El gobierno panameño ha solicitado formalmente la disolución del mayor sindicato del país, Suntracs, al acusarlo de operar como una estructura mafiosa y de cometer presunto lavado de capitales. La medida tensiona aún más el ya deteriorado vínculo entre el Ejecutivo y el movimiento obrero panameño.
En una decisión sin precedentes desde el retorno democrático en Panamá, el gobierno de José Raúl Mulino ha presentado una demanda para disolver al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el gremio más poderoso del país. La acusación es grave: lavado de activos, extorsión y prácticas mafiosas. La reacción no se ha hecho esperar: el sindicato denuncia una persecución política y la intención de silenciar la protesta social organizada.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, fue directa. Acusó a la cúpula sindical de haber convertido a Suntracs en una “pantalla para negociados personales”, vaciando de contenido su vocación obrera. El detonante inmediato parece haber sido la huelga general indefinida que el sindicato sostuvo entre abril y mayo contra la reforma previsional impulsada por el gobierno. Una protesta que, pese a su contundencia, no logró frenar la aprobación de la reforma.
La ofensiva gubernamental va más allá de los tribunales. La cooperativa financiera del sindicato fue clausurada en mayo por presunto blanqueo de capitales. Poco después, su secretario general, Saúl Méndez —excandidato presidencial y figura emblemática de la izquierda panameña— buscó asilo en la embajada de Bolivia, a la que accedió de madrugada tras saltar la verja. La respuesta de La Paz sigue pendiente. Otro dirigente, Erasmo Cerrud, obtuvo asilo en la embajada de Nicaragua, pero el gobierno panameño le niega el salvoconducto. Otros dos líderes sindicales, Genaro López y Jaime Caballero, están detenidos preventivamente.
Desde sus redes sociales, Suntracs acusa al gobierno de “intentar desaparecer al sindicato por la vía judicial”, y ha llamado a la movilización. La organización mantiene un fuerte arraigo en el sector construcción y ha sido históricamente protagonista de las principales luchas sociales en Panamá. Su disolución marcaría un punto de quiebre en la relación entre el Estado y los sindicatos.
En el fondo, la disputa revela una tensión mayor: la incomodidad de los poderes ejecutivos latinoamericanos frente a los movimientos sociales que desbordan los canales institucionales. Suntracs, como otros sindicatos combativos en América Latina, no solo negocia salarios, sino que disputa el modelo de país. Para el gobierno de Mulino, eso equivale a un desafío inaceptable. Para sus afiliados, es simplemente ejercer un derecho.
El caso está ahora en manos de la justicia panameña. Pero el juicio, más que penal o laboral, es político. Y los efectos, gane quien gane, se sentirán en toda la región.
