El máximo tribunal de Perú ha ordenado suspender las pesquisas fiscales contra la presidenta hasta 2026. El fallo reafirma la inmunidad presidencial, limita las acciones del Ministerio Público y reabre el debate sobre el equilibrio entre estabilidad institucional y rendición de cuentas.
El Tribunal Constitucional de Perú emitió una sentencia que ordena detener todas las investigaciones penales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, el 28 de julio de 2026. La decisión restablece la inmunidad presidencial en su forma más estricta, con la posibilidad de realizar solo actos mínimos de investigación como declaraciones en Palacio o solicitudes de información documental. Todo lo demás, incluidos los allanamientos y medidas intrusivas, queda en suspenso hasta la conclusión del periodo presidencial.
El fallo representa un giro sustancial en los procesos que enfrentaba la mandataria por presunta corrupción en el caso conocido como “rolexgate”, así como por las muertes registradas durante las protestas tras la caída de Pedro Castillo en 2022. También alcanza a otras diligencias abiertas, como el expediente por presunto abandono de cargo cuando se sometió a una operación quirúrgica sin notificar al Congreso. En todos los casos, la justicia deberá esperar a que Boluarte deje el poder.
El tribunal resolvió una demanda presentada por la propia presidenta en abril, después de que la Fiscalía ordenara el allanamiento de su residencia y del despacho presidencial. Con este pronunciamiento, la corte refuerza la lectura del artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones a un presidente en ejercicio únicamente a delitos muy específicos: traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso, impedir elecciones o bloquear el funcionamiento del Parlamento.
La sentencia llega en un contexto de fuerte desgaste político para Boluarte. Según las encuestas, la presidenta es una de las figuras con mayor nivel de impopularidad en la historia reciente del país, un factor que convierte al fallo en un arma de doble filo. Para el Ejecutivo supone una victoria jurídica que garantiza continuidad y estabilidad hasta el fin del mandato. Para la oposición y los sectores críticos, se trata de un blindaje institucional que posterga la rendición de cuentas.
Los analistas coinciden en que la resolución del Tribunal Constitucional tendrá impacto inmediato en la dinámica política. El Ministerio Público ve reducido su margen de maniobra, mientras que el Congreso, que ya había archivado en abril una denuncia contra Boluarte por el “rolexgate”, pierde otra vía de presión. En este escenario, la confrontación se desplaza al terreno electoral y al de la opinión pública, que seguirá marcando el termómetro de la legitimidad.
El fallo establece un precedente que afectará a los futuros mandatarios, pues la doctrina del Tribunal Constitucional será de cumplimiento obligatorio. Con ello, se redefine el papel del presidente en relación con el poder judicial y se prolonga el debate sobre si estas garantías fortalecen la estabilidad democrática o consolidan un espacio de impunidad. Para la ciudadanía, el resultado práctico es un compás de espera: las investigaciones continuarán, pero solo después de 2026.
El caso de Boluarte vuelve a situar a Perú en un dilema conocido: cómo proteger la institución presidencial en medio de la inestabilidad política sin debilitar al mismo tiempo los mecanismos de control. El reloj corre hacia 2026 con una certeza: el desenlace de estos procesos judiciales dependerá menos de los tribunales en el corto plazo y más de la memoria colectiva que los votantes llevarán a las urnas.
