La redada migratoria ocurrida esta semana en los campos agrícolas de Camarillo, California, no solo deja un saldo de más de 200 personas arrestadas y un trabajador mexicano en estado crítico. También pone en evidencia una de las grandes contradicciones del discurso político estadounidense: exigir alimentos baratos y campos productivos mientras se persigue a quienes los hacen posibles.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó estos operativos como “injustos” y advirtió que “van a dañar mucho la economía de Estados Unidos”. Más allá del tono diplomático, hay una lógica difícil de ignorar: los trabajadores migrantes no son una amenaza a la economía, sino su soporte. Los tomates no se recogen solos. Los invernaderos no florecen por decreto. Y California no puede alimentar al país sin la mano de obra extranjera —regular o no— que sostiene su agricultura.
El caso más dramático es el de Jaime Alanís García, trabajador mexicano que cayó de un tejado mientras intentaba ocultarse durante la redada. Tiene el cráneo fracturado, el cuello roto y su vida pende de un hilo. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que no era perseguido, lo cierto es que las redadas tienen efectos colaterales inevitables: miedo, desorden, reacciones desesperadas. Alanís no cayó por accidente. Cayó porque el pánico es también una forma de violencia.
Más allá del caso individual, hay un mensaje preocupante: la criminalización generalizada de migrantes que no tienen antecedentes, que trabajan, pagan impuestos indirectos y han echado raíces en comunidades que hoy los observan con incertidumbre. Detener a 200 personas puede parecer un gesto de fuerza, pero ¿cuántas cosechas se frenan al día siguiente? ¿Quién asume el vacío económico que dejan?
La respuesta de México ha sido, por ahora, limitada. El consulado en Oxnard ha recibido llamadas, se han prometido más recursos y asesoría jurídica. Pero el incidente exige algo más: una diplomacia firme, que exija respeto, garantías procesales y sobre todo una visión más humana del fenómeno migratorio. No se trata solo de proteger connacionales, sino de cuestionar una política migratoria que busca soluciones policiales a problemas estructurales.
Porque al final, lo que está en juego no es solo la vida de Jaime Alanís. Es la forma en que Estados Unidos decide tratar a quienes lo sostienen desde abajo. Si el campo californiano quiere seguir verde, deberá entender que sus raíces no son solo agrícolas, sino humanas. Y que perseguir a los trabajadores es como dispararle al motor esperando que el vehículo avance.
