Ursula von der Leyen afronta su sexto discurso sobre el estado de la Unión con más frentes abiertos que en años anteriores. El avance de la ultraderecha, el giro migratorio acelerado por la crisis de Ceuta, las tensiones con Donald Trump, el retraso de las reformas económicas, la guerra de Ucrania y las amenazas híbridas ponen a prueba a una Comisión obligada a demostrar que Europa puede transformar sus grandes objetivos en resultados.
Ursula von der Leyen llega este miércoles al Parlamento Europeo con una pregunta que desborda el tradicional balance anual de la Comisión. La cuestión es hasta qué punto la Unión Europea dispone de capacidad política, económica y estratégica para responder a un entorno que cambia con mucha mayor rapidez que sus mecanismos de decisión. El sexto discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión coincide con un deterioro de la relación transatlántica, una guerra prolongada en Ucrania, el ascenso de la ultraderecha y una nueva escalada del debate migratorio después de la crisis de Ceuta.
El problema no reside únicamente en la acumulación de amenazas exteriores. La mayoría europeísta que sostiene a Von der Leyen se ha debilitado, el Partido Popular Europeo (PPE) ha alcanzado acuerdos con la ultraderecha en cuestiones relevantes y algunas de las grandes reformas anunciadas por Bruselas avanzan lentamente. La distancia entre los objetivos proclamados y los resultados obtenidos empieza a convertirse en una vulnerabilidad política. El discurso llega así menos condicionado por la necesidad de anunciar nuevos proyectos que por la exigencia de explicar cómo pretende ejecutar los que Europa ya tiene sobre la mesa.
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Una Europa que pierde confianza en sí misma
El estado de ánimo de los europeos ofrece un punto de partida poco favorable. Una encuesta del European Council on Foreign Relations publicada el 9 de septiembre muestra que el 68% de los consultados considera que Europa atraviesa un periodo de «declive» o «deterioro». Solo el 12% percibe una etapa de renovación y el 56% cree que el futuro de la UE está «en peligro». Existe, sin embargo, una aparente paradoja: el 73% reclama al mismo tiempo una Europa más unida e integrada.
Von der Leyen tendrá que responder a esa demanda cuando algunas de las principales reformas destinadas a reforzar la autonomía europea siguen atascadas. Mario Draghi presentó hace dos años un diagnóstico sobre la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China y reclamó inversiones masivas, integración de los mercados de capitales, profundización del mercado único y reducción de dependencias estratégicas. A finales de julio, apenas el 15,7% de sus 383 recomendaciones estaba plenamente aplicado y otro 41,3% lo estaba parcialmente.
El problema es tanto económico como político. Buena parte de las reformas depende de unos Estados miembros que continúan protegiendo competencias e intereses nacionales. Bruselas dispone de diagnósticos cada vez más precisos sobre sus vulnerabilidades, pero encuentra mayores dificultades para transformar esos consensos técnicos en decisiones. El discurso de Von der Leyen deberá mostrar si la Comisión dispone de una estrategia para cerrar esa brecha entre ambición y ejecución.
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Trump obliga a Europa a buscar otros aliados
La presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, introduce una dimensión geopolítica excepcional. Será el primer jefe de Gobierno que asista a un discurso sobre el estado de la Unión. Canadá y la UE negocian una relación más estrecha en un momento en que ambos reconsideran su tradicional dependencia de Estados Unidos. Carney habla de construir una «alianza única» que podría abarcar energía, inteligencia artificial, defensa, minerales críticos y la movilidad de trabajadores vinculados a sectores estratégicos.
Donald Trump está acelerando ese acercamiento. Canadá mantiene una difícil disputa comercial con Washington y Europa ha evitado hasta ahora una guerra arancelaria generalizada mediante el acuerdo alcanzado por Von der Leyen con el presidente estadounidense. El pacto tuvo un coste político para la presidenta de la Comisión y tampoco ha eliminado las amenazas de nuevas medidas comerciales estadounidenses. Las sanciones europeas a las grandes tecnológicas o el apoyo a Dinamarca frente a las pretensiones de Trump sobre Groenlandia pueden desencadenar nuevas tensiones.
La relación con China completa el desafío. Bruselas negocia con Pekín cómo corregir un desequilibrio comercial creciente que ya no responde simplemente a las importaciones europeas de productos baratos. China se ha convertido en una potencia exportadora de tecnología y ha golpeado particularmente a una industria alemana que durante años confió en su ventaja competitiva. Berlín se aproxima ahora a las posiciones francesas favorables a una política comercial europea más exigente.
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La ultraderecha erosiona la mayoría de Von der Leyen
El crecimiento de Alternativa para Alemania (AfD) ha reactivado una preocupación que recorre prácticamente toda la Unión. «Europa está ante una elección clara: actuar conjuntamente o aceptar que otros decidan en nuestro lugar», advierte la presidenta de Renew Europe, Valérie Hayer. La dirigente liberal reclama que las fuerzas europeístas no permitan a la ultraderecha presentar «un pasado fantasmado» como respuesta a los problemas contemporáneos.
