El conflicto entre soberanía nacional y justicia internacional reaparece con fuerza en el Perú. A propósito de una amnistía en trámite para militares y policías implicados en crímenes durante el conflicto armado, el Gobierno de Dina Boluarte confronta las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resultado no solo es una disputa legal, sino una disputa por el sentido mismo de la memoria.
Perú ha vuelto a encender uno de sus debates más espinosos: cómo cerrar las heridas del conflicto armado interno sin renunciar a la justicia. La decisión de amnistiar a integrantes de las fuerzas del orden —algunos con condenas o procesos en curso por violaciones graves de derechos humanos— ha provocado una respuesta inmediata del sistema interamericano: la Corte IDH ordenó suspender ese trámite, invocando su competencia en la protección de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. La respuesta del Gobierno peruano ha sido dura, invocando soberanía y límites a la jurisdicción internacional.
La escena es inquietantemente familiar: una clase política que se presenta como defensora del orden republicano y un tribunal regional que insiste en el principio de justicia universal. Pero bajo esa superficie jurídica late otra tensión: el miedo de una parte del Estado a que los crímenes cometidos en nombre de la seguridad nacional continúen siendo investigados, juzgados y condenados. En el fondo, no se debate solo una ley. Se confrontan dos versiones del pasado.
La amnistía, impulsada por la Comisión Permanente del Congreso y respaldada en la práctica por el Ejecutivo, pretende exonerar a militares y policías por actos cometidos durante el conflicto armado entre 1980 y 2000, siempre que no estén acusados de terrorismo o corrupción. Sin embargo, también incluye a sentenciados con penas ejecutoriadas si superan los 70 años. Esto alcanza directamente a actores clave del aparato contrainsurgente, entre ellos miembros del grupo Colina, responsable de ejecuciones extrajudiciales.
El mensaje, más allá de su formulación legal, parece claro: cerrar el capítulo del conflicto apelando a razones humanitarias. Pero el problema con los gestos simbólicos es que generan efectos más allá del derecho. Las víctimas, sus familiares y organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han advertido que esta medida supone un borrón institucional. Una omisión disfrazada de reconciliación.
La Corte IDH ha citado al Estado peruano, a la CIDH y a los representantes de las víctimas a una audiencia el 21 de agosto. Es una medida de alto impacto, cuyo alcance compromete procesos judiciales históricos y el esfuerzo sostenido de la comunidad internacional. Sin necesidad de sanciones armadas, la Corte define un horizonte ético que recuerda que la impunidad jamás debe institucionalizarse como norma de gobierno.
En paralelo, Dina Boluarte enfrenta su propio expediente: la represión con saldo mortal durante las protestas tras su llegada al poder. Esa situación contamina todo el debate, porque debilita su capacidad para arbitrar una reforma legal sin que esta parezca un gesto de autodefensa. En tiempos en que los poderes públicos carecen de legitimidad sólida, cualquier norma sobre memoria se vuelve sospechosa.
Perú no solo discute una ley. Discute el relato oficial sobre su pasado reciente. Si impone la amnistía, corre el riesgo de aislarse regionalmente y de consolidar un precedente regresivo en materia de justicia transicional. Si acata la decisión de la Corte, deberá reordenar su discurso político sobre seguridad y reconciliación.
A veinte años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las cifras siguen golpeando: cerca de 70.000 muertos, desapariciones sistemáticas y cientos de procesos aún abiertos. Resolver ese trauma exige algo más que fórmulas legislativas: exige un compromiso con la verdad que no puede redactarse entre líneas.
