La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026 registra la destrucción de 170.300 empleos, una tasa de paro del 10,83% y 850.700 hogares con todos sus miembros activos sin trabajo. Es el peor arranque laboral desde 2013. Expertos, instituciones y sindicatos coinciden en el diagnóstico aunque difieren en las causas y en el alcance real del retroceso.
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha confirmado el peor arranque laboral del mercado de trabajo español en más de una década. En los tres primeros meses del año se destruyeron 170.300 empleos, el número de personas en paro aumentó en 231.500 y la tasa de desempleo escaló hasta el 10,83%, el nivel más alto entre los socios de la Unión Europea (UE). El deterioro no responde a un único factor, sino a la confluencia del impacto energético de la guerra de Irán, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el agotamiento de varios efectos positivos del ciclo anterior.
El dato más expresivo del retroceso es la cifra de hogares con todos sus miembros activos sin trabajo: 850.700, un incremento de 78.500 en un solo trimestre. En paralelo, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 121.300, hasta quedar en 12.045.000. El consenso diagnóstico entre instituciones públicas, organismos de análisis, patronal y sindicatos es inusualmente amplio: el primer trimestre de 2026 ha sido el más adverso para el empleo en España desde 2013.
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El peor primer trimestre en trece años
La EPA del primer trimestre de 2026 ofrece un cuadro sin atenuantes. Se destruyeron 170.300 empleos, el desempleo aumentó en 231.500 personas y la tasa de paro quedó fijada en el 10,83%, la más elevada de la UE. Desde que el mercado laboral comenzó su recuperación tras la Gran Recesión, ningún arranque de año había registrado un retroceso de esta magnitud. El contexto geopolítico pesa directamente sobre el dato: el encarecimiento energético derivado del cierre del Estrecho de Ormuz ha deteriorado los márgenes de sectores intensivos en consumo y ha contenido la inversión empresarial.
El indicador de hogares con todos sus activos en paro ilustra la dimensión doméstica del problema. Las 850.700 unidades familiares en esa situación no representan solo una estadística de desempleo: son hogares sin ningún ingreso laboral, con la presión añadida de un entorno inflacionario que ha encarecido la cesta básica de consumo. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO), subraya que el resultado «sube el paro, a pesar de las actividades vinculadas a la Semana Santa», el factor estacional que habitualmente amortigua el impacto del primer trimestre.
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La fractura entre empleo público y empleo privado
Bajo el dato agregado de destrucción de empleo se oculta una divergencia que merece atención específica. El sector privado y el público no se han comportado de la misma manera en este trimestre. Según el análisis de USO, «el empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas», hasta situarse en 18.630.500 trabajadores, mientras que el empleo público creció en 21.100, hasta alcanzar los 3.662.500. Esta asimetría alimenta el debate sobre el papel del sector público como amortiguador en periodos de contracción de la actividad privada y sobre su sostenibilidad a largo plazo.
El desglose por modalidad contractual ofrece un mapa detallado del retroceso. El empleo a tiempo completo cayó en 116.500 personas y el de tiempo parcial en 53.800. Los asalariados se redujeron en 102.900, con una pérdida de 17.600 trabajadores con contrato indefinido y 85.400 con contrato temporal. A ello se suma la salida de 68.600 autónomos del mercado en el periodo. El patrón resultante revela una contracción que ha afectado sin excepción a todas las modalidades laborales del sector privado, con independencia del tipo de vínculo contractual.
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Los fijos discontinuos, fuera del radar oficial
La EPA no contabiliza como desempleados a los trabajadores fijos discontinuos que se encuentran en periodo de inactividad entre campañas. En el primer trimestre de 2026, ese colectivo asciende a 907.000 personas, distribuidas en dos grupos con perfiles distintos: 310.000 buscan activamente otro empleo pero no están disponibles para incorporarse de inmediato, y 596.000 no buscan trabajo ni están en disposición de trabajar. La metodología del INE clasifica a ambos grupos fuera de la categoría estadística de desempleados, lo que excluye casi un millón de personas del cómputo oficial.
La implicación cuantitativa de esta exclusión es significativa. Fernández Santillana, de USO, calcula que incorporar a los fijos discontinuos inactivos al cómputo real del desempleo llevaría la cifra de personas sin empleo efectivo hasta los 3,7 millones, frente a los algo más de tres millones que registra la EPA en su metodología estándar. El crecimiento sostenido de este tipo de contratos —uno de los efectos de la reforma laboral de 2022— ha generado una brecha creciente entre el paro oficial y la realidad del mercado de trabajo, que distintos analistas y sindicatos vienen señalando desde hace varios trimestres.
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Lo que dicen las instituciones: AIReF, Banco de España, Funcas y CEOE
El deterioro del mercado laboral ha encontrado un diagnóstico ampliamente compartido entre los principales organismos de referencia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para el primer trimestre al 0,3%, frente al 0,8% registrado en el último trimestre de 2025, tras incorporar los datos de la EPA a su modelo de previsión en tiempo real. La cifra supone una desaceleración sustancial que el organismo vincula directamente al impacto del choque energético sobre la actividad económica.
El Banco de España reconoció la debilidad del periodo aunque matizó que parte del ajuste responde a factores estacionales y recomendó atender a las series desestacionalizadas para evaluar la tendencia de fondo. Funcas califica el trimestre como negativo sin hablar por ahora de cambio estructural. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apunta a una combinación de factores: el impacto de la guerra de Irán sobre los costes energéticos, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la incertidumbre política y el incremento de la presión fiscal sobre las empresas. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), pese a insistir en el componente estacional, reconocen igualmente el deterioro del trimestre.
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El contexto estructural: pobreza infantil, precio de la luz y lecturas políticas
Los datos de Eurostat añaden perspectiva estructural al diagnóstico coyuntural. España mantiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la UE, con cerca del 28% de menores en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra muy por encima de la media comunitaria que consolida una brecha persistente incluso en los años de expansión económica. En materia energética, la oficina estadística europea señala que la moderación de los precios mayoristas de la electricidad no se traslada de forma homogénea al recibo final de los consumidores españoles, donde impuestos, peajes y costes regulados mantienen la factura por encima de la media europea. La publicación francesa conservadora Le Point fue más allá en su diagnóstico, afirmando que el modelo de crecimiento español desde 2019 se ha financiado con deuda pública que supera en términos absolutos al incremento del PIB registrado en el mismo periodo.
Las lecturas políticas del dato han seguido líneas previsiblemente opuestas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, evitó centrar el mensaje en el retroceso trimestral y defendió que «España está siendo capaz de crear más empleos y además empleos de más calidad», poniendo en valor la tendencia larga de creación de empleo frente al ajuste puntual. El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular (PP), Juan Bravo, trasladó el foco al poder adquisitivo de los hogares y señaló que «el precio de la cesta de la compra ha subido hasta un 42%», reclamando una reforma fiscal que alivie la presión sobre autónomos y clases medias. El debate sobre cómo leer un mismo mercado laboral desde ángulos tan distintos resume, en sí mismo, buena parte del conflicto político que rodea la EPA de este primer trimestre.
