El gobierno de Nicolás Maduro realizó ejercicios militares y simulacros civiles frente a la presencia de buques estadounidenses en el Caribe. La retórica de “amenaza de invasión” se convierte en un recurso político en un país marcado por la crisis y la confrontación internacional.
Venezuela volvió a ponerse en modo defensivo. El fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó misiles, fragatas y paracaidistas en ejercicios costeros, mientras miles de civiles participaron en simulacros que mezclaban protocolos de terremoto y tsunami con supuestos escenarios bélicos. El mensaje fue explícito: el país debe estar preparado para una eventual agresión militar de Estados Unidos, que mantiene una flotilla armada en el sur del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
La narrativa oficial se apoya en un enemigo externo para reforzar la cohesión interna. El presidente Nicolás Maduro, al anunciar que tiene listo un decreto para declarar el estado de excepción “si la patria es agredida”, reactualiza un libreto que ha acompañado al chavismo desde sus orígenes: la defensa de la soberanía frente a un imperialismo hostil. Su canciller, Yván Gil, reforzó esta postura al difundir que António Guterres, secretario general de la ONU, considera “injustificada e inaceptable” la amenaza militar estadounidense.
La administración de Donald Trump alimenta la confrontación con gestos calculados. El despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear se presentó como parte de un plan antidrogas, y fuentes en Washington deslizaron la posibilidad de operaciones dentro de Venezuela contra traficantes. En paralelo, expertos de Naciones Unidas han calificado de “ejecuciones extrajudiciales” la muerte de 14 personas en la interceptación de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. La frontera entre seguridad regional y uso de la fuerza se vuelve difusa, y ese terreno ambiguo nutre el discurso de Caracas.
La apuesta venezolana combina lo militar con lo civil. Más de 400 centros de adiestramiento fueron habilitados en escuelas y barriadas populares, donde ancianos, trabajadores y niños ensayaron protocolos de evacuación. La imagen es paradójica: funcionarios de Protección Civil enseñando cómo proteger la cabeza en caso de terremoto, seguidos por militares que muestran misiles Pechora de fabricación rusa. La mezcla de simulacro de desastre natural y entrenamiento bélico refleja una lógica de país en emergencia permanente, donde todo evento se convierte en escenario de resistencia nacional.
Este recurso cumple una doble función política. Hacia adentro, permite al gobierno presentar la crisis cotidiana —apagones, inflación, carencias básicas— como parte de un mismo frente de batalla contra un enemigo mayor. Hacia afuera, proyecta la imagen de un país dispuesto a resistir, reforzando su narrativa de víctima frente a la presión estadounidense. En ambos casos, la amenaza de invasión se convierte en un instrumento de gobernabilidad.
Sin embargo, la estrategia encierra riesgos evidentes. Militarizar la vida civil y entrenar a “cuerpos combatientes” en barrios populares puede generar más desconfianza en sectores que ya perciben al Estado como una maquinaria de control. Además, el uso de armas sofisticadas en ejercicios públicos envía señales de escalada que complican cualquier intento de negociación diplomática. A largo plazo, la insistencia en un discurso bélico puede desgastar a una población que, según encuestas, está más preocupada por la subsistencia diaria que por la posibilidad de un desembarco extranjero.
El contexto regional tampoco es neutral. La presencia de buques estadounidenses en aguas caribeñas involucra a países vecinos como Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, y coloca a toda la cuenca en un estado de tensión que recuerda los momentos más fríos de la Guerra Fría. En este escenario, las instituciones multilaterales vuelven a ser el árbitro llamado a frenar un choque abierto, aunque su capacidad real de contención sea limitada.
La historia latinoamericana muestra que los ejercicios militares a menudo funcionan más como mensajes políticos que como preparación real para la guerra. En Venezuela, el simulacro cumple el papel de recordarle a la población que la amenaza existe, aunque su concreción sea incierta. Lo que queda claro es que, en la pugna entre Caracas y Washington, la retórica de la invasión seguirá siendo un recurso de primer orden para mantener movilizada a la sociedad y justificar la continuidad de un régimen que se presenta sitiado.
Venezuela vive entre la guerra imaginada y la amenaza real. La militarización de la vida civil fortalece la narrativa de resistencia, pero también agrava el aislamiento y la fragilidad de un país que necesita menos desfiles bélicos y más respuestas a sus urgencias sociales.
