La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que demandará por difamación al abogado Jeffrey Lichtman, defensor del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, tras una serie de declaraciones en las que el letrado la acusó de colaborar con organizaciones criminales.
La polémica surgió luego de que Lichtman, conocido por representar a Joaquín Guzmán Loera en su juicio en Nueva York, afirmara en la red social X que Sheinbaum actuaba como “el brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico”. En respuesta, la mandataria mexicana afirmó en su conferencia matutina que “no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante” y anunció que presentará una demanda formal por difamación en territorio mexicano.
El anuncio se produce apenas días después de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal estadounidense. Se trata del primer acuerdo judicial alcanzado por uno de los hijos del “Chapo”, actualmente condenado a cadena perpetua en EE. UU.
Sheinbaum ha cuestionado la coherencia de las autoridades estadounidenses al negociar acuerdos con miembros de una organización que previamente fue catalogada como “terrorista” por el expresidente Donald Trump. “Resulta contradictorio que Estados Unidos señale al cártel de Sinaloa como una amenaza terrorista y al mismo tiempo pacte con sus dirigentes”, señaló la jefa de Estado.
El equipo legal encargado de presentar la denuncia estará encabezado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, liderada por Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y actual asesora legal de confianza de Sheinbaum. Según fuentes oficiales, se argumentará que Lichtman ha incurrido en calumnias sin fundamento, con potencial impacto en la imagen institucional del Estado mexicano.
El caso adquiere especial relevancia no solo por el perfil internacional del acusado, sino por el trasfondo político y diplomático que implica. La declaración de culpabilidad de Guzmán y las tensiones entre ambos gobiernos en materia de cooperación judicial y combate al narcotráfico dan marco a un episodio que podría escalar más allá del ámbito jurídico.
