El Salvador ingresa a una nueva fase del experimento autoritario de Nayib Bukele: reelección indefinida, reforma constitucional exprés y control total del Estado bajo el pretexto de la seguridad. El aplauso popular convive con la represión estructural.
Ya no se trata de una deriva. Es un punto de llegada. Nayib Bukele ha dejado atrás toda formalidad democrática para consagrarse como un jefe de Estado con poder sin límites temporales. La reciente reforma constitucional aprobada en tiempo récord por una Asamblea Legislativa controlada por su partido habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato de gobierno de cinco a seis años. A partir de ahora, nada impide que Bukele se mantenga en el poder el tiempo que decida.
Desde 2019, el presidente salvadoreño ha desmontado uno a uno los frenos institucionales que equilibraban el sistema. Con una popularidad aplastante —alimentada por su campaña contra las pandillas— y una narrativa de eficacia implacable, logró colonizar los tres poderes del Estado y neutralizar a toda oposición significativa. La reforma aprobada es tanto un cambio técnico como el cierre del proceso mediante el cual la legalidad se pone al servicio del poder personal.
La jugada fue ejecutada durante una semana de vacaciones nacionales, con fuegos artificiales y discursos triunfalistas. No hubo debate, ni consulta ciudadana, ni revisión independiente. La Asamblea, con 57 de 60 diputados afines al oficialismo, aprobó en dos sesiones consecutivas una batería de cambios que redibuja el mapa constitucional. La reforma también elimina la segunda vuelta electoral y anticipa las próximas elecciones para 2027, abriendo así una ventana para que Bukele extienda su proyecto con nueva legitimidad.
El presidente sostiene que el pueblo tiene derecho a elegir cuantas veces quiera a quien considere su líder. Esa afirmación, que suena democrática, ignora el contexto: no hay contrapesos, no hay garantías, no hay pluralismo. En El Salvador actual, el poder es vertical, el disenso es penalizado y el aparato del Estado responde a una lógica de obediencia sin matices.
Bajo el régimen de excepción vigente desde hace tres años, más de 88.000 personas han sido detenidas sin orden judicial. Organizaciones como Cristosal denuncian centenares de muertes en prisión, torturas, y uso sistemático del miedo como herramienta política. Las detenciones de defensores de derechos humanos y la salida al exilio de medios y oenegés no son efectos colaterales: forman parte del diseño. La represión ya no es reactiva; es estructural.
Bukele no oculta su desprecio por las críticas. Se burla de quienes lo llaman dictador y se presenta como el salvador del país, ajeno a las reglas que regulan la alternancia. Su afinidad con líderes como Donald Trump y su uso populista de la tecnología refuerzan una imagen global que combina modernidad con autoritarismo. La cárcel de alta seguridad que exhibe como trofeo y las imágenes de detenidos arrodillados son parte de una estética que reduce la justicia a espectáculo.
La nueva constitución a medida convierte a El Salvador en un caso paradigmático del siglo XXI: gobiernos que nacen del voto, pero disuelven lentamente la democracia desde dentro. Hoy, no hay equilibrio, ni garantías ni mecanismos reales de control. Solo queda la voluntad de un hombre con una estrategia de poder consolidada y un aparato legal que la respalda.
La historia ya ha visto este guion. El desafío, ahora, es saber cuánto tiempo más durará el aplauso.
