Una década después de la violación grupal cometida contra una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, el caso conocido como La Manada continúa siendo un punto de referencia para entender cómo cambió en España el debate sobre el consentimiento sexual. El recorrido judicial, que pasó de una condena por abuso a una sentencia del Tribunal Supremo por violación, coincidió con una respuesta social sin precedentes y con una reforma legislativa que aún genera consenso y controversia a partes iguales.
En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres agredieron sexualmente a una joven en un portal de Pamplona durante las fiestas de San Fermín. La víctima denunció esa misma noche y los agresores fueron detenidos horas después. Lo que en un primer momento pudo tratarse como un suceso judicial más se convirtió, a medida que avanzaba el proceso, en un debate público que trascendió el caso concreto y puso en el centro la forma en que la sociedad y la justicia entienden el consentimiento.
Diez años después, el balance de ese proceso incluye una sentencia histórica del Supremo, una reforma del Código Penal que unificó los delitos sexuales bajo el criterio del consentimiento, y una transformación perceptible del discurso social, aunque los datos oficiales muestran que las denuncias por delitos contra la libertad sexual no han dejado de crecer desde entonces.
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De la culpabilización de la víctima la violación
Antes de 2016, la credibilidad de las víctimas de violencia sexual se medía con frecuencia por criterios ajenos a la agresión misma: la ropa que llevaban, el consumo de alcohol o el tiempo que tardaban en denunciar. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2017 reflejaba ese estado de opinión: el 93% de los encuestados consideraba necesario educar en el consentimiento y casi uno de cada siete afirmaba que las desigualdades entre hombres y mujeres eran «muy grandes» o «bastante grandes».
La primera sentencia, dictada por la Audiencia de Navarra en 2018, condenó a los agresores por abuso sexual y no por agresión, lo que desencadenó protestas masivas frente a juzgados y ayuntamientos bajo lemas como «No es abuso, es violación» o «Nosotras somos la manada». La periodista Cristina Fallarás impulsó además la etiqueta #Cuéntalo, que en apenas dos semanas generó cerca de tres millones de publicaciones de mujeres que compartían experiencias propias de violencia sexual, en lo que la directora de la organización Aspacia, Virginia Gil, describe como el paso de considerar estos hechos como episodios puntuales a reconocer un problema de carácter estructural.
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El vuelco judicial: del abuso a la violación
El proceso judicial se prolongó durante tres años y atravesó distintas instancias antes de llegar al Tribunal Supremo. La Audiencia de Navarra condenó en 2018 a los agresores a nueve años de cárcel por abuso sexual, condena que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó ese mismo año. Finalmente, en 2019, el Supremo revocó la sentencia y condenó a los cinco acusados por violación, con una pena que ascendió de nueve a quince años de prisión.
El magistrado Vicente Magro, integrante de la sala que dictó ese fallo, explica que la clave de la decisión fue determinar que hubo intimidación y no simple prevalimiento. El tribunal se basó en cuatro conceptos centrales: consentimiento, intimidación, resistencia y credibilidad, y estableció que la ausencia de un no verbal no implica consentimiento. La sentencia rechazó también que la existencia de una violación dependa de la resistencia física de la víctima, al considerar que no cabe «exigir a las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores».
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La ley del «solo sí es sí» y sus efectos imprevistos
El clima social generado por el caso propició en 2022 la aprobación de la conocida como ley del solo sí es sí, que modificó el Código Penal para suprimir la distinción entre abuso y agresión sexual y situar el consentimiento en el centro de la definición del delito. Desde entonces, todo delito sexual cometido sin consentimiento pasó a considerarse agresión sexual, con independencia de si medió violencia o intimidación. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió la norma como «un paso decisivo para dejar atrás la cultura de la violación y crear una cultura del consentimiento».
La aplicación práctica de la ley tuvo, sin embargo, consecuencias que generaron una fuerte controversia política y social: al rebajarse los mínimos de las penas, la norma provocó más de un millar de revisiones de condena y más de un centenar de excarcelaciones, entre ellas las de tres de los propios agresores de La Manada, a quienes se les redujo la pena de quince a catorce años. El episodio obligó a una nueva reforma del Código Penal para elevar de nuevo el límite inferior de las penas, en un debate sobre el punitivismo que aún hoy divide al movimiento feminista.
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Diez años de denuncias: lo que dicen los datos
Los registros del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior muestran una tendencia sostenida al alza en los delitos contra la libertad sexual conocidos por las fuerzas de seguridad. Desde los 10.844 casos registrados en 2016, año de la agresión de Pamplona, la cifra ascendió a 13.782 en 2018, coincidiendo con la primera sentencia y la ola de denuncias que generó, y se redujo brevemente en 2020 por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, hasta los 13.174 casos.
La entrada en vigor de la ley del solo sí es sí en 2022 coincidió con un nuevo repunte, hasta los 19.013 casos, una tendencia que continuó hasta alcanzar un pico de 22.846 en 2024 y situarse en 21.659 en 2025. Pese a este incremento sostenido, los especialistas consultados por los medios coinciden en que la violencia sexual continúa siendo uno de los delitos con mayor infradenuncia, lo que sugiere que el aumento estadístico refleja en parte una mayor disposición social a denunciar, más que necesariamente un repunte equivalente de los casos reales.
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Una década después: dónde están hoy los protagonistas del caso
Los cinco condenados cumplen en la actualidad penas de entre catorce y veintitrés años y un mes en distintos centros penitenciarios, con situaciones dispares en cuanto a permisos y clasificación de grado. Uno de ellos, el exmilitar expulsado del Ejército, ha comenzado a disfrutar de permisos penitenciarios tras optar por una estrategia de distanciamiento del resto del grupo, mientras el resto permanece clasificado en segundo grado o régimen ordinario, la situación en la que se encuentra el 75% de los reclusos en España.
Diez años después, el caso sigue siendo evocado como un punto de inflexión que combinó cambios legislativos, jurisprudenciales y sociales. La antropóloga Ana Burgos, integrante del Observatorio Noctámbul@s, resume ese impacto al señalar que el proceso judicial y social que se desató tuvo un impacto a muchos niveles: mediático, jurídico, institucional, cultural y social. La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, advertía recientemente de que la reacción contra los avances del movimiento feminista suele ser proporcional a su propia fuerza, en un ciclo que, según los testimonios recogidos por la prensa, se repite con cada nuevo hito del debate sobre las violencias sexuales.
Nota: este artículo trata un caso de violencia sexual desde una perspectiva institucional y social, sin detalles explícitos de la agresión. El teléfono 016 atiende consultas sobre violencia machista las 24 horas.
