El gobierno de Daniel Noboa inició la deportación masiva de presos colombianos sin acuerdo previo con Bogotá. Aunque muchos reclusos celebran su liberación anticipada, Colombia denuncia una medida unilateral que roza lo inhumano. Tras la “guerra contra el crimen”, la frontera vuelve a ser una grieta entre dos Estados.
La imagen es tan elocuente como incómoda: decenas de presos colombianos, algunos sin documentos, tiritando de frío en el puente de Rumichaca mientras esperaban ingresar a su país. No era una fuga. Era una expulsión ordenada por el Estado ecuatoriano como parte de su política de “limpieza penitenciaria”. El operativo, ejecutado sin coordinación diplomática con Colombia, ha generado una nueva tensión entre Quito y Bogotá.
Desde la noche del jueves, bajo estricto control militar, salieron los primeros grupos de un total previsto de 870 reclusos colombianos. Provenían de centros carcelarios en Chimborazo, Carchi y Napo. Varios de ellos, como Juan David Cardona, apenas habían cumplido una fracción de su condena. “Los ocho años quedarán allá porque ya voy para mi tierra”, dijo a EFE. A diferencia de otras repatriaciones, esta vez no se exige que los condenados continúen purgando sus penas en Colombia. Serán liberados si no tienen causas pendientes.
La medida ha sido presentada por el gobierno de Noboa como parte de su ofensiva para recuperar el control de las cárceles —convertidas en epicentros del crimen organizado— y liberar cupos ante una crisis sin precedentes. Ecuador, que lidera hoy los índices de homicidios en la región, ha declarado “conflicto armado interno” contra las bandas, muchas de las cuales operan desde los propios penales. En ese contexto, la decisión de deportar a los reclusos extranjeros forma parte de un paquete de endurecimiento securitario.
Sin embargo, Colombia reaccionó con molestia. La Cancillería expresó su “más enérgica protesta” por lo que consideró un “gesto inamistoso” y “acto unilateral”. Asegura que Ecuador desoyó múltiples solicitudes para acordar un protocolo conjunto que garantizara un traslado digno y ordenado. La falta de preparación por parte de las autoridades colombianas quedó en evidencia: no había dispositivo de recepción listo, los procedimientos migratorios se improvisaron, y varios internos llegaron sin identificación.
El cruce diplomático revela más que una disputa logística. Habla del deterioro de la confianza mutua en medio de la militarización de las políticas carcelarias y migratorias. También de cómo, bajo la retórica del orden, se diluyen los principios del derecho internacional y los marcos de cooperación regional.
Lo paradójico es que muchos de los deportados expresan gratitud por lo que, a efectos prácticos, se traduce en una liberación anticipada. La justicia ecuatoriana se lava las manos; la colombiana no fue consultada. Las bandas criminales —algunas transnacionales— toman nota. Y la región observa cómo el drama penitenciario se vuelve, otra vez, un asunto de fronteras, banderas y fricciones diplomáticas.
