El presidente Daniel Noboa ha vuelto a recurrir al estado de excepción, esta vez en diez provincias del país. La decisión responde a las protestas indígenas contra el incremento del precio del diésel, que se han extendido desde la Sierra central hasta la Amazonía. El decreto firmado la noche del sábado suspende el derecho de reunión durante sesenta días y moviliza a policías y militares con la misión de preservar el orden y garantizar la circulación.
El mandatario ecuatoriano justifica la medida en lo que describe como una “grave conmoción interna”. Denuncia agresiones contra agentes, secuestros de uniformados y alteraciones crecientes del orden público. La Corte Constitucional había anulado apenas un día antes un estado de excepción previo, vigente en cinco provincias, al considerarlo desproporcionado. La nueva decisión, más amplia, busca mostrar firmeza frente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el movimiento social más poderoso del país y protagonista de grandes levantamientos en 2019 y 2022.
La historia reciente pesa en el ambiente. En esos años, las protestas lograron frenar intentos de eliminar subsidios a los combustibles y obligaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a retroceder. Noboa, que gobierna con el desafío de sostener la economía y a la vez contener la violencia criminal, enfrenta ahora una presión doble: el descontento social en las provincias andinas y amazónicas y la vigilancia de organismos internacionales que denuncian abusos en las calles. Hasta el momento se registran un muerto, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos.
El decreto presidencial también responde a las palabras del líder de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió que las comunidades podrían marchar hacia Quito si el gobierno ignora sus demandas. El recuerdo de las movilizaciones masivas que llegaron hasta la capital es un fantasma que sigue marcando la relación entre el Estado y el movimiento indígena. Noboa parece decidido a impedir que esa escena se repita.
La cuestión de fondo es el precio del diésel y, detrás de ello, el debate sobre los subsidios a los combustibles. La presión fiscal de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional empuja al gobierno a reducir el gasto público, mientras que las comunidades indígenas y sectores populares perciben el alza como un golpe directo a su economía cotidiana. El transporte de productos, la movilidad rural y la vida diaria en zonas apartadas dependen en gran medida de ese combustible. La protesta, por lo tanto, no es un episodio aislado, sino parte de una larga disputa sobre cómo distribuir los costos de la crisis.
El estado de excepción limita derechos, pero también expone al gobierno a un dilema. La mano dura puede contener momentáneamente la protesta, aunque corre el riesgo de radicalizarla y de minar la legitimidad de un presidente que todavía construye su liderazgo. La Conaie, por su parte, mide sus pasos entre la negociación y la confrontación, consciente de su capacidad para paralizar al país pero también del costo político de prolongar un conflicto sin salidas claras.
Lo que ocurre en Ecuador es una muestra de la tensión estructural entre las demandas sociales y los compromisos económicos internacionales. El gobierno busca estabilidad, pero las comunidades reclaman justicia en el reparto de sacrificios. El desenlace de este pulso marcará el futuro inmediato de Noboa y redefinirá la relación entre Estado e indígenas en un país atravesado por la memoria de los levantamientos y por una democracia que avanza siempre en frágil equilibrio.
