A siete décadas del golpe militar que instauró la autodenominada «Revolución Libertadora», la consigna que celebró la caída del peronismo encuentra ecos inesperados en el discurso del presidente argentino actual. La paradoja de un líder ultraliberal que reproduce las proclamas de quienes destrozaron la experiencia política más transformadora de la historia argentina revela las complejidades de la memoria política nacional y la persistencia de fracturas que parecían superadas.
El 16 de septiembre de 1955, hace exactamente 70 años, comenzaba en Córdoba el golpe de Estado que siete días después consumaría la caída del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Entre los vítores que celebraron el derrocamiento, una consigna resonó con particular intensidad: «Viva la libertad». Aquella frase, pronunciada con entusiasmo por sectores civiles y militares que consideraban al peronismo una «dictadura», encuentra hoy ecos inquietantes en el eslogan central del presidente Javier Milei, quien ha convertido «Viva la libertad, carajo» en el grito de guerra de su proyecto político ultraliberal.
La coincidencia no es casual ni meramente semántica. Ambos momentos históricos comparten una matriz ideológica que identifica al Estado interventor con el autoritarismo y presenta al libre mercado como sinónimo de libertad democrática. Sin embargo, la distancia temporal permite evaluar con mayor precisión las consecuencias de cada proyecto: mientras la «Revolución Libertadora» inauguró décadas de inestabilidad política y proscripción, el mileísmo enfrenta sus primeras pruebas electorales con resultados que cuestionan la sostenibilidad de su discurso fundacional.
La llamada «Revolución Libertadora» no fue una rebelión espontánea sino una operación planificada que contó con el apoyo activo de la oligarquía terrateniente, sectores de la Iglesia católica, la Unión Cívica Radical y el financiamiento británico. El santo y seña de los conspiradores, «Dios es justo», revela la dimensión moral que los golpistas atribuían a su empresa, presentándose como restauradores de valores cristianos y occidentales frente a lo que caracterizaban como «despotismo populista». Esta narrativa de liberación encuentra paralelos evidentes en el discurso mileísta contra la «casta política» y su promesa de restituir la «verdadera democracia» mediante la reducción drástica del Estado.
El precio de la «libertad»: sangre y proscripción
La «liberación» de 1955 tuvo un costo humano que sus promotores minimizaron sistemáticamente. Según investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, entre el 16 y el 21 de septiembre de 1955 murieron al menos 157 personas en combates entre tropas leales y sediciosas, bombardeos a objetivos civiles y enfrentamientos urbanos. El primer muerto fue un suboficial de la Policía Federal asesinado en Belgrano, pero la mayor cantidad de víctimas se concentró en el ataque a la jefatura policial de Córdoba, el bombardeo de la Marina a Campamento de Ensenada y la agresión al Regimiento 5 de La Plata.
El general Eduardo Lonardi, primer presidente de facto, asumió el poder prometiendo que no habría «ni vencedores ni vencidos», pero fue rápidamente desplazado por Pedro Eugenio Aramburu, quien implementó la política más represiva contra el peronismo en la historia argentina hasta ese momento. El decreto ley 4161 prohibió mencionar a Perón y Evita, utilizar sus fotografías, pronunciar las palabras «peronismo», «peronista», «justicialista» o «tercera posición», y cantar la marcha partidaria. La simple tenencia de elementos peronistas se convirtió en delito federal.
La represión alcanzó su punto culminante con el fusilamiento de 31 hombres que participaron en la intentona revolucionaria del general Juan José Valle en junio de 1956. Entre las víctimas se encontraban tanto militares como civiles que habían intentado restaurar el orden constitucional, ejecutados sin juicio previo en una operación que anticipaba los métodos del terrorismo de Estado posterior. La exposición del guardarropas de Eva Perón en la residencia presidencial, presentado como evidencia de «corrupción», completaba una estrategia de humillación simbólica que buscaba erradicar la memoria peronista del espacio público.
Legados institucionales y fracturas perdurables
La «Revolución Libertadora» no solo derrocó un gobierno sino que estableció precedentes institucionales funestos para la democracia argentina. La disolución del Congreso, la deposición de la Corte Suprema, la intervención de las universidades con la cesantía masiva de un tercio de los docentes, y la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones para perseguir al peronismo, configuraron un modelo de «transición democrática» que subordinaba los derechos políticos a criterios ideológicos y morales.
La derogación de la Constitución de 1949, que había consagrado los derechos y la función sociales de la propiedad, fue reemplazada por la restauración del texto de 1853 con el agregado del artículo 14 bis, que comprimía en una sola disposición las conquistas laborales del peronismo. Esta operación jurídica sintetiza la estrategia «libertadora»: mantener formalmente las instituciones republicanas mientras se desmantelaba su contenido social y se restringía la participación popular.
El ingreso al Fondo Monetario Internacional, la devolución de los depósitos bancarios a la banca privada, la liquidación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y el congelamiento de salarios configuraron el programa económico que anticipaba las políticas neoliberales posteriores. La devaluación del peso, medida adoptada inmediatamente después del golpe, trasladó el costo del ajuste a los sectores trabajadores que habían sido el principal sostén del gobierno derrocado.
Ecos contemporáneos y paradojas mileístas
La apropiación mileísta del lema «Viva la libertad» revela las persistencias ideológicas que atraviesan siete décadas de historia argentina. El presidente actual reproduce con notable fidelidad los argumentos de 1955: el Estado como fuente de corrupción y autoritarismo, la política tradicional como «casta» parasitaria, y el mercado como mecanismo natural de asignación de recursos y garantía de libertad individual. Sin embargo, las condiciones históricas han cambiado radicalmente, empezando por el hecho de que Milei llegó al poder mediante elecciones democráticas y no a través de un golpe militar.
La primera derrota electoral significativa de Milei en Buenos Aires, donde perdió por más de trece puntos frente al peronismo, introduce una variable que no existía en 1955: la capacidad de la ciudadanía de evaluar y sancionar las políticas gubernamentales a través del voto. Esta diferencia fundamental explica tanto las limitaciones del proyecto mileísta como su legitimidad democrática, contrastando con la imposición violenta de las políticas «libertadoras» que requirieron la proscripción y la represión para mantenerse en el poder.
La cancelación del viaje de Milei a España tras la derrota electoral evidencia cómo los reveses democráticos afectan inmediatamente la capacidad de proyección internacional de los líderes populistas, forzándolos a concentrarse en la gestión interna de las crisis. Este contraste con la «Revolución Libertadora», que pudo implementar sus políticas sin rendir cuentas electorales durante dos años y medio, ilustra tanto las ventajas como las limitaciones del ejercicio democrático del poder.
