El auto del juez José Luis Calama describe una organización de cuatro escalones que habría utilizado los contactos y la capacidad de acceso al poder del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para obtener el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Todo lo que sigue procede de la instrucción judicial y refleja indicios, no hechos probados. Zapatero declarará ante la Audiencia Nacional el 2 de junio.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra ha abierto al público el contenido de un auto que llevaba meses bajo secreto de sumario. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe una red «estructurada» en la que cada participante asume funciones distintas y que habría operado desde 2021 para cobrar en diferido una presunta comisión a cambio de lograr que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatara financieramente a la compañía aérea. La investigación ha contado con la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que extrajo datos del dispositivo móvil de uno de los acusados. Lo que el auto describe son indicios sobre los que la justicia deberá pronunciarse; la presunción de inocencia de todos los investigados es, en esta fase, indiscutible.
El rescate de Plus Ultra se aprobó en marzo de 2021 por un importe de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La aerolínea, de capital venezolano, había solicitado el rescate en el contexto de la crisis del sector aéreo provocada por la pandemia. La concesión fue cuestionada desde el principio por la oposición y por organismos independientes, que señalaron irregularidades en el proceso de evaluación. El caso derivó hacia la Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la investigación hasta desembocar en la imputación del expresidente.
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Zapatero: dirección sin ejecución directa
El juez Calama sitúa al expresidente en la cúspide de la red y lo describe como su «núcleo decisor y estratégico». A Zapatero se le atribuye haber puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. El auto subraya que su liderazgo «no se manifiesta de forma formal o pública», sino a través de su «dirección, coordinación y supervisión», y que evita en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.
Entre los mensajes analizados por el instructor figuran conversaciones en las que los implicados se refieren a «nuestro pana Zapatero detrás», a que «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana» o a que «los de gowair saben todo lo que hacemos, incluso que zapa es nuestro contacto». También consta el mensaje «Zapatero va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España». El auto estima que Zapatero habría cobrado en torno a dos millones de euros en total, canalizados a través de las estructuras societarias de su entorno.
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Los lugartenientes: Martínez Martínez y Fajardo
El segundo escalón de la red lo ocupan, según el auto, Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo. El primero es descrito como «lugarteniente principal y figura visible»: amigo del expresidente, hace deporte con él en el monte del Pardo y dirige la empresa Análisis Relevante, que habría actuado como vehículo para canalizar los pagos. Es quien asume el contacto directo con los clientes y ejecuta las instrucciones de Zapatero. Los responsables de Plus Ultra se referían a él con una frase que el auto recoge: «No hablo con él directo, hablo con lacayo».
Martínez contrató además a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, para maquetar informes confidenciales de Análisis Relevante, por lo que cobraron 240.000 euros. El juez estima que Zapatero le habría transferido medio millón de euros en cuatro años. Fajardo es descrito como «otro lugarteniente», con Venezuela como área de actuación: hijo de un senador socialista español, habría facilitado contactos «al más alto nivel institucional» y sirvió de vehículo para que Plus Ultra accediera al expresidente.
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La operativa: Alcázar, Cano y las facturas ficticias
El tercer escalón lo forman María Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero desde su etapa en Ferraz, y Cristóbal Cano, mano derecha de Martínez. Ambos habrían proporcionado cobertura formal y documental a la operativa, coordinando la emisión de facturas y los conceptos e importes a consignar. El auto califica su papel como «esencial» y describe un patrón repetido: Alcázar pregunta a Cano si debe emitir una o varias facturas por 20.000 euros, y este responde con «indicaciones precisas» sobre importes y descripciones, lo que el instructor interpreta como «la existencia de un modus operandi estable y reiterado».
El juez sitúa el despacho de expresidente, en Ferraz, como «centro de coordinación de la red» y ordenó su registro, así como la incautación de dispositivos electrónicos. El auto autoriza incluso un registro corporal para evitar la destrucción de pruebas. Respecto a Alcázar, el instructor concluye que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por ella, Zapatero «sería conocedor de la operativa financiera desarrollada». Tres semanas antes de aprobarse el rescate, Cano envió a Martínez el borrador del contrato de honorarios con la SEPI, a razón del 1% del importe más IVA.
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Plus Ultra: los directivos en el cuarto escalón
El cuarto escalón lo ocupan los máximos responsables de la aerolínea. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, habría actuado como «puente» para llegar a Zapatero y convencer al Gobierno de la necesidad del rescate. Roberto Roselli, director financiero de la compañía, habría gestionado el «maquillaje» de las cuentas para ocultar que Plus Ultra tenía una deuda con la Seguridad Social, lo que impedía su rescate conforme a la normativa europea. En sus dispositivos se encontraron borradores de cartas a directivos bancarios que habrían sido redactadas siguiendo instrucciones directas del expresidente.
Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, completa este escalón. La agencia HSI extrajo de su móvil conversaciones en las que se confirma la presunta intervención de Zapatero en el proceso de rescate. Es Reyes quien, tras la reunión clave celebrada en julio de 2020 en el Ministerio de Transportes, escribe: «Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás». El auto constata que ese encuentro, en el que participaron el entonces secretario de Estado Pedro Saura y su jefe de gabinete Francisco Ferrer, fue «clave» para acelerar la operación.
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El rastro del dinero: dos millones y una sociedad en Dubái
El hilo conductor de toda la investigación es económico. El auto estima que el conjunto de los pagos presuntamente cobrados por el entorno de Zapatero en relación con el caso Plus Ultra y otras operaciones ronda los dos millones de euros, canalizados a través de empresas instrumentales como Análisis Relevante, Caletón Consultores o Summer Wind. El instructor describe estas estructuras como una «finance boutique» orientada a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos bajo la apariencia de contratos de asesoría ficticios.
La investigación detectó además la creación de una sociedad en Dubái vinculada a la operativa, lo que añade una dimensión internacional al entramado. El pago a la empresa de las hijas del expresidente —240.000 euros para maquetar informes que el auto califica de inexistentes— es el elemento que más directamente conecta a la familia de Zapatero con la red investigada. La instrucción continúa abierta. El 2 de junio, cuando el expresidente comparezca ante el juez Calama, la política española estará pendiente de sus explicaciones.
