Tras años de presión internacional, Panamá celebra su salida de la lista de países de alto riesgo en lavado de dinero de la Unión Europea. Pero las sombras del modelo offshore persisten, entre reformas parciales y un prestigio aún por reconstruir.
Hace casi una década, el nombre de Panamá dio la vuelta al mundo por las razones equivocadas. No fue por el canal ni por la banca seria, sino por los Panama Papers, aquel tsunami de documentos filtrados que expuso las redes de evasión fiscal global y colocó al país en el epicentro del escándalo financiero internacional.
Desde entonces, Panamá ha sido sinónimo de paraíso fiscal, lavado de dinero y estructuras opacas. Y aunque la película La Lavandería, con Meryl Streep al frente, hizo su parte para reforzar el estigma, lo cierto es que la herida fue causada por décadas de permisividad legal y por una arquitectura financiera diseñada para esconder, no para transparentar.
Esta semana, el gobierno panameño se apuntó una victoria simbólica: la Unión Europea retiró a Panamá de su lista de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló de una imagen “injustamente endilgada” que comienza a rectificarse. El tono fue triunfalista, como si bastara una resolución para limpiar una década de sospechas.
Sin embargo, la otra cara del asunto sigue ahí: Panamá permanece en la lista de paraísos fiscales de la UE y también figura entre los países observados por la OCDE por su débil intercambio de información tributaria. La fiesta del blanqueo no ha terminado, solo ha cambiado de salón.
En los últimos años, Panamá ha implementado reformas. Penalizó la evasión fiscal, mejoró los mecanismos de identificación de beneficiarios reales de sociedades offshore, y firmó acuerdos de cooperación con más de 100 países. También consiguió salir, en 2023, de la lista gris del GAFI. Es un progreso innegable. Pero, como bien advierte la directora de Transparencia Internacional en Panamá, Olga de Obaldía, el problema no es solo normativo: es estructural.
Mientras no se reforme el modelo que permite crear sociedades de papel sin actividad económica real —empresas sin empleados, sin oficinas, sin rostro— el riesgo seguirá latente. Las reformas existen, sí, pero su implementación es débil y la rendición de cuentas, escasa. La banca, el comercio y la logística —pilares legítimos de la economía panameña— siguen compartiendo espacio con canales opacos que facilitan flujos ilícitos ligados al narcotráfico y al crimen financiero.
El plazo está corriendo. Si Panamá aprueba nuevas leyes antes de septiembre de 2025, podría salir también de la lista negra fiscal de la UE. Eso implicaría, entre otras cosas, exigir presencia real a las empresas registradas: empleados, oficinas, actividad tangible.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la reputación externa, sino el tipo de país que Panamá quiere ser. ¿Un actor respetado en el sistema financiero global o un refugio elegante para capitales oscuros? La presión internacional ha hecho lo suyo. Ahora le toca a Panamá demostrar que la limpieza es más que un gesto diplomático.
