Desde septiembre, Estados Unidos ha atacado embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y ha causado, hasta ahora, 83 muertes. La cifra seguirá creciendo. Desde que las operaciones en el Caribe comenzaron muchos se preguntan por “el debido proceso”. Antes de Trump, la Guardia Costera estaba a cargo de interceptar las embarcaciones ligadas al narcotráfico y hacer los arrestos correspondientes. Los capturados involucrados en delitos de narcotráfico eran considerados criminales con derecho al debido proceso. Con la administración Trump esto ha cambiado.
En días recientes se han conocido revelaciones sobre los individuos anónimos que murieron durante la primera operación ejecutada en el Caribe a inicios de septiembre. Y la discusión sobre la (i)legalidad de la campaña militar estadounidense nuevamente está sobre la mesa. Esta discusión importa porque se trata de los medios para lograr fines. Y en estos, los medios, radica la diferencia entre una democracia, un sistema de gobierno respetuoso del Estado de derecho y un régimen que no lo es y que actúa con impunidad porque cree que está por encima de la ley y que no debe rendir cuentas a nadie. Si se ordenó matar a unas personas que se rendían y clamaban por su vida, el gobierno americano podría ser responsable de un crimen de guerra o de una ejecución extrajudicial, han estado explicando últimamente tanto expertos militares como legales.
The Washington Post informaba, la semana pasada, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden de matar a todos quienes estaban en esa embarcación y, según esto, las fuerzas armadas llevaron a cabo un doble ataque. El informe de ese medio señala que, al parecer, aún había dos supervivientes a bordo. Esta semana se ha visto a Hegseth desmarcándose de los hechos y a Trump defendiéndolo. Ellos no habrían dado la orden y han responsabilizado al almirante Frank Bradley de rematar a esos dos sobrevivientes de la narcolancha hundida en el Caribe, protegiéndose a sí mismos y a altos cargos de la administración.
No obstante lo anterior, la séptima operación ejecutada ofrece luz a este respecto y permite poner en duda tanto la palabra de Trump como la de Hegseth. Después de que el gobierno de Estados Unidos ejecutó su séptimo ataque en el Caribe (el viernes 17 de octubre), fue el mismo secretario de Defensa quien confirmó los hechos y ofreció certezas y claridad sobre el modo de operar de la administración estadounidense. Hegseth dijo en esa ocasión que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista colombiana y que tenía “cantidades sustanciales de narcóticos”. Confirmó que los tres hombres que estaban en el barco murieron y que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses. Y he aquí lo más notable de ese rayo de luz, sobre el proceder del gobierno estadounidense, que aportó Hegseth el otoñal domingo del 19 de octubre: “Estos cárteles son Al Qaeda del Hemisferio Occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente”. “Las fuerzas armadas de Estados Unidos tratarán a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y asesinados, tal como Al Qaeda”.
Ahora, cuando ha llegado diciembre, tanto Hegseth como Trump se desmarcan de las órdenes embarazosas y responsabilizan al almirante Frank Bradley de rematar a los sobrevivientes de esa primera narcolancha. Pero Bradley, desde luego estaría obedeciendo órdenes de una instancia superior.
El presidente Trump ha declarado ante los periodistas que “no habría querido un segundo ataque” y que Hegseth le dijo que lo que se describe en los medios “no ocurrió”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicado el lunes que los ataques fueron ordenados por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Los ataques del 2 de septiembre se realizaron en “defensa propia” y “en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados”, ha dicho la funcionaria.
¿Qué dicen los expertos?
El profesor de Harvard Jack Goldsmith, quien ejerció como abogado tanto en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia como en el Departamento de Defensa tras los atentados terroristas del 11-S, durante la presidencia de George W. Bush, ha citado el Código Lieber de 1863, de la época de la Guerra Civil, por el cual el presidente Abraham Lincoln decretó que infligir heridas adicionales o matar a un enemigo “totalmente incapacitado” debería ser penado con la muerte. El actual Manual de Derecho de la Guerra del Pentágono y la Convención de Ginebra incluyen disposiciones de “sin cuartel” que prohíben “conducir hostilidades con la premisa de que no habrá supervivientes”, ha explicado Goldsmith a The Washington Post.
“No importa si son narcoterroristas designados por el presidente o no, si son criminales de guerra o no”, indicaba Daniel Maurer, fiscal general retirado del Ejército y actual profesor asociado de la Universidad del Norte de Ohio a CNN este lunes. “Matarlos mientras naufragan, mientras están fuera de combate, mientras están fuera de la pelea, es un crimen de guerra”. La muerte de personas varadas en una embarcación podría ser un delito según la ley de la guerra, el derecho internacional o la legislación estadounidense, ha precisado.
Para Maurer este ataque en particular, si ocurrió como sugieren informes recientes de los medios, no constituye un crimen de guerra, porque no considera que Estados Unidos esté legalmente involucrado en un conflicto armado con ningún narcoterrorista. “Es simplemente una ejecución extrajudicial, que constituye un asesinato según el derecho internacional y nuestra legislación nacional. No hay autoridad para hacerlo”, precisa. Si finalmente los hechos demuestran que el ataque se llevó a cabo para matar a los supervivientes, ello equivaldría a que Hegseth o Bradley consintieron u ordenaron un asesinato, lo que podría implicar a “todos los que participaron, planearon y ejecutaron ese ataque en la cadena de mando”, afirma Maurer, aunque duda que haya algún tipo de responsabilidad penal a este respecto.
“Los militares estadounidenses no matan a no combatientes, no torturan a prisioneros, no matan a prisioneros. Eso se enseña en el segundo día del entrenamiento básico (…) Si la misión era hundir ese barco y no se hundió, entonces habría una razón legítima para un segundo ataque contra él para asegurar su hundimiento”, ha puntualizado el general de brigada retirado Mark Kimmitt también a CNN.
“Si pretendía destruir el resto del barco, probablemente esté dentro de las leyes de la guerra”, ha indicado Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington a Fox News este lunes.
El senador Angus King, independiente de Maine y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que si el ataque tenía como objetivo matar sobrevivientes, claramente sería ilegal. “Eso es un crimen de guerra garrafal. También es asesinato”, ha expresado King a CNN.
Aunque muchos legisladores republicanos defienden el proceder de la administración Trump y desestiman cualquier pregunta sobre el ataque de septiembre, las recientes revelaciones han llevado a que algunos republicanos soliciten explicaciones al gobierno. Ya se han iniciado revisiones bipartidistas en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
La administración estadounidense no ha presentado públicamente ninguna prueba documentada de que las embarcaciones atacadas transportaban narcóticos.
