Los escritos presentados ante el juez José Luis Calama por Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, contradicen la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio en junio. Ambos empresarios admiten el pago de una comisión del uno por ciento del rescate de 53 millones de euros por la mediación del expresidente.
Durante semanas, el caso Plus Ultra vivió una calma tensa. Desde que José Luis Rodríguez Zapatero declaró como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el 17 de junio, negando cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea, los dos empresarios señalados como sus intermediarios guardaban silencio. Esa calma se rompió esta semana con dos escritos que sitúan al expresidente en el centro de la operación que permitió a Plus Ultra recibir 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) en 2021.
Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante y descrito como testaferro del expresidente, remitió el lunes un documento al juzgado en el que anuncia su disposición a «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos». Horas antes, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, había presentado un escrito de 56 páginas con idéntica voluntad de cooperación. Ambos siguen así la estela de Víctor de Aldama, el comisionista del caso Mascarillas que logró una rebaja de condena tras colaborar con la Fiscalía Anticorrupción.
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Dos confesiones que contradicen a Zapatero
Los dos escritos coinciden en un punto central. Zapatero se implicó activamente en la concesión de la ayuda pública y cobró por ello, una afirmación que choca frontalmente con lo que el propio expresidente sostuvo ante Calama. «No hablé con nadie sobre el rescate de Plus Ultra», declaró Zapatero en junio, según los audios de su comparecencia recogidos por la prensa. Martínez Martínez asegura ahora que fue el expresidente quien «marcaba los pasos a seguir» en las gestiones que desembocaron en el rescate de la aerolínea.
Martínez Sola aporta una versión similar desde la presidencia de la aerolínea. Según su escrito, el primer contacto llegó el 30 de abril de 2020, cuando Zapatero le llamó desde un número oculto y le adelantó que «su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas». A partir de ese momento, añade el empresario, las comunicaciones futuras quedaron en manos de una persona de «su confianza», Julio Martínez Martínez. Entre esa primera llamada y la aprobación definitiva de la ayuda, en marzo de 2021, transcurrieron once meses. El plazo revela la rapidez con la que se articuló todo el proceso de gestión.
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Análisis Relevante y el reparto de papeles
La consultora Análisis Relevante, constituida en 2019, ocupa el centro de la trama. Según el escrito de Martínez Martínez, la sociedad se creó precisamente para aprovechar «el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno consultor y principal referencia». El capital se repartió entre el propio Martínez Martínez, con el setenta y cinco por ciento de las participaciones, y el periodista Sergio Sánchez, con el veinticinco por ciento restante. Zapatero quedó fuera del accionariado y de los órganos formales de la empresa.
Esa ausencia formal no equivalía, según los dos escritos, a una ausencia de control real. Zapatero «era quien la lideraba y decidía todas las cuestiones de estrategia», sostiene Martínez Martínez en su documento, pese a haber quedado fuera del accionariado y de los órganos formales de la empresa. El propio Martínez Sola describe un mecanismo similar. Sitúa al expresidente como la persona que se ofreció a ayudar y puso al frente de las gestiones a su «persona de confianza», mientras el propio Zapatero se presenta ante el juez como un simple consultor externo.
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La comisión del uno por ciento
El punto más comprometedor de ambos escritos es el reconocimiento de un pago vinculado directamente al éxito del rescate. Plus Ultra firmó el 30 de julio de 2020 un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante por 5.000 euros mensuales más el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pero un segundo contrato estipulaba además una comisión del uno por ciento de la financiación obtenida, unos 530.000 euros, en concepto de «contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación» ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que gestionó las ayudas.
Los directivos de la aerolínea detallan que ese contrato no se ejecutó de forma literal, sino mediante varios pagos a tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez, además de vuelos en clase business no abonados, hasta sumar la cifra total pactada. Tras el desembolso final del rescate, la aerolínea continuó canalizando mensualmente el pago de esa comisión a través de un carrusel de facturas con conceptos que los propios escritos califican de simulados, un entramado que se prolongó, según los documentos, hasta noviembre de 2025.
Internamente, según los chats de WhatsApp citados en los escritos, los propios directivos de Plus Ultra calificaron la operación como un «guiso montado» y una «mordida» canalizada a través de lo que describen como una boutique financiera. Zapatero, por su parte, admitió ante el juez haber cobrado casi 500.000 euros de Análisis Relevante, aunque negó que ese dinero estuviera vinculado al rescate. El propio Plus Ultra fue una de las seis aerolíneas que recibieron crédito del Fasee, que repartió 890 millones de euros entre compañías del sector afectadas por el cierre de fronteras durante la pandemia.
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La estrategia de la delación premiada
El giro de los dos empresarios reproduce el guion que ya funcionó en el caso Mascarillas. El catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio Meliá describe el movimiento como una «delación premiada» anunciada, a la espera de que los tribunales valoren si la colaboración de ambos merece una rebaja de pena similar a la que benefició a Aldama. Cancio subraya que, si antes solo había indicios contra Zapatero, la situación de los dos Martínez «era mucho peor» tras sus propias declaraciones.
El cambio de estrategia no es menor. Martínez Martínez había guardado silencio desde su detención en diciembre, tanto ante el juez como ante la comisión de investigación del Senado. Además de las cuestiones relativas al rescate, deberá explicar ante Calama el hallazgo de 286.000 euros en efectivo en una vivienda de su propiedad en Madrid, repartidos en distintos lugares de la casa, un dinero que atribuye a la venta de un inmueble sin que los investigadores hayan podido acreditarlo hasta ahora con la documentación disponible.
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La traducción política del caso
La causa judicial ha encontrado ya un eco inmediato en el debate político. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), Alma Ezcurra, advirtió de que Martínez Martínez «tiene que elegir entre proteger al partido o protegerse a sí mismo». La dirigente popular calificó la situación de «bastante grave» e insistió en que la responsabilidad judicial corresponde a los jueces, pero defendió que la sentencia política corresponde a los ciudadanos españoles y que estos la emitirán en las urnas.
El PP ha reclamado además la creación de una comisión de investigación específica sobre el caso, en un contexto en el que la investigación judicial ya convive con la que se sigue en el Senado sobre el denominado caso Koldo, con el que comparte varios de los personajes investigados. El propio Martínez Martínez compareció ante esa comisión el pasado abril, cuando aún mantenía silencio sobre el papel del expresidente en el rescate de la aerolínea.
Las próximas declaraciones ante el juez Calama, en las que se espera que los dos empresarios detallen con mayor precisión el papel de Zapatero, determinarán si las confesiones cruzadas terminan de consolidar la imputación del expresidente o si, por el contrario, este logra sostener ante el tribunal la versión que hasta ahora ha defendido en público. El caso Plus Ultra se suma así a una lista de frentes judiciales que afectan al entorno cercano del Gobierno en la recta final de la legislatura.
