El presidente de Estados Unidos ha dado un paso que tensa el tablero hemisférico: implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra organizaciones criminales latinoamericanas a las que su gobierno clasifica como “terroristas globales”. La decisión pone a prueba las relaciones con países clave como México y Venezuela.
Donald Trump ha decidido que el combate al narcotráfico latinoamericano adquiera una dimensión militar. Según filtraciones publicadas por medios como The New York Times y The Wall Street Journal, el mandatario firmó un decreto secreto para que el Pentágono utilice la fuerza contra los cárteles incluidos en la lista de organizaciones terroristas globales elaborada por Washington. Entre ellos figuran el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la pandilla MS-13 y el Cártel de los Soles, este último vinculado por la Casa Blanca al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En febrero, la administración republicana había anunciado esta designación para ocho grupos criminales, y en julio sumó a la organización venezolana. Esta clasificación permite emplear recursos militares, agencias de inteligencia y otros instrumentos de poder del Estado para neutralizar a estos actores, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, presentó como un cambio de paradigma: tratarlos como fuerzas armadas hostiles en lugar de redes de narcotráfico.
Trump enmarcó su decisión en un discurso de defensa nacional: “Queremos proteger nuestro país”, afirmó, insistiendo en que la violencia y el flujo de drogas hacia Estados Unidos justifican un enfoque más agresivo. Las filtraciones apuntan a que el plan contempla operaciones de fuerzas especiales e inteligencia, con posible coordinación con gobiernos de la región, aunque no se han divulgado detalles operativos.
México, principal socio y vecino fronterizo, reafirmó su política de cooperación sin presencia militar extranjera. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, sostuvo que cualquier trabajo conjunto contra los cárteles se regirá por acuerdos bilaterales y respeto a la soberanía. La cancillería mexicana subrayó que su país mantendrá la colaboración con Washington bajo principios de igualdad y confianza mutua, pero con operaciones dentro de sus propios marcos institucionales.
La decisión estadounidense se inscribe en un clima de presión interna en Washington para adoptar medidas más duras frente al narcotráfico, en particular por la crisis del fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes al año. Varios congresistas republicanos consideran que el uso del ejército es una respuesta proporcional al nivel de violencia que atribuyen a los cárteles. El gobierno ha llegado incluso a elevar la recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de “narcoterrorismo” y de utilizar alianzas con redes criminales para introducir drogas en Estados Unidos, una acusación que Caracas ha calificado de “cortina de humo”.
La estrategia de Trump abre un frente geopolítico delicado: amplía el uso del poder militar estadounidense en el continente y reconfigura las relaciones bilaterales con gobiernos que, aunque coinciden en combatir el crimen organizado, difieren en los métodos y en la definición de sus límites. El despliegue militar contra actores criminales trasnacionales redefine el alcance de la política antidrogas y plantea un escenario en el que la cooperación o el choque dependerán de la capacidad de articular objetivos comunes sin erosionar la soberanía de los países implicados.
