activar los recursos comprometidos cuando la generación renovable no sea suficiente para cubrir la demanda.
Por qué lo necesitaba el visto bueno de Bruselas
El Gobierno español necesitaba la autorización de la Comisión Europea porque los pagos garantizados a generadores privados se consideran ayudas de Estado bajo la normativa comunitaria. Sin ese visto bueno, el Ejecutivo no podría haber asegurado legalmente las retribuciones prometidas a las grandes energéticas, lo que habría puesto en riesgo la viabilidad del mecanismo: sin garantía de pago, las empresas no tienen incentivo para comprometerse a mantener capacidad disponible en lugar de desmantelar instalaciones como los ciclos combinados, que pasan gran parte del año sin arrancar debido a que la generación renovable cubre la mayor parte de la demanda.
La Comisión determinó que la medida es «necesaria» y «proporcionada», con salvaguardas para evitar que los precios para los consumidores suban excesivamente o que se distorsione la competencia transfronteriza. Los proveedores de capacidad se seleccionarán mediante un proceso de licitación competitiva, lo que introduce un elemento de mercado en la asignación de las ayudas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Sara Aagesen, agradeció a la Comisión «el intenso trabajo realizado» y confirmó que espera aprobar la medida «durante las próximas semanas».
Quién paga: el cargo en la factura eléctrica
El mecanismo no es gratuito para los consumidores. Los 9.000 millones de euros que costará durante la próxima década se financiarán mediante un cargo que se sumará a los conceptos regulados de la factura de la luz, junto a otros costes del sistema eléctrico como el transporte, la distribución y las primas a las renovables. «Se consideran ayudas de Estado al ser el Gobierno el que decide asignar dinero a empresas privadas concretas», precisó una fuente comunitaria al explicar por qué era necesaria la autorización de Bruselas.
La cuantía exacta que cada consumidor pagará dependerá de cómo el Gobierno decida repercutir el coste del mecanismo en la tarifa, algo que aún no está definido públicamente. El Ministerio de Transición Ecológica señaló que el objetivo del mecanismo es «asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono». La aprobación llega en un contexto de precios energéticos elevados por la guerra de Irán, lo que añade presión sobre una factura que los hogares y las empresas españolas ya están soportando con dificultad.
