Los fondos oportunistas que litigan contra España por el recorte de las primas a las energías renovables han logrado que la justicia estadounidense autorice el embargo de activos españoles en todo el territorio de Estados Unidos durante la celebración del Mundial de Fútbol, previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio. Entre los bienes susceptibles de embargo figuran subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión.
Los acreedores que litigan contra España por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables aplicado tras la reforma eléctrica de 2013 han intensificado su estrategia de presión hasta alcanzar un objetivo sin precedentes: lograr que la justicia estadounidense autorice el embargo de activos y bienes españoles como medida cautelar para garantizar el cobro de las indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales. La amenaza se extiende ahora a la participación de la selección española de fútbol en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. Los demandantes han advertido de que extenderán sus peticiones de embargo a todos los territorios donde el conjunto nacional se desplace durante el torneo.
La deuda reclamada asciende a más de 1.800 millones de euros, cifra que escala hasta los 2.300 millones si se suman las costas de los litigios, los intereses legales y la mora acumulada. Los fondos oportunistas que han adquirido los derechos de representación y cobro en estos pleitos han obtenido luz verde de la justicia estadounidense para rastrear activos y bienes susceptibles de embargo en todo el territorio de Estados Unidos, incluidas las cuentas bancarias de proveedores de la selección española. La resolución de la justicia del Distrito de Columbia, consultada por este periódico, data del 10 de abril y acredita el alcance de la autorización judicial.
El origen: la reforma eléctrica de 2013
El conflicto tiene su raíz en las medidas adoptadas por el Gobierno español en 2013 para reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico. La reforma recortó de forma retroactiva las primas que percibían los inversores en energías renovables —principalmente solar fotovoltaica y termosolar— que habían acudido al mercado atraídos por un marco regulatorio que el Estado modificó unilateralmente. Decenas de empresas e inversores extranjeros recurrieron a los mecanismos de arbitraje internacional previstos en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un instrumento multilateral que protege las inversiones en el sector energético entre los países firmantes.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial, dictó 27 laudos contrarios a España, que los demandantes consideran sentencias firmes. La defensa española ha argumentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ese organismo ha limitado la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros, y que la Comisión Europea debe autorizar dichos pagos antes de que puedan ejecutarse. El Ciadi aceptó los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos al considerar que tienen carácter de sentencia firme.
La justicia estadounidense abre la puerta
Durante el último semestre de 2025, el Tribunal del Distrito de Columbia asumió el criterio del Tribunal de Apelaciones de ese distrito federal, que un año antes había rechazado que España gozara de inmunidad soberana para eludir el pago de las indemnizaciones. Esa decisión abrió la puerta a que los demandantes solicitaran el embargo de activos y bienes españoles en Estados Unidos. Los fondos oportunistas, encabezados por Blasket Renewable Investments, solicitaron el embargo de activos españoles en varios países, entre ellos Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, para tratar de asegurar una deuda que en este momento supera los 2.300 millones.
En ese contexto, los demandantes solicitaron también ante la justicia estadounidense el requerimiento judicial de diversa información bancaria y de contratos, incluyendo facturas, recibos, registros de transacciones, estados de cuenta y confirmaciones de transferencias bancarias a proveedores de la selección española durante el Mundial. La justicia de Columbia ha autorizado desplegar las actuaciones en todo el territorio estadounidense, y no solo en Washington. Entre las empresas afectadas figuran Adidas, las cadenas hoteleras Vision Hospitality y Hilton, y la Baylor School, en Chattanooga, Tennessee, cuyas instalaciones deportivas han sido elegidas como campamento base del equipo nacional.
Qué activos pueden ser embargados
El rastreo de activos puede realizarse de forma muy amplia una vez que la justicia de Columbia ha autorizado las actuaciones. Los acreedores buscan cualquier fuente de financiación susceptible de embargo: subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión son los mencionados explícitamente en la documentación judicial consultada. La resolución permite a los fondos reclamar información bancaria detallada a los proveedores del equipo español, lo que convierte la participación en el Mundial en un vector de presión sobre el Estado español al margen de los canales diplomáticos y jurídicos habituales.
Ante la negativa del Estado español a satisfacer las indemnizaciones reconocidas en los laudos, los fondos oportunistas han optado por una estrategia de ejecución forzosa que aprovecha la presencia internacional de activos públicos españoles. El Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre el alcance de la autorización judicial del 10 de abril. La disputa pone de manifiesto una tensión de fondo que afecta a varios países europeos: la colisión entre el Derecho de la Unión, que restringe la ejecución de los laudos del Ciadi entre Estados miembros, y los tribunales de terceros países, que no están vinculados por esa limitación y pueden ejecutar las sentencias arbitrales con plena eficacia sobre los activos que los Estados tienen en su territorio.
