El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su alerta de viaje para México, añadiendo un factor que hasta ahora no figuraba: el riesgo de terrorismo. La advertencia abarca 29 estados y la capital del país, y llega en un momento en que la relación bilateral atraviesa tensiones visibles.
El nuevo aviso trasciende la advertencia a turistas y se convierte en un mensaje diplomático de alto voltaje. Washington describe un panorama que incluye homicidios, secuestros y extorsiones, sumando la amenaza de atentados terroristas. La capital —centro político, financiero y cultural de México— aparece en la lista de riesgo junto con regiones históricamente marcadas por la violencia criminal.
En la clasificación oficial, solo Campeche y Yucatán reciben la etiqueta de “seguros” para viajar, aunque incluso allí se menciona la posible presencia de grupos armados y organizaciones criminales. El resto del territorio se reparte entre distintas categorías de riesgo, con seis estados en el nivel máximo: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
El contexto es determinante. Desde febrero, el presidente Donald Trump declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y, según filtraciones de prensa, habría autorizado al Pentágono a preparar operaciones militares contra ellos. Las palabras del propio Trump sobre “bombardear” o “atacar selectivamente” a estos grupos han añadido un tono bélico a la agenda bilateral.
La alerta se publica a menos de un año del Mundial de Fútbol 2026, con México como coanfitrión. El partido inaugural se jugará el 11 de junio y se prevé la llegada de millones de visitantes. Un aviso que mezcla criminalidad y terrorismo puede influir directamente en la proyección turística y en la imagen del país como anfitrión de un evento global.
Para el gobierno mexicano, el reto es doble: contrarrestar la percepción internacional de que el país vive amenazas equiparables a las de zonas en conflicto y, al mismo tiempo, manejar una relación con Washington marcada por una agenda de seguridad cada vez más condicionada por intereses internos de la Casa Blanca.
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo que la Ciudad de México no figura entre las urbes más inseguras de América Latina, ofrecen una respuesta política inmediata. Sin embargo, en diplomacia, este tipo de avisos suelen responder a una estrategia y no a un impulso aislado: trazan un mapa de prioridades y anticipan posibles acciones futuras.
El punto central no reside únicamente en la imagen internacional de México. La narrativa de “terrorismo” puede transformarse en argumento para medidas unilaterales de seguridad por parte de Estados Unidos. En ese escenario, la delgada línea entre cooperación y presión podría diluirse con rapidez.
