Belice, un país mayormente rural localizado entre México y Guatemala, se ha convertido en un “tercer país seguro” para la recepción de inmigrantes. Este lunes los gobiernos de Estados Unidos y Belice suscribieron un acuerdo que permitirá o facilitará que la nación centroamericana reciba temporalmente a inmigrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. El Departamento de Estado ha gradecido a Belice por haber suscrito este acuerdo. El convenio, firmado en Belice, constituye “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal, suspender el abuso a nuestro sistema de asilo y reforzar nuestro compromiso compartido de abordar juntos los retos en nuestro hemisferio”, ha dicho la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red X.
La administración americana ha alcanzado un acuerdo con Belice para que este último acoja a inmigrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos. El acuerdo convierte a esa nación centroamericana en un “tercer país seguro”. Las formas empleadas son políticamente correctas y, en un contexto más amplio, dan cuenta del propósito del gobierno estadounidense de incrementar las deportaciones y disuadir la migración, para lo cual ejerce presión a diferentes niveles sobre países de América Latina y África instándolos a cooperar con su agenda de control de la inmigración.
La campaña de deportaciones que por diferentes vías desarrolla la Casa Banca contempla acuerdos para el envío de deportados a terceros países que incluyen El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Uganda, Sudán del Sur, Ruanda, Esuatini, entre otros. Incluso en meses pasados trascendió que la administración Trump había discutido con Libia a ese respecto.
El acuerdo alcanzado con Belice debe ser aprobado por el Senado de ese país y permitirá que Washington envíe inmigrantes mientras resuelve si les concede o deniega sus solicitudes de asilo. “Bajo este acuerdo, ciertos solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden ser transferidos a Belice hasta una final decisión de su estatuto”.
El canciller beliceño, Francis Fonseca, ha dicho que el acuerdo garantiza que Belice tenga el control de quiénes y cuántos inmigrantes puede recibir para que sean trasladados al país. Las autoridades beliceñas resolverán las solicitudes de asilo con base en un tope anual, precisó. Además, este país “retiene un veto absoluto sobre las transferencias, con restricciones sobre nacionalidades, un límite en el número de transferidos y controles de seguridad exhaustivos”.
El acuerdo establece parámetros estrictos, tendrá una duración de dos años y cualquiera de los dos países podrá rescindirlo o suspenderlo mediante notificación por escrito.
Belice ha solicitado apoyo financiero y técnico a Estados Unidos para el fortalecimiento de las instituciones locales que gestionan las solicitudes de asilo ya que el país tiene capacidad limitada para acoger y tramitar un gran número de solicitudes.
El canciller ha indicado que el interés nacional de Belice es una prioridad y que el gobierno ha pedido múltiples salvaguardas para garantizar que la seguridad no se vea comprometida ni sobrecargada su infraestructura.
Si bien el primer ministro Johnny Briceño había mostrado reticencia inicial, a comienzo del año, el acuerdo evidencia el cambio de posición. Briceño se había negado a aceptar detenidos o solicitantes de asilo del extranjero. Pero, con las nuevas condiciones y garantías establecidas, ahora el país ha mostrado apertura a esta posibilidad.
El acuerdo entre ambos gobiernos ha sido suscrito por Francis Fonseca, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Cultura e Inmigración, y Katharine Beamer, encargada de negocios de la embajada estadounidense en Belice.
Por su parte, el gobierno beliceño ha retomado que el concepto de tercer país seguro se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y enviarla a un tercer país que sea considerado “seguro”.
De todas formas, las autoridades de Belice se reservan el derecho a rechazar a cualquier persona mediante este acuerdo. “Acuerdos de tercer país seguro han sido usados por las naciones por décadas para compartir obligaciones internacionales y asegurar un ordenado, justo y legal manejo de casos de asilo”, ha indicado el gobierno del país centroamericano.
Políticos de ese país han rechazado el acuerdo, la falta de transparencia por parte del gobierno y advirtieron que traerá consecuencias profundas para Belice. Como ya ha sucedido en naciones africanas, hay quienes han manifestado: “Belice es una nación compasiva y respetuosa de la ley. Creemos en los principios humanitarios. Pero la compasión nunca debe confundirse con el cumplimiento a cualquier costo. Belice no puede y no debe ser utilizado como un vertedero para individuos que otros países se niegan a aceptar”.
No ha habido mucha claridad respecto al acuerdo, pero podría ser similar al anunciado con el gobierno de Paraguay, el pasado agosto, mediante el cual, en ese “tercer país seguro”, los solicitantes de asilo en territorio estadounidense podrían buscar protección.
En su primer mandato, Trump ya había apostado a esta vía que generó críticas y fue revertida por el gobierno de su sucesor Joe Biden.