El juez José Luis Calama firmó el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero el mismo día en que se proclamaron los resultados de las elecciones andaluzas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registró su despacho y las empresas vinculadas a su entorno en el marco de la denominada Operación Tíbet. El documento de 88 páginas señala una consultora pantalla, escuchas comprometedoras, un contrato de éxito y una sociedad en Emiratos Árabes.
José Luis Rodríguez Zapatero se preparaba para salir a correr el martes por la mañana cuando el agente que custodiaba la puerta de su vivienda en Las Rozas, Madrid, le dio el aviso: «Está aquí la policía judicial». Los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) venían a entregarle en mano su imputación por tráfico de influencias, un disco con documentación del caso cuyo secreto acababa de levantarse y una citación para comparecer ante la Audiencia Nacional el 2 de junio. Era la primera vez que esto ocurría con un expresidente del Gobierno en la historia de la democracia española, y el operativo se había preparado al milímetro.
El auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, tiene 88 páginas y sitúa a Zapatero como presunto líder de una «estructura organizada y estable» de tráfico de influencias que operó entre 2020 y 2025. Zapatero niega los cargos y asegura que todos los pagos recibidos son legales. Lo que sigue es una reconstrucción de los elementos centrales del documento judicial y del operativo policial que ha convertido el caso Plus Ultra en la causa penal más relevante de la democracia española.
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El día de la imputación: la UDEF en Las Rozas
El juez Calama llevaba semanas trabajando en el auto cuando decidió esperar a que concluyeran las elecciones andaluzas del 17 de mayo para firmarlo. La fiscal anticorrupción Elena Lorente, a cargo del caso, no respondió al escrito de la UDEF hasta el lunes por la mañana, una vez proclamado ganador al candidato del Partido Popular (PP) Juan Manuel Moreno Bonilla. La decisión de no actuar durante la campaña buscaba evitar cualquier interferencia electoral. Ese mismo lunes, con los resultados andaluces sobre la mesa, Calama firmó el auto.
La UDEF ofreció a Zapatero acudir a su oficina en el número 35 de la calle de Ferraz, inmueble propiedad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que el partido pone a disposición de los expresidentes socialistas, porque iban a registrarla. Zapatero prefirió quedarse en su vivienda de Las Rozas. La fiscal Lorente se había opuesto previamente a que la UDEF entrara en esa residencia para incautar documentación, y el juez denegó también el clonado del teléfono móvil del expresidente. La semana anterior al registro, Zapatero había participado en un mitin en Cádiz junto a la candidata socialista María Jesús Montero, sin conocer el operativo que se preparaba en torno a él.
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Análisis Relevante: la consultora que el juez describe como tapadera
El hilo que llevó a los investigadores hasta Zapatero fue la consultora Análisis Relevante, una pequeña empresa registrada a nombre de Julio Martínez Martínez, empresario alicantino multimillonario y amigo del expresidente con quien salía a correr con frecuencia. Análisis Relevante tenía a sueldo al expresidente: Zapatero reconoció haber cobrado aproximadamente 450.000 euros en cinco años por elaborar informes de consultoría, a veces escritos y a veces verbales. La cifra exacta que recoge el auto es de 490.780 euros. Su empresa Whathefav, a través de la cual sus hijas facturaban por maquetar esos informes, recibió 561.440 euros adicionales en el mismo periodo.
El juez Calama rechaza la versión del expresidente. En su auto sostiene que «la coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones intervenidas, los contratos suscritos y los flujos económicos recibidos y remitidos por Análisis Relevante constituye un conjunto de indicios sólidos que apuntan a su papel como pieza instrumental en la estructura delictiva». La secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, es calificada en el documento como «pieza operativa esencial» de la supuesta trama y como quien «ejecutaría directamente las órdenes impartidas» para maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos.
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Las escuchas: «Zapa es nuestro contacto»
Las conversaciones intervenidas a los directivos de Plus Ultra constituyen uno de los pilares del auto. Los teléfonos incautados en el primer operativo de diciembre de 2025 revelaron cómo los responsables de la aerolínea hablaban entre sí sobre los movimientos del expresidente para conseguir el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó en marzo de 2021. Dos mensajes son especialmente relevantes para el juez: «Zapa es nuestro contacto» y «no sé si será bueno que Zapatero hable con alguien en la SEPI», en referencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el organismo que debía aprobar la ayuda.
El instructor identifica además una conversación que atribuye directamente al expresidente. El 31 de julio de 2021, tras lograr la aprobación de unos vuelos a través del presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), alguien identificado como «Z» envió a Martínez Martínez el siguiente mensaje: «En tiempo y forma. Exitosa gestión». El juez considera que los dueños de Plus Ultra sabían que tenían la ayuda concedida incluso antes de que se reuniera el órgano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que debía aprobarla, lo que apunta a una intermediación previa que habría adelantado el resultado de la decisión administrativa.
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La sociedad off shore y el contrato del 1%
Dos elementos del auto resultan especialmente determinantes para la tesis del instructor. El primero es un contrato por el que Julio Martínez Martínez se comprometía a cobrar el 1% del rescate si este finalmente se concedía, suscrito con una empresa denominada Idella Consulenza Strategica. El segundo es que esa misma sociedad adquirió posteriormente la titularidad de otra compañía domiciliada en Dubái, hacia la que la red pretendía canalizar el dinero de la comisión. Calama recoge en su auto que hubo una orden directa de Zapatero a su secretaria para poner en marcha la creación de esa sociedad radicada en Emiratos Árabes Unidos.
La investigación no se limita al rescate de Plus Ultra. Los registros de diciembre y los posteriores revelaron que todos los clientes que pagaron a Análisis Relevante pudieron estar abonando, presuntamente, comisiones por influencias de algún tipo. Entre ellos figura el Grupo Aldesa, con capital chino, que transfirió 133.100 euros a la consultora. La empresa Inteligencia Prospectiva, domiciliada en Madrid pero administrada por dos hermanos venezolanos cercanos al régimen de Caracas, registró entre 2020 y 2025 entradas y salidas superiores a 2,66 millones de euros y es calificada por el juez como el «punto de entrada de los fondos extranjeros» hacia el entorno de Zapatero.
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La Operación Tíbet y lo que queda por investigar
La denominada Operación Tíbet, nombre con el que la UDEF bautizó el conjunto de diligencias, registró el martes las instalaciones vinculadas a Análisis Relevante, la oficina de Zapatero en Ferraz, el despacho de su secretaria Alcázar, las sedes de Whathefav, Sofgestor e Inteligencia Prospectiva. En la caja fuerte de la oficina del expresidente no había cantidad reseñable de dinero, según fuentes de la investigación. El juez ha bloqueado las cuentas de varias empresas investigadas y ha congelado parcialmente las de Zapatero por un importe de 490.780 euros, equivalente a lo cobrado por las consultorías de Análisis Relevante.
La causa tiene aún una dimensión por despejar. Calama mantiene bajo secreto una pieza separada que analiza los movimientos financieros internacionales de los investigados, incluyendo una cuenta no declarada de Martínez Martínez en Miami con algo más de medio millón de euros. El juez ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para obtener información adicional. Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el expresidente «confía plenamente en el Estado de derecho y en la justicia». Está recluido en su vivienda preparando su defensa desde el día en que la UDEF abandonó Las Rozas.
