El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció un “intento de golpe de Estado judicial” al comparecer ante una comisión del Congreso que analiza retirarle la inmunidad por acusaciones de corrupción. El choque abre un escenario inédito en la política costarricense: un mandatario en funciones enfrentando un proceso de desafuero.
Costa Rica, históricamente vista como una de las democracias más sólidas de América Latina, atraviesa un episodio político que erosiona esa imagen. La Fiscalía acusa a Chaves de concusión, un delito que consiste en abusar del poder para obtener beneficios indebidos. Según la investigación, habría obligado a una empresa contratada por la Presidencia a entregar 32.000 dólares a un amigo y exasesor de imagen. El caso se complica porque los recursos provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica mediante un procedimiento señalado como irregular.
La Corte Suprema ya aprobó, el 1 de julio, trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud de desafuero. Corresponde ahora a los diputados decidir si levantan el fuero del presidente y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también involucrado. La comisión legislativa tiene plazo hasta el 28 de agosto para emitir su informe, aunque puede extenderse hasta 20 días más.
La respuesta de Chaves ha sido frontal. Ante la comisión, calificó el proceso como un “montaje” orquestado por el fiscal general Carlo Díaz y se presentó como víctima de una “casta putrefacta y corrupta”. El mandatario insistió en que enfrenta una venganza por sus denuncias contra jueces y fiscales. El discurso fue acompañado de una estrategia de movilización: cientos de simpatizantes lo esperaban afuera de la Asamblea, coreando “¡No está solo!” y ondeando banderas nacionales.
Más allá de la retórica, lo que está en juego es la solidez de la división de poderes. El presidente acusa a la justicia de intentar un golpe institucional, mientras sus críticos advierten que es él quien erosiona el equilibrio democrático al deslegitimar a jueces, fiscales y medios de comunicación. La tensión recuerda dinámicas vistas en otros países latinoamericanos donde mandatarios con perfil populista buscan apoyarse en la calle para resistir investigaciones judiciales.
El desenlace aún es incierto. Si el Congreso levanta la inmunidad, Chaves quedará expuesto a un proceso penal inédito en la historia del país. Si lo mantiene, la sombra de la impunidad y el debilitamiento de la institucionalidad se harán sentir. La situación se agrava porque el mandatario ya enfrenta otros señalamientos por financiamiento irregular de campaña e interferencia electoral de cara a los comicios de 2026, en los que no puede reelegirse.
Costa Rica, acostumbrada a presumir de estabilidad democrática, se ve arrastrada hoy a un pulso que mezcla acusaciones judiciales, confrontación política y la narrativa del líder acorralado. El riesgo es que, en medio de esa disputa, se erosione la confianza ciudadana en las instituciones y se legitime la idea de que la justicia actúa como adversario político.
La democracia costarricense está a prueba. La decisión sobre el fuero de Chaves no resolverá por sí sola la crisis, pero marcará un precedente: definirá si la institucionalidad mantiene su independencia o si se abre paso a una peligrosa deriva de polarización.
