El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció que no será candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2026, debido a su inhabilidad constitucional. No obstante, sigue denunciando una supuesta persecución judicial y mantiene su influencia en el bloque opositor.
Este viernes el expresidente conservador, Álvaro Uribe, ha comunicado en sus redes sociales que no será candidato a la vicepresidencia de cara al proceso electoral de 2026. “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, indicó el mandatario.
En cualquier caso, la Constitución de la República de Colombia señala expresamente en su artículo 197 que quien ha ejercido como presidente no puede ser elegido vicepresidente: “quien a cualquier título haya ejercido la Presidencia no podrá ser elegido para ese cargo por ningún motivo”.
Uribe también se refirió al proceso judicial que enfrenta y dijo que publicaba su decisión a pesar de que este, a su juicio, es un proceso injusto que “refleja la politización en algunas instituciones”.
Uribe añadió que el ministro Montealegre, “presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el Ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga”.
Los señalamientos reiterados de Uribe, durante años, han puesto un manto de duda sobre la independencia de la justicia en ese país y la probidad de los jueces y operadores del sector judicial.
Uribe ha acusado parcialidad, intereses, oportunismo y revanchismo político, en perjuicio de su persona, valiéndose de la justicia para tal fin.
Precandidatos de su corriente política e ideológica, como Abelardo De la Espriella, le han ofrecido a Uribe un cargo ministerial en caso de ganar la presidencia.
Entre tanto, miembros de la familia del expresidente y de su círculo político de confianza han rodeado a Uribe y han alegado que con esta causa judicial se pretende inhabilitar a Uribe para excluirlo del juego político y de la contienda electoral.
Una eventual candidatura del exmandatario pretendía dotar o revestir a Uribe Vélez como líder principal o figura notable de la oposición para enfrentar a la izquierda populista que detenta el poder en la contienda electoral del próximo año.
El proceso electoral en Colombia, habida cuenta del actual panorama de división y fragmentación política y social, anuncia una alta polarización y la posible radicalización discursiva de los precandidatos de derecha en caso de no llegar a consolidar una alianza amplia con sectores de centro detractores del gobierno Petro.
El próximo 28 de julio, la jueza Sandra Heredia emitirá sentencia en el proceso contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos. En ese sentido, el abogado Víctor Mosquera, defensa del exmandatario, ha denunciado ante la ONU y la CIDH falta de garantías procesales indicando que Rodrigo Londoño (otrora Timochenko de las extintas FARC) y Diosdado Cabello, ministro de la dictadura venezolana, han pretendido influir en la sentencia a emitirse contra Uribe.
