El presidente ecuatoriano tacha las movilizaciones de «terrorismo disfrazado de protesta» mientras mantiene su negativa a revocar la medida que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó un paro nacional que se intensifica en Imbabura y Cotopaxi, provincias donde se concentran los bloqueos viales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El mandatario suspendió su viaje a la Asamblea General de la ONU para gestionar la crisis que amenaza a su gobierno.
Daniel Noboa enfrenta la crisis política más grave de su mandato tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que desató protestas masivas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El decreto ejecutivo 126, vigente desde el 13 de septiembre, elevó el precio del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares, generando un rechazo generalizado en sectores indígenas, transportistas y organizaciones sociales. El presidente atribuyó las movilizaciones a «actos de terrorismo disfrazados de protesta» durante una ceremonia en Imbabura, adoptando una postura inflexible ante la presión social que busca la derogación de la controvertida decisión económica.
La eliminación de la ayuda forma parte de una estrategia gubernamental para reducir el gasto fiscal en combustibles, que según el Ejecutivo representaba 1.100 millones de dólares anuales. Noboa defendió la medida argumentando que «permitirá financiar créditos y programas sociales» y aseguró que «en apenas diez días se han entregado USD 350 millones en compensaciones». Sin embargo, la decisión revive el fantasma de las protestas de 2019 y 2022, cuando los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso se vieron obligados a retroceder ante movilizaciones similares. El mandatario ha declarado categóricamente que no seguirá el mismo camino que sus predecesores.
La respuesta gubernamental incluyó la declaración de un estado de excepción y el traslado temporal de la sede del Ejecutivo a Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, decisión interpretada por los dirigentes indígenas como una provocación. «Antes que me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir», enfatizó Noboa durante un acto público en Cotopaxi, evidenciando su determinación de mantener la medida pese a la escalada de tensiones. El presidente también canceló su participación en la Asamblea General de la ONU para permanecer en el país y gestionar directamente la crisis política y social.
Movilización indígena y violencia en las calles
Las protestas se concentraron principalmente en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Otavalo, Imbabura, «cientos de manifestantes atacaron un destacamento policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos policiales y particulares». La Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene su convocatoria al paro nacional indefinido hasta obtener la derogación del decreto 126, mientras exige la liberación de más de 50 personas detenidas durante las manifestaciones. Los dirigentes amazónicos se sumaron progresivamente a las protestas, ampliando el espectro geográfico del conflicto.
El discurso gubernamental se endureció cuando Noboa denunció la presencia de ciudadanos venezolanos entre los manifestantes. El presidente señaló que entre los manifestantes hay «venezolanos, presuntamente del Tren de Aragua lanzando voladores» y que un grupo fue sorprendido «intentando derribar un helicóptero militar usando fuegos artificiales». Esta acusación marca un giro en el relato oficial, vinculando las protestas sociales con estructuras criminales transnacionales. El ministro del Interior confirmó la detención de dos ciudadanos venezolanos, aunque sin proporcionar detalles sobre su situación migratoria o vínculos comprobados con organizaciones delictivas.
La estrategia del movimiento indígena incluye bloqueos progresivos de carreteras y la amenaza de paralizar completamente el país si el gobierno no cede a sus demandas. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió que «si se arma caos y hay divisiones al interior del país será usted el único responsable de dividir al país», dirigiéndose directamente a Noboa. Los dirigentes amazónicos anunciaron su adhesión progresiva al paro, extendiendo las protestas más allá de la Sierra hacia la región petrolera del país. La escalada incluye también demandas sobre seguridad ciudadana y el rechazo a la convocatoria presidencial para una Asamblea Constituyente.
Choque constitucional y crisis de gobernabilidad
El conflicto trasciende la cuestión del subsidio para convertirse en una crisis de gobernabilidad que pone a prueba las instituciones democráticas ecuatorianas. Vargas calificó al gobierno de Noboa como una «dictadura» y denunció el supuesto «bloqueo de cuentas bancarias de varios dirigentes», escalando el enfrentamiento hacia acusaciones de persecución política. La Corte Constitucional suspendió el decreto presidencial sobre la Asamblea Constituyente, generando un choque adicional entre poderes que complica aún más el panorama político. El presidente mantiene su intención de consultar al pueblo sobre reformas constitucionales pese a la resistencia judicial.
La crisis actual replica patrones históricos de confrontación en Ecuador, donde las movilizaciones indígenas han demostrado capacidad para derrocar gobiernos o forzar cambios de políticas públicas. En 2019, «la Conaie lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso que les obligó a detener una decisión similar», dejando «al menos siete muertos y más de 1.000 heridos». Noboa ha manifestado su determinación de no repetir los retrocesos de sus predecesores, apostando por mantener la medida económica pese a los costes políticos. Esta estrategia de confrontación marca un punto de inflexión que definirá tanto el futuro de su gobierno como la estabilidad institucional del país.
