“El Salvador merece algo mejor que pandillas o dictadura”, denunció Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, tras anunciar el cierre de su sede en San Salvador y el exilio de su equipo ante la creciente represión del gobierno de Nayib Bukele. La organización, crítica del régimen de excepción, operará ahora desde Guatemala y Honduras.
El Salvador merece «algo mejor que pandillas o dictadura». Con esa frase tan seca como el filo de un machete, el director de Cristosal, Noah Bullock, resumió desde el exilio el drama que atraviesa el país centroamericano. La frase no es retórica ni advertencia futura: es constancia de un presente donde los derechos humanos se ejercen bajo amenaza y el desacuerdo se castiga como traición.
Este jueves, la influyente organización Cristosal —reconocida por su labor en defensa de víctimas y contra la corrupción— cerró su oficina en San Salvador. El motivo: una «escalada represiva» encabezada por el gobierno de Nayib Bukele que convirtió el dilema entre cárcel o exilio en una realidad tangible para activistas y periodistas. El detonante fue la detención, en mayo, de la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, acusada de enriquecimiento ilícito y declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Para sus colegas, fue un mensaje inequívoco: nadie está a salvo.
A esta detención se suma la reciente aprobación de una ley de «agentes extranjeros» —calcada de modelos autoritarios como Rusia o Nicaragua— que impone a las ONG un impuesto del 30% sobre fondos internacionales, además de sanciones discrecionales y vigilancia estatal. Bullock lo dijo sin rodeos: es «un instrumento de control autoritario» para castigar a las organizaciones independientes. Frente a este cerco, el equipo de Cristosal decidió replegarse a Guatemala y Honduras, desde donde continuará su trabajo.
Pero este no es un caso aislado. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, al menos 40 comunicadores han debido exiliarse en los últimos meses. Las redacciones más críticas, como la del diario El Faro, viven ya fuera del país. Abogados ambientalistas, líderes comunales, académicos constitucionalistas: todos figuran en una larga lista de detenidos, vigilados o difamados.
El régimen de excepción, vigente desde 2022, ha permitido más de 86.000 detenciones sin orden judicial. Y si bien la violencia de las pandillas ha disminuido, el costo ha sido la supresión del debido proceso, la instauración del miedo y el silenciamiento de toda disidencia. Hoy, según la Universidad Centroamericana, seis de cada diez salvadoreños temen criticar al gobierno.
La eficacia represiva de Bukele se oculta tras la retórica de modernidad. Él mismo se autoproclamó “el dictador más cool del mundo”. Pero para Bullock, no hay nada de “cool” en repetir los peores modelos autoritarios del pasado. La represión se ha vuelto política de Estado, y la democracia, un decorado vacío.
Entre el terror que impusieron las maras y el control férreo del gobierno, El Salvador parece condenado a elegir entre dos formas distintas de sumisión. Pero voces como la de Cristosal recuerdan que el pueblo salvadoreño merece algo más: ni pandillas ni dictadura. Algo mejor. Algo verdaderamente libre.