Pero la frontera entre la mayoría europeísta y la ultraderecha se ha vuelto menos nítida durante la actual legislatura. El PPE de Von der Leyen ha alcanzado acuerdos con fuerzas situadas a su derecha en asuntos relacionados con inmigración y desregulación. La estrategia ha deteriorado especialmente la relación con los socialdemócratas, segundo grupo de la Eurocámara, cuya presidenta, Iratxe García, exige recuperar la lealtad entre las fuerzas que permitieron constituir la actual Comisión.
El calendario aumenta la presión. Cerca de la mitad de la población de la UE estará llamada a las urnas en 2027, con elecciones relevantes en países como Francia, España, Italia, Polonia o Finlandia. El dilema para Von der Leyen consiste en responder a las preocupaciones que alimentan a la ultraderecha sin asumir progresivamente sus planteamientos. El resultado de AfD en Alemania ha reforzado precisamente el debate sobre si aproximarse a esas posiciones contiene su crecimiento o termina legitimándolas.
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Ceuta acelera el endurecimiento migratorio
La crisis de Ceuta ha irrumpido en un debate europeo que ya avanzaba hacia políticas más restrictivas. La llegada de más de 70.000 migrantes a finales de julio provocó una rápida sucesión de propuestas de endurecimiento, pese a que las solicitudes de asilo en la Unión descendieron un 17% durante el primer semestre de 2026. La presión política sobre las fronteras aumenta mientras algunos de los principales indicadores migratorios evolucionan en sentido contrario.
El Pacto sobre Migración y Asilo está entrando progresivamente en vigor, pero varios gobiernos quieren ir más lejos. La Comisión ha validado la posibilidad de establecer centros de retorno fuera de las fronteras comunitarias y Dinamarca, Alemania, Austria, Grecia y Países Bajos buscan emplazamientos para estas instalaciones. Son algunos de los países que, alrededor de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, llevan tiempo reclamando «soluciones innovadoras» para externalizar parte de la gestión migratoria.
Ceuta ha proporcionado nuevos argumentos a quienes consideran insuficiente el pacto. El PPE reclama ahora un «mecanismo de urgencia europeo» y «herramientas excepcionales» para responder a entradas masivas. La crisis plantea además una cuestión que afecta directamente al modelo europeo: cuánto puede depender la protección de sus fronteras de la cooperación con terceros países como Marruecos. Von der Leyen deberá decidir si ofrece nuevas concesiones al bloque partidario de profundizar el endurecimiento o intenta contener una nueva escalada migratoria.
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Ucrania y las amenazas híbridas ponen a prueba la autonomía europea
La guerra de Ucrania continúa siendo el principal desafío de seguridad. La Unión ha comprometido un préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, de los que 60.000 millones estarán destinados a defensa. Pero Kiev afronta solamente este año un déficit financiero estimado en unos 27.000 millones. A esa presión económica se suma la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense y la capacidad europea para sostener durante años su apoyo militar y financiero.
La amenaza tampoco se limita al frente ucraniano. Sabotajes contra infraestructuras, ciberataques, interferencias en las comunicaciones, campañas de desinformación e intentos de injerencia electoral se multiplican por debajo del umbral de una confrontación militar abierta. Europa debe decidir no solo cómo protegerse, sino cuándo estas actuaciones pueden considerarse hostiles y qué respuesta colectiva corresponde aplicar. La propia crisis de Ceuta ha introducido el concepto de amenaza híbrida en un debate hasta ahora concentrado fundamentalmente en Rusia.
La soberanía tecnológica forma parte del mismo problema. Europa dispone del Reglamento de Servicios Digitales y de la Ley de Inteligencia Artificial, con nuevas obligaciones desde agosto sobre contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial y deepfakes. La Comisión investiga además a grandes plataformas por los riesgos relacionados con procesos electorales y desinformación. La dificultad ya no consiste únicamente en aprobar una regulación avanzada, sino en hacerla cumplir y conseguir que Europa no se limite a establecer las reglas de tecnologías que producen fundamentalmente otros.
Von der Leyen conoce el coste de anunciar decisiones que después quedan bloqueadas. El año pasado planteó suspender la parte comercial del acuerdo de cooperación con Israel y la Comisión presentó finalmente la propuesta, pero la iniciativa quedó paralizada en el Consejo. Algo semejante ocurre con buena parte del programa de competitividad diseñado a partir del informe Draghi. El discurso sobre el estado de la Unión llega esta vez con una exigencia distinta: demostrar que la Unión puede convertir su capacidad regulatoria, económica y diplomática en poder efectivo.
El debate deja así abiertas varias respuestas posibles ante futuras crisis. Una pasa por reforzar las fronteras, Frontex, los retornos y los mecanismos de expulsión hacia terceros países. Otra propone utilizar los acuerdos políticos, comerciales y migratorios para castigar a los países que incumplan sus compromisos. Frente a ambas, la Comisión insiste en mantener la cooperación con Marruecos como instrumento para controlar las entradas y ejecutar los retornos. Ceuta ha trasladado esas diferencias desde la frontera española hasta el centro de una discusión europea que afecta al modelo con el que la Unión pretende gestionar sus fronteras exteriores.
