Presidente defiende decisiones del gobierno estadounidense, que ha revocado visas a figuras clave de la política y la justicia costarricense
La reciente revocación de visas estadounidenses a altos funcionarios costarricenses ha sacudido el tablero político en San José. El presidente Rodrigo Chaves, lejos de confrontar a Washington, optó por respaldar la decisión, subrayando que no se trata de actos arbitrarios sino de medidas tomadas «por razones claras vinculadas al crimen internacional, al narcotráfico y a la defensa de la democracia». Su postura, sin matices ni aclaraciones institucionales, abre más interrogantes de los que responde.
Entre los afectados se encuentra el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, así como la vicepresidenta legislativa Vanessa Castro. La administración estadounidense no ha dado explicaciones públicas sobre los casos, lo que ha generado un clima de sospecha y especulación. Castro, por su parte, negó de forma tajante cualquier relación con el Partido Comunista Chino, al que algunas versiones vinculan informalmente en la sombra de estas decisiones. La falta de información concreta por parte de Estados Unidos deja a los ciudadanos sin certidumbres y a los afectados sin recursos de defensa.
El presidente Chaves sostiene que estas acciones son parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense, una “línea dura” que —según sus palabras— se está replicando en toda América Latina. Y no le falta razón. Desde la llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado, ha crecido la presión sobre países que mantienen relaciones estratégicas con China o que, a juicio de Washington, no colaboran lo suficiente en temas de seguridad regional. En este contexto, Costa Rica ha restringido el acceso de empresas chinas a proyectos clave como la red 5G, lo que refuerza su alineamiento estratégico con Estados Unidos. Sin embargo, esto no explica por sí solo el creciente número de cancelaciones de visados a figuras del sistema político costarricense.
Resulta llamativo que el propio presidente pida que no le pregunten a él por los motivos, sino a los implicados: “Vayan y pregúntenle a Arias, a Vanessa Castro, a los magistrados… a mí no me pregunten”, dijo. Pero cuando el jefe de Estado admite no saber y, al mismo tiempo, respalda incondicionalmente una decisión extranjera que afecta a figuras institucionales de su país, no solo muestra una forma de desentenderse políticamente, sino que también debilita la soberanía discursiva del Ejecutivo.
Nadie cuestiona que cada país tiene derecho a decidir quién entra en su territorio. Pero cuando estas decisiones afectan a miembros del poder legislativo, aluden a temas de seguridad nacional y se aplican sin claridad jurídica ni información pública, la democracia se resiente. La diplomacia no debería funcionar con listas negras sin rostro, ni Costa Rica puede naturalizar que sus instituciones sean evaluadas bajo criterios que no puede auditar ni cuestionar.
Chaves apuesta por una diplomacia pragmática. Pero entre el pragmatismo y la sumisión hay una línea que no conviene borrar. Si las relaciones bilaterales se rigen por la confianza mutua, entonces esa confianza también exige transparencia, coherencia y respeto por los procesos internos de cada nación. De lo contrario, lo que se presenta como defensa de la democracia puede convertirse, poco a poco, en un modelo de veto diplomático sin contrapeso.
Costa Rica no puede permitirse ese silencio. Porque lo que está en juego no es el privilegio de un visado, sino la salud de su sistema político, su autonomía institucional y su dignidad como Estado soberano.
