Las críticas de Washington a las negociaciones con grupos armados activaron una respuesta contundente de Gustavo Petro, quien reivindicó la soberanía de la política interna colombiana y cuestionó el rol de Estados Unidos en el proceso de paz.
La escena diplomática latinoamericana sumó este fin de semana un nuevo episodio de tensión. En plena sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la representación de Estados Unidos cuestionó la forma en que el Gobierno de Colombia conduce sus negociaciones con grupos armados ilegales. El presidente Gustavo Petro, fiel a su estilo directo, no tardó en responder: “Está simplemente fuera de lugar”.
La crítica partió de Ting Wu, consejera política adjunta de la misión estadounidense, quien lamentó que Bogotá “se precipite a negociar de forma desorganizada con múltiples grupos”, generando —según dijo— incentivos para que estos redoblen sus ataques y presionen desde la violencia.
Aunque sin mencionar directamente al mandatario colombiano, el mensaje apuntó con claridad al corazón de su programa de “paz total”, la política con la que Petro busca desactivar el conflicto interno negociando simultáneamente con distintos actores armados. La objeción, sin embargo, parece obviar el marco político e institucional de estas conversaciones, y sobre todo, las condiciones históricas en las que el Estado colombiano intenta recomponer el tejido nacional.
Desde Bogotá, Petro respondió por la red social X con una mezcla de afirmación soberana y reproche estratégico: recordó que el único compromiso formal con la ONU es el seguimiento del acuerdo de paz con las extintas FARC, no con los procesos en curso con otros grupos. Y fue más allá: “Los EE.UU. no nos han ayudado en el acuerdo de paz. Hemos ayudado a los EE.UU. a que no entre cocaína a su territorio”, dijo, subrayando que su Gobierno ha incautado más de 2.300 toneladas de droga sin apoyo directo estadounidense.
La réplica marca un punto de inflexión en la relación con Washington y plantea una pregunta de fondo: ¿tiene derecho EE.UU. a fiscalizar públicamente el modo en que Colombia —o cualquier país latinoamericano— gestiona su propia política de paz? Si lo hace desde el Consejo de Seguridad, ¿es como garante internacional o como poder con intereses propios?
El caso evidencia, una vez más, el difícil equilibrio entre diplomacia multilateral y soberanía nacional en América Latina. También deja entrever un trasfondo más profundo: el recelo estructural con el que EE.UU. sigue observando los giros progresistas en la región. Petro no es el único presidente latinoamericano que ha defendido públicamente la autonomía de sus decisiones internas ante críticas extranjeras. Pero sí es, por ahora, el que ha puesto más claro el límite: la paz en Colombia, con todos sus desafíos, no será tutelada.
Por ahora, el Consejo de Seguridad reiteró su apoyo a la Misión de Verificación de la ONU para el acuerdo de 2016, reafirmando su rol de acompañamiento. Pero la tensión está sembrada. Y la pregunta sobre el alcance de las palabras de EE.UU. en instancias multilaterales sigue abierta.
