El país andino ha atravesado una sucesión inédita de cambios en la jefatura del Estado entre 2016 y 2025. Vacancias presidenciales, escándalos de corrupción, protestas sociales con decenas de muertos y acentuada desconfianza ciudadana hacia las instituciones marcan esta crisis, que es estructural. La reciente destitución de Dina Boluarte confirma un patrón destructivo que amenaza con perpetuar la inestabilidad como condición permanente del sistema político peruano.
Perú enfrenta una crisis política que ha generado una rotación presidencial sin parangón en la región. Desde que Ollanta Humala completara su mandato en julio de 2016, ocho personas diferentes han ocupado la Presidencia de la República en menos de diez años. La figura constitucional de la «incapacidad moral permanente» se ha convertido en el mecanismo recurrente para destituir mandatarios, generando un círculo vicioso que impide cualquier estabilidad gubernamental.
El último episodio se produjo el 10 de octubre de 2025, cuando el Congreso destituyó a Dina Boluarte por unanimidad con 122 votos. La presidenta abandonó el cargo acusada de corrupción, con una crisis de seguridad ciudadana desbordada y una aprobación del 3%, según encuestas de Ipsos. José Jerí, presidente del Congreso, asumió de inmediato como octavo mandatario, prometiendo un gobierno de transición hasta julio de 2026. Analistas advierten que sin reformas profundas, el país seguirá atrapado en esta espiral autodestructiva.
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La «incapacidad moral permanente»: un instrumento político ambiguo
La Constitución peruana de 1993 contempla en su artículo 113.2 la figura de la «incapacidad moral permanente» como causal de vacancia presidencial. Esta disposición permite al Congreso destituir al jefe del Estado sin proceso judicial previo ni participación ciudadana directa. A diferencia de una moción de censura por delitos concretos, este mecanismo carece de definición jurídica precisa, permitiendo interpretaciones arbitrarias según la correlación de fuerzas parlamentarias del momento.
Desde 2016, el Legislativo ha empleado esta herramienta sistemáticamente. Kuczynski enfrentó dos mociones antes de dimitir en 2018. Vizcarra fue destituido en 2020. Castillo intentó disolver el Parlamento antes de ser vacado en 2022. Boluarte resistió varias mociones hasta caer en 2025. Constitucionalistas consultados por medios locales denuncian que este instrumento se ha pervertido hasta convertirse en un arma política contra presidentes incómodos, erosionando principios básicos del Estado de derecho y alimentando la inestabilidad crónica.
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Ocho presidentes en diez años: la carrera de obstáculos del poder
Pedro Pablo Kuczynski dimitió en marzo de 2018 acorralado por el escándalo Odebrecht y los «mamanivideos» que mostraban compra de votos parlamentarios. Martín Vizcarra gobernó de 2018 a 2020 enfrentado permanentemente al Congreso, hasta su destitución por presunta corrupción. Manuel Merino duró cinco días en noviembre de 2020, renunciando tras protestas masivas que dejaron dos jóvenes muertos. Francisco Sagasti lideró un gobierno interino hasta julio de 2021.
Pedro Castillo, maestro rural elegido presidente, intentó un autogolpe disolviendo el Congreso en diciembre de 2022. Fue destituido inmediatamente y encarcelado, donde permanece actualmente. Dina Boluarte, su vicepresidenta, asumió en medio de protestas que causaron más de 60 fallecidos por represión policial, según organizaciones de derechos humanos. José Jerí, actual presidente, afronta denuncias por agresión sexual y corrupción. Ningún mandatario ha completado el periodo constitucional de cinco años desde Humala, evidenciando una fractura sistémica del modelo institucional.
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Un Congreso que gobierna en las sombras
El Parlamento peruano es señalado como principal responsable de la inestabilidad. Analistas del Atlantic Council y del Instituto de Estudios Peruanos identifican una «coalición autocrática» que instrumentaliza las vacancias presidenciales para proteger intereses particulares y bloquear reformas que amenacen privilegios legislativos. Esta dinámica ha generado lo que especialistas denominan «parlamentarismo de facto», donde el Legislativo ejerce poder absoluto sobre un Ejecutivo permanentemente debilitado y sometido a chantajes.
Theodore Kahn, director de análisis de riesgo global en Control Risks, afirma que existe «un pacto que sostiene gobiernos precarios donde el Ejecutivo apenas tiene capacidad de negociación y depende completamente del Congreso». Legisladores con investigaciones judiciales abiertas mantienen cuotas de poder mediante alianzas oportunistas que cambian según conveniencias coyunturales. La legitimidad parlamentaria está bajo mínimos, con niveles de desaprobación superiores al 80% según diversas encuestas, pero el Congreso ha bloqueado sistemáticamente cualquier reforma que limite su capacidad para destituir presidentes.
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Odebrecht y la corrupción que devora a la clase política
El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht devastó la política peruana, alcanzando a prácticamente toda la élite. Alejandro Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por sobornos millonarios. Alan García se suicidó en 2019 cuando policías llegaban a detenerle por el mismo caso. Ollanta Humala recibió condena de 15 años en abril de 2025 por financiación ilegal de campañas. Kuczynski, Vizcarra, Castillo y Boluarte acumulan múltiples investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.
El caso de Boluarte ilustra la magnitud del problema. Investigaciones periodísticas revelaron que acumuló joyas y relojes de lujo valorados en 500.000 dólares mientras cobraba un salario mensual de 4.200 dólares, sin poder justificar el origen de estas adquisiciones. El Poder Judicial y la Fiscalía han impulsado investigaciones contra la clase política, pero el Congreso ha intentado repetidamente limitar la independencia de estos organismos mediante reformas legislativas y recursos ante el Tribunal Constitucional, generando un choque permanente entre poderes del Estado.
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Estancamiento económico y crisis de inseguridad ciudadana
La inestabilidad política tiene consecuencias económicas devastadoras. El Atlantic Council advierte que sin reformas estructurales inmediatas, Perú está condenado al estancamiento. Liliana Rojas-Suarez, experta del centro de análisis, señala que pese a la estabilidad macroeconómica mantenida desde los noventa, la incertidumbre actual desalienta la inversión extranjera y paraliza proyectos a largo plazo. La rotación presidencial constante impide implementar políticas públicas coherentes en sanidad, educación e infraestructuras.
La crisis de seguridad agrava el panorama. Perú registró 2.040 homicidios en 2024, cifra récord en ocho años según Insight Crime. Las denuncias por extorsión se cuadriplicaron respecto a 2017, con organizaciones criminales expandiendo su control territorial en zonas de narcotráfico y minería ilegal. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones alcanza el 85%, según encuestas. El 56% de peruanos responsabiliza directamente a Boluarte del deterioro de la seguridad. Sin un nuevo pacto social que regenere el sistema político, el país permanecerá atrapado en esta espiral que profundiza desigualdades y paraliza el desarrollo.
