Este miércoles Uruguay, pequeño y ejemplar país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, se sumó a otros países del mundo que permiten la eutanasia. Es el primer país de América Latina que aprueba la eutanasia por ley, en otros se ha despenalizado mediante fallos de la Corte Constitucional.
El intenso debate duró diez horas y 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de ley “Muerte digna”. El proyecto de ley era rechazado por grupos católicos y sectores conservadores de la sociedad uruguaya. Este tema ha sido tratado en el Legislativo durante cinco años.
Uruguay ha aprobado este miércoles la ley de eutanasia. El proyecto contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de centroderecha.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito”, argumentó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio.
La consultora Cifra indica que el 62% de los uruguayos estaba a favor de la aprobación de la ley que permitirá, en adelante, que adultos psíquicamente aptos y en etapa terminal de una enfermedad incurable, irreversible o que padezcan un sufrimiento insoportable, puedan elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud.
En la región latinoamericana, Colombia despenalizó la muerte asistida en 1997 y es legal desde 2015. Fue la primera nación latinoamericana en permitirla. El Ministerio de Salud del país cafetero ha establecido directrices estrictas para regular el derecho a la muerte digna. Estos son: el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal, considerar que la vida ha dejado de ser digna, a causa de la enfermedad, y manifestar el consentimiento de manera «clara, informada, completa y precisa». El procedimiento debe ser asistido por «un profesional de la medicina» con la autorización de un «comité científico-interdisciplinario».
En julio de 2021, la Corte Constitucional de Colombia extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» a causa de una lesión o enfermedad incurables. La libertad de conciencia, una figura reconocida en el país, permite a los médicos objetar la realización de ese procedimiento si este va en contra de sus creencias personales. El procedimiento de muerte asistida en Colombia sigue siendo casi excepcional. Según el Laboratorio DescLAB, en los ocho años transcurridos entre 2015 y 2023, se realizaron 692 muertes médicamente asistidas, según informa el medio británico BBC Mundo.
En 2024, Colombia fue emulada por Ecuador y la Corte Constitucional de ese país despenalizó la muerte asistida. La nación andina se convirtió en la segunda de América Latina y novena del mundo en legalizar la eutanasia. Ecuador también ha establecido un marco legal para la realización regulada de la eutanasia. Un médico puede acceder al pedido de un paciente que haya tomado de manera libre, informada e inequívoca la decisión de terminar con su vida a causa de un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable.
Perú, que penaliza la eutanasia, tuvo un caso excepcional de consentimiento en 2021 cuando una Corte falló a favor de la solicitud de una ciudadana. Su caso sigue siendo catalogado como excepcional.
En México tampoco está legalizada la eutanasia, pero estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán, entre otros, permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos, siendo esta una forma de «eutanasia pasiva». Argentina y Chile han llegado a salidas similares en 2012, admitiendo la posibilidad de rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. En 2023, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la muerte digna como parte de la actualización de su legislación en salud.
Grupos conservadores y religiosos, así como la Iglesia Católica, continúan oponiéndose a esta práctica en las naciones sudamericanas.
