La marcha anual por las víctimas de la dictadura chilena terminó con más de medio centenar de detenidos y un mensaje incómodo sobre la fragilidad de la memoria democrática.
Cada septiembre, la ciudad de Santiago se convierte en escenario de un ritual doloroso: miles de personas recorren el trayecto entre La Moneda y el Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. A pocos días del aniversario número 52 del golpe de 1973, la escena volvió a repetirse este domingo. Pero el acto, que debería haber sido un espacio de recogimiento y exigencia de justicia, acabó marcado por gases lacrimógenos, carros lanzaaguas y 57 detenidos, entre ellos varios adolescentes.
Los organizadores habían convocado la marcha como un acto de memoria, con destino final en el Memorial de los Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos. El recorrido, sin embargo, fue interrumpido en distintos puntos por enfrentamientos entre grupos encapuchados y la policía. Piedras, bengalas y cócteles incendiarios de un lado; represión con fuerza del otro. El resultado: una vez más, la memoria manchada por la violencia.
Las detenciones expresan un trasfondo político y social que revela tanto la persistencia del dolor como las tensiones de la memoria democrática. La dictadura dejó más de tres mil víctimas, entre asesinados y desaparecidos. Sin embargo, medio siglo después, familiares denuncian que el negacionismo gana espacio en la sociedad y que el Estado chileno responde con más represión que empatía. “El país no tiene memoria, nosotros debemos sostenerla”, dijo una manifestante. Esa frase condensa la tensión entre generaciones que exigen verdad y un aparato institucional que parece preferir el olvido.
El dilema no es exclusivo de Chile. Cada vez que la memoria histórica busca hacerse presente en el espacio público, reaparece la pregunta sobre cómo un Estado democrático administra esa herida. ¿Se acompaña el dolor con políticas de verdad y justicia, o se lo reprime en nombre del orden? El contraste entre las flores depositadas en el memorial y los carros policiales dispersando a los manifestantes ofrece una respuesta amarga.
Lo ocurrido en Santiago debería ser más que una noticia de orden público. Es una advertencia sobre la vulnerabilidad de la memoria democrática y sobre la facilidad con la que un gesto de homenaje puede transformarse en un episodio de control social. La democracia se fortalece cuando reconoce sus cicatrices; se debilita cuando las oculta tras una nube de gas lacrimógeno.
