La última multa de 890 millones de euros impuesta a Google eleva a más de 10.000 millones el total de sanciones acumuladas por la Comisión Europea contra la empresa en una década, lo que la convierte en la compañía más castigada por Bruselas. El caso se produce en paralelo a la entrada en vigor del reglamento de mercados digitales y a la represalia arancelaria anunciada por Donald Trump.
Una multa de 890 millones de euros parece poca cosa cuando se repasa el historial de sanciones que acumula Google, la empresa del archiconocido buscador digital. El historial comenzó en 2017 con una sanción cercana a los 2.500 millones de euros y, con los años, fue creciendo hasta sumar cinco multas en total. La suma de todas ellas supera de largo los 10.000 millones de euros, lo que convierte a Google en la empresa con las sanciones más elevadas recibidas hasta la fecha por parte de la Comisión Europea.
Cada uno de los casos contra Google tiene sus propias particularidades jurídicas, pero todos comparten un denominador común: el abuso de posición dominante en el mercado digital europeo. El último castigo llega en un momento en que la Unión Europea (UE) dispone de un nuevo instrumento legal, el reglamento de mercados digitales, que permite actuar con mucha más celeridad que en el pasado, mientras Washington responde a la sanción con nuevas amenazas comerciales contra el bloque comunitario.
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Diez años, cinco multas y más de 10.000 millones
El primero de los cinco castigos fue el del caso Google Shopping, ya confirmado por el Tribunal de Justicia de la UE, que sancionó a la empresa por situar en mejor posición a su propio servicio de comparación de precios en los resultados del buscador. El segundo, que acabó con el castigo más alto de todos, 4.125 millones de euros, llegó por vincular las licencias de algunos de sus productos, como Google Play Store, a la preinstalación obligatoria de Chrome y Google Search en los dispositivos Android.
La Comisión Europea recuerda que no actúa exclusivamente contra Google, ya que «impone sanciones a numerosas empresas a través de sus distintos instrumentos de competencia», según ha defendido el propio Ejecutivo comunitario. Para contextualizar su estrategia, Bruselas recurre a dos sanciones recientes impuestas a Apple y Meta en 2025, además de un caso aún abierto contra Alphabet, la matriz de Google, por su negocio de publicidad, que conllevó una multa cercana a los 3.000 millones de euros y que también se dirime en un juzgado estadounidense.
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El abuso de posición dominante, el argumento común
Pablo Ibáñez Colomo, catedrático de Derecho de la Competencia en la London School of Economics, explica que estos casos difieren sustancialmente de los cárteles empresariales tradicionales, en los que basta una multa disuasoria para prohibir una conducta puntual. En los casos de abuso de posición dominante, en cambio, la Comisión necesita controlar el cumplimiento en el tiempo y llegar a acuerdos concretos sobre lo que implica poner fin a la infracción, un proceso mucho más prolongado y complejo que una simple sanción económica.
El propio Ibáñez Colomo defiende que Alphabet ha sido la empresa más disruptiva de los últimos años en el mercado digital europeo, una percepción que ilustra con la cantidad de reclamaciones que reciben las instituciones comunitarias. «Hay que echar un vistazo a la cantidad de firmantes en las cartas» dirigidas a la Comisión, señala el catedrático, que incluyen a agencias de viajes, medios de prensa y comparadores de precios, entre otros sectores que sienten que la posición de la empresa les perjudica de forma directa.
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El DMA, la norma que acelera los casos
El reglamento de mercados digitales, conocido por sus siglas en inglés como DMA, constituye una de las principales novedades legales de los últimos años en materia de competencia digital. Esta norma europea revierte, en esencia, la carga de la prueba en las investigaciones sobre las grandes empresas digitales, lo que permite a las autoridades comunitarias actuar con mucha mayor celeridad que en el pasado frente a comportamientos considerados anticompetitivos.
Cecilio Madero, antiguo alto cargo del departamento de Competencia de la Comisión con experiencia en casos históricos como el de Microsoft, defiende la eficacia de esta nueva herramienta legal. «El DMA es más eficaz porque te permite ir más rápido», sostiene Madero, quien recuerda que la Comisión tardó siete años en sancionar el caso de Google Shopping desde que comenzó la investigación en 2010, mientras que la última decisión llegó tras poco más de un año de investigación y conversaciones con la empresa.
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La represalia comercial de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la última multa anunciando nuevos aranceles contra la Unión Europea, en una escalada que se suma a otras dos decisiones recientes de Bruselas que no conllevaron sanción económica pero sí obligan a Google a modificar su modelo de negocio, al tener que compartir los datos de su motor de búsqueda con otros competidores del sector.
La vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, rechazó cualquier vínculo entre las medidas adoptadas por la Comisión y las posibles reacciones comerciales de Washington. «Nuestra obligación es cumplir con la ley», defendió Ribera antes de conocerse la represalia arancelaria estadounidense. Desde Google, la empresa calificó la última decisión de un «deterioro de los productos impulsado por un pequeño grupo de denunciantes» que, a su juicio, solo buscan su propio beneficio con este tipo de reclamaciones ante las autoridades europeas.
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¿Son suficientes las sanciones?
La economista estadounidense Fiona Scott-Morton, especialista en Competencia y profesora de la Universidad de Yale, pone en duda que las multas impuestas hasta ahora resulten proporcionales al tamaño de la compañía sancionada. Según explica, «las multas no son lo más importante», sino garantizar que se despliegue con eficacia el propio reglamento de mercados digitales, cuyo verdadero efecto disuasorio dependerá de su aplicación práctica más que de la cuantía económica de cada sanción concreta.
Los ingresos de Alphabet en 2025 superaron los 400.000 millones de dólares, unos 360.000 millones de euros, una cifra que pone en perspectiva la magnitud relativa de las multas acumuladas por la empresa frente a su capacidad financiera global. Fuentes del sector consultadas por este diario apuntan además a cierta preocupación por las nuevas obligaciones de compartir datos impuestas a Google, pese a que la Comisión ha defendido que en todo momento debe garantizarse el anonimato de los usuarios afectados por estas medidas.
