Paraguay declaró al Cartel de los Soles como “organización terrorista internacional”, alineándose con Estados Unidos y Ecuador en un gesto de alto contenido geopolítico. La decisión de Santiago Peña revela tanto la presión hemisférica sobre Venezuela como la búsqueda de mayor sintonía con Washington en la lucha contra el crimen organizado.
En Asunción, el decreto presidencial N.º 4435 firmó un giro simbólico y político de alcance continental: Paraguay pasó a ser el tercer país que reconoce al Cartel de los Soles como grupo terrorista, sumándose a Estados Unidos y Ecuador. Con ello, Santiago Peña sitúa a su gobierno en el tablero de las definiciones estratégicas que atraviesan América Latina. La medida, acompañada por palabras solemnes sobre democracia, soberanía y Estado de derecho, apunta tanto hacia Caracas como hacia la Casa Blanca.
La decisión de Peña se enmarca en un escenario político y diplomático mayor. El decreto coincide con la visita a Paraguay de una delegación del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Casa Blanca, que sostuvo encuentros con el propio Peña. Todo apunta a un mismo objetivo: Asunción busca reafirmar su papel como aliado confiable de Washington en un continente atravesado por tensiones políticas y flujos ilegales de drogas. La coincidencia temporal entre la visita y el decreto deja poco margen a la interpretación.
El Cartel de los Soles, según las agencias estadounidenses, es la red de narcotráfico vinculada directamente a Nicolás Maduro y a altos mandos militares venezolanos. Washington dobló la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano hasta los 50 millones de dólares. En su narrativa, Maduro sería el jefe de una organización criminal de alcance global, con epicentro en Caracas. Frente a esa acusación, la administración bolivariana se defiende con un discurso recurrente: “todo es un invento del imperio”. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha repetido la línea oficial de que el Cartel de los Soles no existe y que se trata de una maniobra de guerra psicológica.
El gobierno de Peña, al sumarse a la catalogación de “terrorista internacional”, legitima la tesis estadounidense y coloca a Paraguay en la primera fila de quienes promueven un cerco político-diplomático contra el chavismo. Sin embargo, surgen interrogantes. ¿Hasta qué punto Asunción tiene la capacidad real de impactar en las operaciones de una red criminal con ramificaciones continentales? ¿Es un gesto con valor práctico o sobre todo simbólico?
En términos internos, el movimiento fortalece la imagen de Peña como presidente comprometido con la seguridad nacional. Hablar de “inflexible compromiso” con la democracia y de protección de la soberanía resulta eficaz en un país donde el narcotráfico ha erosionado instituciones y corrompido estructuras de poder. Al mismo tiempo, el decreto ofrece a la administración Peña un capital político hacia afuera: alinearse con Estados Unidos significa abrir puertas en cooperación militar, financiamiento y legitimidad internacional.
Pero hay otra lectura posible: esta ofensiva regional contra el Cartel de los Soles podría enmarcarse en la creciente tensión hemisférica. En el mar Caribe, Washington ya ha anunciado patrullajes cercanos a las costas venezolanas para frenar el tráfico de drogas. Caracas lo interpreta como una amenaza directa a su soberanía. El decreto se entiende también como un movimiento estratégico dentro de un entramado en el que se cruzan poder geopolítico, redes criminales y fragilidad democrática.
El peso de este decreto, entonces, trasciende el ámbito jurídico. Es una toma de posición frente a la crisis venezolana y una declaración de lealtad hacia la estrategia estadounidense en la región. En el corto plazo, fortalece a Peña en su relación con Washington. En el largo, coloca a Paraguay en una dinámica peligrosa: el alineamiento automático puede ofrecer respaldo político, pero también arriesga arrastrar al país a una confrontación que excede sus capacidades reales.
La decisión de Asunción muestra cómo la política latinoamericana oscila entre gestos simbólicos y compromisos estratégicos. Llamar “terrorista” al Cartel de los Soles no cambiará de inmediato la realidad del narcotráfico ni las tensiones con Venezuela. Lo que sí evidencia es que la región se fragmenta entre quienes buscan amparo bajo el paraguas de Washington y quienes se atrincheran en su narrativa soberanista. La decisión de Peña combina alineamiento y advertencia: el combate al crimen organizado en América Latina ya trasciende las fronteras de lo judicial y lo policial para instalarse en la diplomacia y la geopolítica regional.
