Cerca de 2.500 menores han sido ya detectados en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y el Gobierno admite que pueden quedar cientos sin identificar. La exigencia del PP y Vox de devolverlos a Marruecos ha convertido su situación en uno de los principales campos de batalla política, pese a que la legislación permite retornos únicamente mediante procedimientos individualizados y con garantías.
La situación de los menores se ha convertido en uno de los problemas más complejos de la crisis de Ceuta. No solo por su número y por la saturación de los servicios de protección, sino porque alrededor de ellos se está librando una disputa que mezcla derecho de extranjería, reparto territorial y confrontación política. El Gobierno calcula que tiene localizados entre 2.400 y 2.500 niños y adolescentes, aunque admite que otros pueden seguir sin identificar.
Alberto Núñez Feijóo reclamó durante su visita a Ceuta que regresen todos los que entraron irregularmente, «ni mayores ni menores», argumentando que la legislación de protección no contempla situaciones de «ocupación e invasión». La jurisprudencia establece, sin embargo, que una llegada masiva no permite prescindir de las garantías legales. El Tribunal Supremo ya resolvió esa cuestión después de las devoluciones de menores realizadas durante la crisis de 2021.
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La ley no impide los retornos, pero sí devoluciones colectivas
La Ley de Extranjería contempla expresamente la posibilidad de repatriar a un menor extranjero no acompañado. Lo que impide es hacerlo automáticamente. Una vez determinada la minoría de edad, el niño queda bajo protección y debe abrirse un procedimiento destinado a conocer sus circunstancias personales y familiares. La Administración puede estudiar entonces una reunificación con su familia o su entrega a servicios adecuados de protección en el país de origen. El criterio rector debe ser siempre el interés superior del menor.
Eso significa que presentar la discusión como una elección entre mantener indefinidamente a todos los menores en España o devolverlos a todos a Marruecos plantea una alternativa inexistente en el ordenamiento. Los retornos son posibles cuando concurren las condiciones necesarias, pero cada expediente requiere identificación, información sobre el entorno familiar, audiencia del menor cuando corresponda e intervención de las autoridades competentes. También debe garantizarse que, si regresa, será recibido por su familia, un tutor o un sistema de protección adecuado.
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El Supremo ya fijó los límites después de la crisis de 2021
España dispone además de un precedente particularmente claro. Después de la entrada masiva de 2021, las autoridades comenzaron a devolver a Marruecos menores no acompañados sin tramitar individualmente sus expedientes. El Tribunal Supremo declaró ilegales aquellas actuaciones en 2024 y censuró la «absoluta inobservancia» del procedimiento establecido en la normativa de extranjería. También rechazó que el carácter excepcional de una llegada masiva permitiera relajar el cumplimiento de la legalidad.
La existencia del acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en 2007 tampoco permite una devolución automática. El pacto facilita la cooperación para la protección y el retorno asistido de menores, pero no sustituye las garantías exigidas por la legislación española. El Supremo estableció igualmente que la aceptación de Marruecos no libera a las autoridades españolas de sus obligaciones constitucionales y legales. El precedente limita considerablemente el margen para reproducir ahora una operación colectiva semejante a la realizada hace cinco años.
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Europa exige retornos, pero también protección
La Comisión Europea ha endurecido su discurso durante la crisis. Su portavoz de Interior, Markus Lammert, afirmó que la expectativa comunitaria es que quienes hayan entrado ilegalmente en Ceuta sean devueltos a Marruecos. Bruselas ha insistido al mismo tiempo en el «deber» de España de proteger a los menores y en que cualquier actuación debe respetar las garantías específicas que les corresponden. La aparente contradicción desaparece al distinguir entre política de retorno y expulsión colectiva.
La normativa europea vigente obliga a tener en cuenta el interés superior del menor, su vida familiar y su estado de salud. Antes del retorno de un menor no acompañado debe comprobarse además que será entregado a un familiar, tutor o servicio de acogida adecuado. El endurecimiento de la política migratoria europea no elimina esas salvaguardas. Incluso el futuro Reglamento de Retorno, más restrictivo en diferentes aspectos, mantiene la asistencia, representación y audiencia del menor y las garantías sobre quién asumirá su protección en destino.
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Quinientas niñas muestran la dimensión inmediata del problema
Mientras continúa la batalla política, Ceuta debe atender a miles de menores. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha situado en torno a 2.500 los detectados y reconoce que pueden quedar cientos todavía fuera del sistema. El problema resulta especialmente urgente en el caso de las niñas, algunas de muy corta edad y otras procedentes de situaciones familiares particularmente complejas. Los recursos ceutíes difícilmente pueden absorber una presión semejante durante un periodo prolongado.
El Gobierno plantea trasladar a unas 500 niñas a la Península mediante organizaciones sociales, manteniendo formalmente Ceuta su tutela. La fórmula busca encontrar plazas sin depender exclusivamente de los mecanismos ordinarios de distribución territorial y aliviar unos centros desbordados. La oposición de comunidades gobernadas por PP y Vox, además de las resistencias de Junts, complica la respuesta. El conflicto revela así una de las contradicciones de la crisis: se reclama una solución inmediata mientras se dificulta el reparto de la carga asistencial necesaria para gestionar legalmente a los menores.
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La disputa política no puede sustituir al procedimiento
La exigencia de Feijóo de devolver a «todos» los migrantes ha acercado en este punto el discurso del PP al mantenido por Vox. El Gobierno ha respondido acusando a los populares de proponer una actuación contraria a derecho. Más allá de la confrontación partidista, el precedente de 2021 deja poco espacio para la ambigüedad sobre las devoluciones colectivas de menores. Otra cuestión diferente es que el Ejecutivo disponga de recursos administrativos suficientes para tramitar miles de expedientes individualizados con la rapidez que exige una ciudad sometida a una presión excepcional.
Ese es precisamente el terreno en el que debería medirse la capacidad de respuesta. El Estado puede estudiar retornos y ejecutarlos cuando cumplan las condiciones legales. Puede derivar menores a otros recursos y debe reforzar los servicios que permitan identificarlos y conocer su situación. Lo que no puede hacer es convertir una categoría administrativa, «menor extranjero», en una autorización colectiva para expulsar. La crisis plantea un enorme problema de gestión, recursos y cooperación con Marruecos. El Estado de derecho determina los instrumentos con los que puede afrontarse.
