El gobierno peruano cortó sus lazos diplomáticos con México tras confirmarse que la embajada en Lima otorgó asilo político a la exprimera ministra, procesada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. El canciller Hugo de Zela acusó a México de injerencia reiterada en asuntos internos y de construir una realidad paralela sobre los hechos de diciembre de ese año. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión calificándola de desproporcionada y ratificó su criterio de que Castillo y sus colaboradores son represaliados políticos.
La crisis diplomática entre Perú y México alcanzó su punto más álgido cuando el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció en conferencia de prensa la ruptura de relaciones diplomáticas con la República mexicana. La decisión responde al asilo político concedido por la embajada de México en Lima a Betssy Chávez, exministra de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, quien está siendo procesada por rebelión tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022.
«El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México», declaró De Zela ante los medios, calificando el acto de inamistoso y acusando a las administraciones mexicanas de intervenir sistemáticamente en los asuntos internos de su país. El canciller arremetió contra lo que considera una versión tendenciosa e ideologizada de los acontecimientos que llevaron a la destitución y arresto de Castillo hace casi tres años.
«Hoy hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú», afirmó el titular de Relaciones Exteriores peruano. La exfuncionaria había desaparecido del radar judicial después de faltar a las últimas tres audiencias del juicio en su contra, presentando un informe médico que los magistrados calificaron como falso.
De Zela fue especialmente duro al recordar que desde diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, «el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha». Según el canciller, México ha difundido una versión que presenta a los autores del intento de golpe como víctimas.
El ministro subrayó que tanto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha mantenido expresiones inaceptables. «Aún en tiempos recientes la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político y que la cómplice Betssy Chávez también es una perseguida política. Eso es falso y se trata de un proceso judicial y no de persecución política», enfatizó.
El deterioro de las relaciones bilaterales tiene raíces profundas. En febrero de 2025, Sheinbaum calificó de injusticia el proceso penal contra Castillo, lo que provocó el rechazo inmediato de la cancillería peruana por considerar que México desconocía el fallido golpe de Estado y violaba el principio de no intervención.
México defiende el derecho al asilo
La respuesta de México no se hizo esperar. Durante su conferencia matutina del martes 4 de noviembre desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión peruana de fuera de toda proporción, aunque aclaró que respeta la determinación unilateral del gobierno de Lima. La mandataria compareció acompañada de tres funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar en detalle la crisis.
«Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman», señaló Sheinbaum, precisando que la ruptura afecta únicamente las relaciones diplomáticas de embajada a embajada, pero no las consulares ni las comerciales. La presidenta indicó que hasta ese momento solo conocían la decisión a través de declaraciones en medios de comunicación y que esperaban la notificación oficial.
Sheinbaum ratificó la posición que su gobierno heredó de López Obrador respecto al caso Castillo. «La detención fue injusta y tuvo un marcado carácter político y discriminatorio. Siempre lo manifestamos y aquí dimos asilo a su familia», recordó la presidenta, aludiendo a la esposa e hijos de Castillo que se encuentran bajo protección diplomática en territorio mexicano desde finales de 2022.
El subsecretario de Asuntos Exteriores de México, Roberto Velasco, explicó durante la misma rueda de prensa que a su país le ampara tanto su propia legislación como los convenios internacionales para tomar la decisión de conceder asilo a Chávez. Según el funcionario, México optó por protegerla al considerar que está siendo perseguida políticamente.
La cancillería mexicana emitió un comunicado rechazando «la decisión unilateral de Perú y considerándola excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo y acorde con el derecho internacional, que no constituye una intervención en los asuntos internos de Perú». México argumenta que el asilo diplomático es una tradición arraigada en América Latina y un instrumento de protección humanitaria reconocido por tratados regionales.
Ruptura más allá de lo simbólico
El caso de Betssy Chávez replica en cierta medida lo ocurrido con Castillo. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente leyó un mensaje televisado en el que anunció la disolución del Congreso horas antes de enfrentar una moción de censura por presunta corrupción. Sin el respaldo del mando militar, fue destituido con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.
La ruptura de relaciones diplomáticas tiene implicaciones más allá de lo simbólico, aunque el canciller De Zela aclaró que no afecta los vínculos consulares. Perú y México mantienen un intercambio comercial que superó los dos mil quinientos millones de dólares en 2024, convirtiendo su alianza en una de las más importantes de la región. De Zela precisó que la ruptura complica aspectos de cooperación a escala regional, pero enfatizó que «la voluntad de Perú es que continúen los lazos consulares».
Betssy Chávez está siendo juzgada junto con Castillo por el presunto delito de rebelión desde marzo de 2025. La fiscalía solicita veinticinco años de prisión para ella por haber participado como presidenta del Consejo de Ministros en el plan del expresidente. El canciller De Zela informó que el gobierno mexicano solicitó formalmente a Perú el salvoconducto para que Chávez pueda salir del país de manera segura y trasladarse a territorio mexicano, aunque no especificó en qué plazos podría resolverse.
