Bogotá y Caracas comparten una frontera donde el narcotráfico es un actor tan real como los gobiernos que dicen combatirlo. Gustavo Petro reconoce la cooperación de Nicolás Maduro, pero la pregunta es hasta dónde llega ese respaldo y a qué costo político.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha hecho una afirmación que en otros tiempos habría sido impensable para un mandatario colombiano: Nicolás Maduro, junto a su ministro de Defensa Vladimir Padrino, “ha respaldado de forma contundente” la lucha contra el narcotráfico en la frontera. En sus palabras, el apoyo debe continuar.
No es un territorio menor el que se pone sobre la mesa. Hablamos de 2.219 kilómetros porosos, dominados en varios tramos por disidencias de las FARC, el ELN y una constelación de grupos armados que gestionan rutas, dinero y vidas humanas. En este escenario, cualquier coordinación binacional puede ser vista como pragmatismo o como claudicación, según el lente político que se use.
Petro se distancia así de la estrategia de Washington, que esta semana volvió a poner precio a la cabeza de Maduro: 50 millones de dólares por su captura, con acusaciones de narcotráfico y terrorismo que datan de 2020. El mandatario colombiano no comparte esa vía: “La solución de los problemas políticos de los venezolanos no pasa por pagar para matar o capturar líderes políticos”. Una frase que conecta con su insistencia en la soberanía nacional, incluso frente al endurecimiento de la Casa Blanca y al discurso de Donald Trump sobre enviar tropas a América Latina para “proteger” a Estados Unidos de los carteles.
El núcleo de la posición de Petro está en una palabra: coordinación. Afirma que seguirá trabajando “con todo gobierno que se comprometa de verdad” en esta lucha, siempre desde el respeto a la independencia de los Estados. Su planteamiento es que la ofensiva contra el narcotráfico debe duplicarse o triplicarse, atacando finanzas, capos e incautaciones. Lo dice un presidente cuyo país produce dos terceras partes de la cocaína del mundo, según la ONU.
Pero hay una tensión evidente: mientras en Bogotá se reivindica la cooperación con Caracas, en la misma frontera los informes de organismos de derechos humanos describen áreas enteras bajo control de grupos armados que operan con tolerancia o connivencia de autoridades locales. Esa contradicción es el talón de Aquiles de cualquier narrativa oficial.
La realpolitik, en su versión más cruda, es aceptar que, en ciertos escenarios, el adversario político puede ser el socio operativo. El problema es la línea roja: ¿cuándo deja de ser cooperación legítima y se convierte en legitimación de un régimen cuestionado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos?
Petro parece dispuesto a caminar sobre esa cuerda floja. Lo hace en nombre de la seguridad, de la eficacia y de la soberanía. Pero en política latinoamericana, la cuerda floja siempre se mueve más de lo previsto.
