Dos grandes manifestaciones en Madrid y Valencia, una huelga valenciana de dos semanas y un informe que cifra en cuatro cursos la ventaja académica de los alumnos más ricos sobre los más pobres han colocado la educación en el centro del debate político español. Los datos del último informe PISA revelan que la crisis no es solo de recursos, sino estructural.
La primavera de 2026 ha convertido la educación pública en uno de los principales focos de tensión política y social en España. Decenas de miles de docentes tomaron las calles de Madrid y Valencia el pasado fin de semana en dos manifestaciones que, por distintas razones, marcan un antes y un después en la historia de las reivindicaciones del sector. Al mismo tiempo, los datos del último informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y un análisis del contexto socioeducativo español publicado este lunes confirman que las protestas tienen una base estructural que va más allá de los salarios: la escuela pública acumula una desigualdad creciente que el sistema no sabe cómo compensar.
Las dos piezas del puzzle encajan con precisión incómoda. Por un lado, docentes agotados que describen aulas cada vez más complejas sin medios adicionales. Por otro, investigadores que documentan cómo el origen socioeconómico de las familias determina con una fiabilidad casi matemática el recorrido educativo de sus hijos. El resultado es un diagnóstico que los expertos consultados califican de sistémico y que ninguna administración, con independencia de su color político, ha logrado revertir en las últimas décadas.
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La brecha que no cierra: cuatro cursos de diferencia
El dato más contundente que aporta el informe PISA es también el más difícil de asumir: los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en los hogares más acomodados de España llevan el equivalente a cuatro cursos de ventaja en matemáticas respecto a los 120.000 jóvenes de la misma edad procedentes de familias con menos recursos. El índice que mide esta distancia, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), arroja una diferencia de 89 puntos entre el cuartil más favorecido y el más desfavorecido, cuando 20 puntos equivalen a un curso escolar completo.
A ello se añade que el porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión social no se ha reducido entre 2018 y 2025, sino que ha aumentado cuatro puntos hasta alcanzar al 34% del total. Y la tasa de abandono escolar temprano del alumnado extranjero, que hace una década doblaba la de los autóctonos, ahora la triplica. La investigadora de la Universidad de Barcelona Sheila González, especializada en desigualdad social y educativa, señala que «sobre lo que tenemos mucha menos información es de cuáles son los procesos que generan esa desigualdad».
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El idioma del aula: un código que excluye
Uno de los mecanismos más invisibles de la desigualdad educativa opera a través del lenguaje. El código lingüístico que se emplea en los materiales escolares y en la comunicación entre docentes y alumnos se parece mucho más al que utilizan las familias con mayor nivel educativo que al de los hogares de clases populares. Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de Equitat.org —la antigua Fundació Bofill—, lo describe con precisión: los hijos de familias con más estudios llegan al aula «con estructuras gramaticales más complejas, frases subordinadas, uso de la voz pasiva, y un repertorio más conceptual».
El sociólogo de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez apunta una dimensión adicional: la escuela fue diseñada para las clases medias con empleos cognitivos y nunca terminó de adaptarse cuando se universalizó la enseñanza. «Muchos contenidos escolares no interpelan a una parte de los chavales, que los ven como algo ajeno a su vida cotidiana, sus experiencias culturales y sus intereses», señala. La incorporación de alumnado extranjero que habla lenguas sin parentesco con el español —el urdu o el tagalo, entre otras— ha ensanchado aún más esa fractura, y una de las reivindicaciones centrales del profesorado en las protestas es el refuerzo de las aulas de acogida.
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La pobreza que llega a clase: infravivienda y ausencia familiar
La precariedad económica de una parte creciente del alumnado no se detiene en la puerta del aula. Los expertos consultados describen un fenómeno relativamente nuevo: familias que trabajan jornadas muy extensas y siguen siendo pobres, lo que genera una presencia física de los progenitores aún más limitada que en generaciones anteriores. González advierte que «las escuelas están detectando la llegada de niños sin hábitos; críos que todavía van con pañal o que no tienen hábito de comunicación porque nadie habla con ellos». El estrés económico y las condiciones de infravivienda derivan, en ocasiones, en problemas de salud mental que acaban trasladándose al aula.
Un reportaje publicado este lunes por El País recoge el caso de una familia venezolana llegada a Valencia en 2024 que vive con tres hijos en una habitación de diez pasos de largo por seis de ancho, en un piso compartido con otros tres cuartos alquilados. Una realidad que, según la misma maestra de infantil Empar Penadés —con 37 años de experiencia en la escuela pública valenciana—, era «muy infrecuente» hace una década y ahora se repite con regularidad. El alumnado extranjero representa ya el 18% de la matrícula en primaria en los centros públicos, ocho puntos más que en la red concertada.
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La marea docente: de Valencia a Madrid, dos semanas en la calle
Las protestas del fin de semana tuvieron dos protagonistas diferenciados. En Madrid, miles de educadoras del primer ciclo de Educación Infantil —menores de tres años— se concentraron en la Ronda de Atocha en la primera manifestación histórica de un colectivo formado en un 97% por mujeres, muchas de las cuales cobran sueldos que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La convocatoria, impulsada por Comisiones Obreras (CC OO), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, reunió entre 15.000 y 20.000 personas según los organizadores, y 7.000 según la delegación del Gobierno. María González, docente con quince años de experiencia desplazada desde Galicia, resumió el sentir colectivo: «Nos llaman guardería y no lo es, qué atrevida es la ignorancia».
En Valencia, la huelga del profesorado de la escuela pública no universitaria cumplió este lunes dos semanas, convirtiéndose en la más larga desde 1988. La protesta ya se ha saldado con la dimisión en bloque de 120 directores de centros educativos de toda la comunidad. Marc Candela, portavoz del Sindicato de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), la organización mayoritaria, afirmó que los sindicatos presentarán un documento de propuestas a la Conselleria. La consejera de Educación, Carmen Ortí, del Partido Popular (PP), sostiene que la Administración espera ese documento antes de retomar las negociaciones, interrumpidas el miércoles anterior.
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El gueto escolar y el efecto contrario al de Pigmalión
La segregación escolar —el reparto muy desigual del alumnado con dificultades entre centros y redes educativas— amplifica todos los factores anteriores. Cuando un docente no atiende a uno o dos alumnos con necesidades específicas, sino a un aula donde la mayoría del alumnado las presenta, su capacidad de respuesta se ve desbordada. La investigación académica muestra que en esos entornos se produce lo contrario al efecto Pigmalión: los profesores rebajan sus expectativas hacia el alumnado, y esa ausencia de confianza lastra el rendimiento incluso de quienes, pese a las dificultades, podrían alcanzar resultados excelentes.
El conocimiento que las familias tienen del sistema educativo también está ligado al capital cultural, y esa asimetría se traduce en desventajas concretas: menor capacidad para orientar a los hijos entre las más de 180 opciones de ciclos formativos de Formación Profesional (FP), menor propensión a exigir recursos ante dificultades de aprendizaje como la dislexia, y menor acceso a redes informales de información. La FP, que durante décadas fue percibida como enseñanza de segunda clase y empieza ahora a ganar atractivo entre las clases medias, requiere una estrategia de elección que los alumnos de familias con menos recursos raramente tienen con quién diseñar. La escuela pública acumula así, capa a capa, una deuda con sus alumnos más vulnerables que las manifestaciones de este fin de semana han colocado, de nuevo, en el centro del debate.
