La aprobación del reglamento de retornos por la Eurocámara abre la puerta a deportar migrantes a centros de internamiento en países fuera de la UE, sin límite temporal de estancia y con destinos que podrían no tener ningún vínculo con los deportados. El acuerdo, negociado con el apoyo de la derecha radical, consolida un giro político que lleva una década gestándose y que algunos analistas denominan «trumpización» de la política migratoria europea. España, que ha impulsado la regularización de inmigrantes, va a contracorriente del nuevo consenso.
La frase del eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers —«la era de las deportaciones ha comenzado»— sonaba hace unos meses como una provocación. Tras la aprobación del reglamento de retornos entre la Eurocámara, los Estados miembros y la Comisión Europea, parece más bien una descripción precisa del rumbo político de la Unión Europea (UE). El marco legal para enviar migrantes a campos de internamiento fuera del continente está prácticamente cerrado, y varios gobiernos —Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia— buscan ya activamente países dispuestos a albergarlos, principalmente en África. La batalla política ha terminado. La geográfica acaba de empezar.
El nuevo reglamento es la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor en su totalidad en junio de 2026. Contempla la creación de centros de retorno en terceros países donde podrían ser internados migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, incluidas familias con menores de edad. No se ha fijado por ley una estancia máxima en esos centros externos, a diferencia del límite de 30 meses previsto para los centros en territorio europeo. Tampoco está determinado el mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de los internados fuera de la jurisdicción comunitaria.
- El giro que tardó una década: de las cuotas a las deportaciones
El punto de inflexión que todos los analistas identifican es la crisis de refugiados de 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa huyendo principalmente de las guerras en Siria y Afganistán. Aquel año transformó la inmigración de un desafío humanitario en un debate sobre identidad, fronteras y control político. Para muchos ciudadanos, la cuestión dejó de ser cuántos migrantes puede acoger Europa para convertirse en quién decide quién entra. Ese cambio de encuadre, documentado en el análisis de más de 150 años de debates parlamentarios alemanes realizado por investigadores de las universidades de Bielefeld y Núremberg, se ha desplazado desde marcos centrados en la solidaridad hacia discursos que enfatizan el orden y la seguridad.
Jef Huysmans, profesor de Política Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres y uno de los principales teóricos del concepto de «securitización», lleva años documentando cómo Europa ha pasado de tratar la inmigración como una cuestión social y económica a gestionarla sobre todo como un asunto de seguridad. Un veterano diplomático comunitario con más de dos décadas en asuntos migratorios resume el cambio con precisión: «La cuestión ya no es cómo acoger a quienes llegan, sino cómo impedir que lleguen y cómo expulsarlos cuando lo hacen».
Los precedentes que fallaron: Albania, Ruanda y el modelo danés
La externalización de la política migratoria tiene un historial de fracasos que los defensores del nuevo reglamento prefieren no mencionar. El Reino Unido gastó cientos de millones de libras en su plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, que fue bloqueado por los tribunales durante años y terminó siendo abandonado. Italia lleva desde 2023 invirtiendo en centros en Albania para derivar a migrantes rescatados en el Mediterráneo antes de que pisen suelo europeo. Los jueces italianos han frenado reiteradamente los envíos por considerarlos contrarios al derecho comunitario, y el proyecto ha costado miles de millones sin resultados operativos consolidados.
Pese a esos antecedentes, la UE avanza en la misma dirección. El modelo que muchos analistas consideran el precursor del nuevo consenso europeo no es italiano ni británico sino danés: fueron los socialdemócratas daneses, no la extrema derecha, quienes demostraron que una agenda migratoria muy restrictiva podía combinarse con políticas progresistas en lo económico y social. Ese «modelo danés» anticipó lo que hoy ocurre en Bruselas: la asunción del discurso sobre retornos y disuasión no solo por parte de la derecha tradicional sino también por partidos de centroizquierda.
- La paradoja demográfica: Europa se blinda cuando más necesita inmigrantes
La contradicción más profunda del nuevo consenso migratorio europeo es demográfica. Según los datos del organismo estadístico comunitario Eurostat, la población en edad de trabajar en la UE seguirá disminuyendo en las próximas décadas, mientras el porcentaje de mayores de 65 años podría acercarse al 30% a mediados de siglo. Aurora Ganz, investigadora en la Universidad de Oxford, resume la paradoja en términos nítidos: «Europa necesita la migración para funcionar, pero la gobierna cada vez más como si fuera un riesgo».
Los gobiernos europeos son conscientes de esa contradicción. Saben que, desde un punto de vista exclusivamente utilitario, los inmigrantes son necesarios para sus economías y sus sociedades. Al mismo tiempo, afrontan la inquietud de una parte de la ciudadanía que alimenta a los populistas, y la parálisis o el pánico llevan en algunas capitales a tomar decisiones poco meditadas. Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, denuncia que «durante los últimos diez años hemos asistido a una normalización de la crueldad y de la indiferencia hacia migrantes y refugiados».
- La «trumpización»: hasta dónde llega el paralelismo con el ICE
Algunos analistas y responsables políticos utilizan el término «trumpización» para describir el giro de la política migratoria europea. Silvia Carta, responsable de incidencia política en la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM), distingue matices importantes: «El nuevo reglamento de retornos refleja una obsesión similar por las deportaciones y algunas de las medidas previstas plantean preocupaciones sobre operaciones similares a las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Pero Europa llevaba años realizando devoluciones ilegales, externalizando el control migratorio a países con pésimos historiales de derechos humanos y erosionando progresivamente el derecho de asilo mucho antes de Trump».
El eurodiputado socialista y vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López advierte de que «Europa corre el riesgo de importar una lógica inspirada en el modelo del ICE, centrada en las deportaciones y en una visión securitaria de la inmigración». La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha señalado que «la creación de centros de retorno solo sería compatible con la ley de la UE si estuviese acompañada de salvaguardas claras y robustas», pero esas salvaguardas no están garantizadas en el texto aprobado. El reglamento no fija un plazo máximo de internamiento en los centros externos ni establece mecanismos vinculantes de supervisión judicial independiente.
- España a contracorriente: la excepción en el consenso europeo
En el nuevo mapa de la política migratoria europea, España ocupa una posición singular. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un proceso extraordinario de regularización de más de medio millón de inmigrantes, defiende abiertamente la necesidad económica de la inmigración y votó en contra del reglamento de retornos durante su tramitación en el Consejo. Esa postura contrasta con la de países como Alemania, que en 2015 abrió sus puertas a más de un millón de refugiados y hoy se ha anclado en el ala dura del debate migratorio europeo, o Italia, cuyo Gobierno ha convertido el control de la inmigración en una de sus señas de identidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldó implícitamente la posición española en su último informe de perspectivas, atribuyendo parte del dinamismo económico del país a «el mercado laboral dinámico gracias a la política de regularización». Ningún país de la UE simboliza mejor la tensión entre las dos visiones en conflicto: la que ve en la inmigración un motor económico y demográfico, y la que la gestiona como una amenaza para la seguridad y la cohesión social. Que esa tensión se resuelva en la dirección de los campos de deportación o en la de la integración es, en buena medida, la pregunta política central de la Europa de los próximos años.
